Pérez Llorca lleva a Fiscalía los hospitales de campaña del PSOE tras las revelaciones de TO

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció este miércoles que el Consell trasladará a la Fiscalía los expedientes de contratación de los hospitales de campaña levantados durante la pandemia por el Gobierno de Ximo Puig tras las revelaciones publicadas por THE OBJECTIVE sobre la empresa adjudicataria de las instalaciones sanitarias provisionales. El jefe del Ejecutivo autonómico avanzó además que la documentación será remitida a la causa judicial que se investiga en Madrid para determinar si existe alguna conexión con la denominada trama Plus Ultra.

La decisión llega apenas unos días después de que este periódico publicara que Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), la empresa que obtuvo los contratos para construir los hospitales de campaña de Valencia, Alicante y Castellón, ha quedado prácticamente vacía tras el millonario negocio generado durante la pandemia. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad pasó de facturar 8,36 millones de euros en 2020 a apenas 2.630 euros en 2024, reduciendo además su plantilla a cero trabajadores y dejando un activo total de tan solo 77.005 euros.

Durante la sesión de control celebrada en las Cortes Valencianas, Pérez Llorca citó expresamente las informaciones publicadas en los últimos días sobre la adjudicataria de las carpas sanitarias y su posterior vinculación empresarial con sociedades relacionadas con el empresario chavista Domingo Arnaldo Amaro Chacón.

Conexión con Zapatero

Según publicó también este miércoles El Español, IDAT pasó a convertirse en administradora de una sociedad vinculada posteriormente al empresario venezolano, señalado en distintas investigaciones por su supuesta participación en operaciones que habrían beneficiado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La secuencia se produjo apenas unos meses después de que la empresa recibiera los contratos de emergencia del Consell de Ximo Puig. El 29 de junio de 2020, tras las adjudicaciones de los hospitales de campaña y otros suministros sanitarios relacionados con la pandemia, IDAT asumió la administración de la mercantil Hispano Alaska SL, una sociedad constituida ese mismo año.

«La empresa a la que Ximo Puig adjudicó los 13 millones de euros en pandemia se asoció con la del chavista que pagaba a Zapatero. Además, hemos sabido en los medios que el dueño de las carpas sanitarias de Ximo Puig vació la empresa tras el pelotazo de la covid», afirmó el presidente valenciano desde la tribuna parlamentaria.

A continuación anunció la remisión de toda la documentación a los órganos judiciales. «Todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid para que nos digan si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales», aseguró Pérez Llorca.

Un contrato que acabó duplicando su coste

Los hospitales de campaña fueron una de las actuaciones más emblemáticas impulsadas por el Gobierno de Ximo Puig durante la crisis sanitaria de 2020. Las instalaciones se levantaron junto al Hospital La Fe de Valencia, el Hospital General de Alicante y el Hospital General de Castellón con el objetivo de reforzar la capacidad asistencial ante un posible colapso del sistema sanitario.

El contrato inicial superó los ocho millones de euros, aunque las modificaciones posteriores, el equipamiento adicional y las reclamaciones económicas elevaron la factura final hasta cerca de 16 millones de euros.

Sin embargo, el uso real de las instalaciones estuvo muy lejos de las expectativas anunciadas por el Consell de izquierdas. Los hospitales apenas albergaron a unos pocos centenares de pacientes durante toda la pandemia y posteriormente fueron destinados a otros usos, como campañas de vacunación o la acogida temporal de refugiados ucranianos.

Las infraestructuras también protagonizaron diversas polémicas. A comienzos de 2021, los fuertes vientos obligaron a trasladar pacientes ingresados en el hospital de campaña de La Fe tras los problemas registrados en las carpas. Posteriormente, el Ayuntamiento de Valencia concluyó que las instalaciones habían sido levantadas sin la correspondiente licencia urbanística y ordenó su desmontaje.

Antifraude y la Sindicatura

La adjudicación tampoco escapó al escrutinio de los organismos de control. La Agencia Valenciana Antifraude abrió una investigación sobre la contratación por la vía de emergencia utilizada durante la pandemia, mientras que la Sindicatura de Comptes cuestionó posteriormente diversos pagos anticipados realizados por la Generalitat en el marco de estos contratos.

Las revelaciones publicadas por THE OBJECTIVE durante los últimos días han reactivado el debate político sobre aquella operación. El anuncio de Pérez Llorca se produjo durante un áspero debate parlamentario con el síndic socialista, José Muñoz, quien centró su intervención en la gestión de la dana y acusó al actual presidente valenciano de actuar como «encubridor» de Carlos Mazón.

La respuesta del jefe del Consell derivó rápidamente hacia las informaciones sobre los hospitales de campaña y las investigaciones que afectan al PSOE. «Lo que queda evidente es que los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden», afirmó Pérez Llorca.

Posteriormente, durante otra intervención parlamentaria, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, insistió en esa línea argumental al asegurar que durante la pandemia «los socialistas hacían negocio con las mascarillas, con los rescates del covid y con los 13 millones de euros de los hospitales voladores».

Con la remisión de los expedientes a la Fiscalía, el Gobierno valenciano da ahora un paso más en un asunto que ya había sido objeto de investigaciones administrativas y que vuelve a situar bajo el foco uno de los contratos más controvertidos adjudicados durante la emergencia sanitaria de la covid-19.