Los asesinatos de mujeres repuntan en 2026 y se disparan los casos con denuncia previa
Siete de las 16 víctimas mortales por violencia machista habían denunciado previamente a su agresor

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), preside la Conferencia Sectorial de Igualdad. | Europa Press
En lo que va de año, 16 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas; cifra que no se alcanzaba desde 2020, el año en el que la frase «Nos va la vida en ello» se convirtió en un lema central del movimiento feminista en España, y que llevó a inundar las calles el 8 de marzo a pesar de las alertas por la expansión del coronavirus. Aquel año, en estas fechas, se habían producido 20 feminicidios. Seis años después, las cifras han remontado tras un lustro cayendo. Sin embargo, la alarma institucional no se ha activado. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE culpan de este repunte a las políticas impulsadas por el Gobierno de España.
La última actualización del Ministerio de Igualdad se corresponde con la confirmación del asesinato de una mujer de 64 años, presuntamente a manos de su expareja en Córdoba el 13 de abril. Con este son ya 16. El año pasado, a estas alturas, eran nueve. Esto es, se ha producido un aumento del 77,78%. En la última década, solo en 2017, 2019 y 2020 se habían registrado más asesinatos de mujeres a estas alturas: 20.

«El regreso a cifras prepandemia confirma que algo no funciona: las políticas actuales no están siendo eficaces», considera Elena del Pilar Ramallo, doctora en Derecho, investigadora y experta en violencia contra las mujeres. A juicio de Ramallo, «se ha impuesto un enfoque más ideológico que empírico, con diagnósticos que no se ajustan a la realidad y medidas que, en la práctica, no están reduciendo el riesgo letal».
«Los fallos en herramientas como las pulseras de control, la designación de responsables sin la cualificación adecuada y la proliferación de estructuras sin evaluación real de resultados dibujan un modelo más orientado a la gestión política que a la protección efectiva», señala la profesora Ramallo, que abunda: «El problema, en términos de derechos fundamentales, es de eficacia. No basta con aumentar recursos o aprobar normas si no se traducen en prevención real. No se está poniendo el foco donde debe: en la protección operativa de las víctimas, en la coordinación efectiva entre instituciones y en una respuesta judicial ágil y contundente. Ese déficit tiene una consecuencia directa: la pérdida de confianza de muchas mujeres en el sistema».
El fallo del sistema se evidencia en que siete de las 16 víctimas habían denunciado a su agresor, el 43,8%. Un porcentaje que años anteriores se situaba entre el 20% y el 30%. En 2025, que se saldó con 48 víctimas, el 22,4% había presentado denuncia previa. Es decir, que esta situación se ha multiplicado por dos. Por este motivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido este miércoles que «hay que reforzar la cadena de protección», con más pulseras antimaltrato y más prisiones provisionales.
«Necesitamos que el sistema Viogén también acierte en la valoración del riesgo e incorpore la inteligencia artificial y la humana, para que esa valoración sea concreta, personalizada e individualizada», ha admitido a las puertas de la celebración de un comité interterritorial con las comunidades destinado precisamente al reparto de 180 millones para la lucha contra esta lacra. Sin embargo, Elena del Pilar Ramallo advierte de que es necesario que «las políticas se revisen en profundidad, con criterios de eficacia, evaluación real de resultados y rendición de cuentas».
Alberto Rodríguez, vocal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, sostiene en este sentido que «para hacer una prevención más efectiva, debería hacerse un análisis pormenorizado de cada uno de los homicidios, para ver en cuántos hay factores de riesgo añadidos, como puede ser consumo de drogas, demencia en mayores de 80 años o un factor cultural, por poner varios ejemplos». El experto en violencia contra las mujeres explica que «cuanta más información [se tenga], mejores políticas de prevención [se podrían] hacer en cada sector de la población».
La variable cultural
Una variable que los expertos consideran que se debería comenzar a contemplar es la cultura. «Los feminicidios producidos por extranjeros se aproximan al 50%. Este es un factor a estudiar, pues estamos hablando en la mayoría de los casos de un sector de la población que no ha pasado por nuestro sistema educativo y que puede venir de países con una cultura en la que la violencia contra la mujer y el machismo están totalmente normalizados. La prevención de estos delitos en ese sector poblacional para un Estado es mucho más difícil de ejercer, pero también es verdad que ese porcentaje tiene una lectura positiva, y eso también indica que dentro de la población nacional cada vez es menor la incidencia a día de hoy», señala Alberto Rodríguez.
Pese a todo, Rodríguez llama a la calma: «Si nos fijamos en los últimos 15 años, los homicidios se han mantenido relativamente estables en unos números que, lejos de discursos catastrofistas, nos mantienen entre los más bajos de Europa». Y añade: «En ese tiempo, la población ha aumentado cerca de un 10%, lo que viene a ser cuatro millones de personas más, lo que debería haber provocado una subida significativa que no se ha producido».
