Fracaso de Igualdad: récord de mujeres asesinadas que habían pedido protección
El 37,5% de las víctimas mortales por violencia de género había interpuesto una o varias denuncias previas
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados. | EP
Desde el inicio de la serie histórica, en 2003, nunca había sido tan alto el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente a su agresor: el 37,5%. De los 24 feminicidios cometidos en 2026, 9 se perpetraron contra una mujer que ya había advertido a las autoridades. El año pasado, el porcentaje se reducía al 22,9% (11 de 48). En 2019, antes de la vuelta del Ministerio de Igualdad como cartera desligada de Sanidad, el porcentaje de mujeres asesinadas que habían interpuesto una denuncia era del 23,2%. Esto evidencia el fracaso del gabinete que dirige ahora Ana Redondo, tras el polémico paso de Irene Montero.
Para más inri, en 2026 se ha producido un repunte en los asesinatos totales de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, siendo ya 24 el total de víctimas mortales antes del verano, que suele ser la época más dramática del año. Hay que remontarse a 2020, cuando el movimiento feminista tomó las calles con el lema «Nos va la vida en ello», para volver a encontrar este mismo dato. Estas cifras, las de víctimas totales y, sobre todo, las de víctimas que habían denunciado, evidencian un fracaso del sistema.
La abogada penalista Paula Fraga considera que «el fallo es institucional porque [se trata] de mujeres que ya no eran invisibles para las instituciones [y] de violencia identificada». La jurista feminista cree que «habría que revisar los protocolos de valoración del riesgo»: «En función de esa escala, te ponen unas medidas de protección u otras, y quizá haya que reforzar las medidas de protección, tanto en vigilancia del agresor como en protección específica policial para las mujeres que están en estas circunstancias», y no ceñirse a «órdenes de alejamiento, que se las pueden saltar, como se vio con las pulseras antimaltrato fallidas».
También llama la atención que tres de las nueve víctimas habían decidido no continuar con el proceso tras la denuncia, lo que evidencia, a juicio de Fraga, que «hay víctimas que se echan para atrás», y que quizá necesiten un acompañamiento psicológico más óptimo. «El Ministerio de Igualdad es uno de los ministerios con más presupuesto y lo gasta en cuestiones intrascendentes cuando no perjudiciales para la causa de las mujeres, haciendo ridiculeces, cuando se tiene que poner casi en su integridad el presupuesto a la protección de las víctimas», zanja Fraga, experta en esta cuestión.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres lleva tiempo advirtiendo del mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que van a parar a actividades tan variopintas como carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú posterior. De hecho, hasta han elaborado un mapa para no perderse ante los centenares de casos de posible malversación de caudales públicos.
Alberto Rodríguez, vocal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, sostiene en este sentido que «para hacer una prevención más efectiva, debería hacerse un análisis pormenorizado de cada uno de los homicidios, para ver en cuántos hay factores de riesgo añadidos, como puede ser consumo de drogas, demencia en mayores de 80 años o un factor cultural, por poner varios ejemplos». El experto en violencia contra las mujeres explica que «cuanta más información se tenga, mejores políticas de prevención se podrían hacer en cada sector de la población».
El plan de Igualdad
Ante este repunte de asesinatos, la ministra Ana Redondo y su departamento han convocado varios comités de crisis a lo largo del año para analizar fallos y proponer medidas. En abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de casi 180 millones de euros a las comunidades autónomas para aplicar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025 con 461 medidas, incluyendo violencia digital y vicaria, que no parecen estar surtiendo efecto.
Entre las propuestas de refuerzo, se hallan mejorar el sistema VioGén incorporando inteligencia artificial y evaluaciones de riesgo más profundas, personalizadas e individualizadas; reforzar la «cadena de protección»; más pulseras de control telemático (alejamiento), más prisiones provisionales y mayor contundencia en las medidas, y no permitir penas alternativas (como trabajos en beneficio de la comunidad) a agresores reincidentes. Muchas de estas medidas, sin embargo, aún no se aplican.