El juez reprende al abogado del hermano de Sánchez tras gritar en la sala: «Es una falacia»
Según el letrado, el procedimiento adolece de vicios originarios al tratarse, según él, de una «investigación prospectiva»
El hermano del presidente del gobierno David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño. | Ballesteros POOL (EFE)
Este jueves ha arrancado formalmente en la Audiencia Provincial de Badajoz el esperado juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y otra decena de encausados de la trama autonómica. Entre los procesados que comparten banquillo se encuentra el ex secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Todos ellos se enfrentan a graves acusaciones por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, una causa que sitúa de nuevo la lupa judicial sobre la gestión de fondos y la adjudicación de estructuras públicas a perfiles afines al partido.
El escenario de confrontación se ha desatado durante el preceptivo turno de las cuestiones previas. El abogado defensor de David Sánchez, el penalista Emilio Cortés, ha fundamentado su estrategia inicial en solicitar de manera taxativa la nulidad radical de la causa. Según el letrado, el procedimiento penal adolece de vicios originarios al tratarse, bajo su criterio, de una «investigación prospectiva», un argumento recurrente que la defensa ya ha reiterado de forma sistemática en distintas etapas previas de la instrucción judicial y que, hasta la fecha, ha sido rechazado de plano.
Sin embargo, lo más sorprendente y comentado en los pasillos de la Audiencia de Badajoz no ha sido el fondo de la argumentación jurídica, sino el inusual y desmedido tono empleado —desde el inicio— por el letrado Cortés. Rompiendo las normas más elementales de la etiqueta en sala, y con un tono visiblemente elevado, el defensor ha gritado ante el tribunal que la denuncia penal que dio origen a todo el procedimiento judicial incorporó una noticia periodística que no era más que una «falacia». «Una mentira», ha llegado a reiterar a voz en grito.
Amonestación judicial: ante semejante tesitura, el juez presidente de la sala se ha visto obligado a intervenir de inmediato de forma enérgica para llamarle al orden, amonestarle verbalmente ante el resto de las partes y recordarle la obligación ineludible de bajar el tono de voz y mantener el debido respeto institucional en el desarrollo del juicio.
El núcleo del nerviosismo defensivo ha aflorado al abordar las conexiones comerciales en el país vecino. Según el argumentario esgrimido por el letrado Emilio Cortés, resulta una «mentira» que el empresario Víctor de Aldama poseyera un entramado de cuatro sociedades mercantiles ubicadas estratégicamente en Elvas (Portugal). Curiosamente, Elvas es el mismo municipio portugués donde el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó su residencia y su domicilio fiscal con el objetivo aparente de beneficiarse de sus sustanciosas ventajas tributarias.
Para intentar desmontar esta vinculación, el abogado de David Sánchez ha pretendido desviar la atención del tribunal alegando de forma vehemente que dichos extremos «ya se han celebrado en el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo». No obstante, fuentes jurídicas consultadas recuerdan la debilidad de este argumento: la causa ya juzgada en el alto tribunal no ha entrado a valorar en ningún momento los negocios específicos de Aldama en Portugal, los cuales ni siquiera se han mencionado en el objeto estricto de aquel juicio.
Lejos de ser una invención, la constatación formal de la existencia jurídica de dichas sociedades comerciales lusas está plenamente plasmada en los registros mercantiles correspondientes, al igual que la ubicación física de sus direcciones sociales. Por ello, ha llamado poderosamente la atención de las acusaciones el evidente estado de nerviosismo mostrado por el letrado sobre este punto concreto, tratando de hacer pasar por una mera «coincidencia» una información registral totalmente veraz. En un intento final de restar gravedad a la situación de su patrocinado, Cortés ha acabado solicitando subsidiariamente que se catalogue el asunto, en todo caso, como un presunto delito «instantáneo» y de carácter leve.
El caso comenzó a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y, tras varios años de instrucción judicial, la Audiencia Provincial de Badajoz decidió abrir juicio oral al considerar que existían indicios suficientes para llevar el asunto a juicio. Las acusaciones populares solicitan penas de hasta tres años de prisión para algunos de los investigados. Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido una posición distinta y ha pedido el archivo o la absolución al considerar que no existen pruebas concluyentes de delito.