The Objective
Comunidad Valenciana

Los sindicatos aprovechan la huelga educativa valenciana para exigir autores catalanes

La negociación sobre salarios y ratios deriva en una batalla lingüística en la que reclaman derogar la ley lingüística del PP

Los sindicatos aprovechan la huelga educativa valenciana para exigir autores catalanes

Reunión de la mesa sectorial entre la Consejería de Educación y los sindicatos de docentes en Valencia. | Ana Escobar / EFE

La huelga educativa valenciana ha entrado en un terreno cada vez más político. Mientras la Consejería de Educación y los sindicatos continúan negociando cuestiones laborales como las ratios, las plantillas docentes o las retribuciones salariales, las últimas horas de la maratoniana reunión celebrada este lunes evidenciaron que una parte importante del conflicto se ha desplazado hacia el debate lingüístico.

La undécima reunión de la mesa sectorial, que se prolongó hasta pasadas las diez de la noche, dedicó buena parte de su tramo final al bloque sobre el valenciano. Fue entonces cuando los sindicatos STEPV, CCOO y UGT reclamaron cambios en la Ley de Libertad Educativa, cuestionaron el actual modelo lingüístico impulsado por el Gobierno valenciano y exigieron recuperar en Bachillerato autores de Cataluña y Baleares.

Las posiciones quedaron tan alejadas que la propia Administración respondió defendiendo la legitimidad democrática de la ley aprobada por las Cortes Valencianas y recordando que corresponde a las mayorías parlamentarias modificar o derogar las normas vigentes.

La derogación de la ley

El principal sindicato convocante de la huelga, STEPV, dejó claro durante la negociación que sigue considerando prioritaria la eliminación de la norma aprobada por el Ejecutivo del anterior presidente valenciano, Carlos Mazón. Su representante afirmó que la primera medida que siguen defendiendo es «la derogación de la mal llamada Ley de Libertad Educativa» y reclamó que, al menos, se promuevan modificaciones de la norma a través de los mecanismos parlamentarios correspondientes.

Además, el sindicato pidió retirar el nuevo borrador del currículo de Bachillerato elaborado por Educación, al considerar que vuelve a convertir el valenciano en un elemento de confrontación política. Según expuso durante la reunión, el nuevo currículo «no responde a ninguna demanda del profesorado» y contribuye a reabrir debates que, a su juicio, deberían estar superados.

Recuperar autores catalanes y baleares

La propuesta más llamativa llegó de la mano de CCOO, que aprovechó el debate para plantear modificaciones concretas en los contenidos curriculares. Entre ellas figura la recuperación en Bachillerato de autores procedentes de Cataluña y Baleares dentro de las materias vinculadas al valenciano.

El sindicato defendió expresamente «la recuperación en Bachillerato del estudio de autores de nuestra misma área lingüística, incluidos los autores de Cataluña y de Baleares», una reivindicación que incorporó junto a otras medidas dirigidas a reforzar la presencia del valenciano en las aulas.

CCOO también reclamó la «reversión» de la Ley de Libertad Educativa y propuso la creación de mecanismos de seguimiento para controlar la presencia real del valenciano en los centros educativos.

Por su parte, UGT calificó de «claramente insuficiente» el apartado lingüístico del documento negociado y defendió la necesidad de presionar para modificar la legislación vigente. El sindicato sostuvo que las medidas planteadas por la Consejería de Educación se limitan prácticamente a cuestiones de formación y acreditación lingüística, sin desarrollar una estrategia más amplia de promoción del valenciano dentro del sistema educativo.

¿Qué es la Ley de Libertad Educativa?

La denominada Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana fue aprobada en 2024 por las Cortes Valencianas con los votos favorables de PP y Vox, mientras que el PSOE y Compromís votaron en contra. La norma sustituyó el modelo plurilingüe implantado durante los gobiernos del Botànic y estableció un sistema basado en la elección de lengua base por parte de las familias.

El objetivo de la ley es que los padres puedan decidir si desean que el valenciano o el castellano sea la lengua predominante en la educación de sus hijos. A partir de esa elección se configuran las unidades lingüísticas de cada centro educativo. La norma también contempla la posibilidad de crear grupos con valenciano como lengua base en municipios tradicionalmente castellanohablantes cuando exista suficiente demanda por parte de las familias. Precisamente este modelo constituye uno de los principales puntos de enfrentamiento entre la Consejería y los sindicatos convocantes de la huelga.

La respuesta de Educación

La réplica a las peticiones sindicales llegó de la mano del director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez, quien defendió la legitimidad democrática de la norma aprobada por el Parlamento valenciano. «Vivimos en un Estado democrático y de derecho en el que los ciudadanos expresan su voluntad en las urnas y son las mayorías parlamentarias las únicas que tienen capacidad para aprobar, modificar o derogar las leyes», afirmó durante la reunión.

Martínez recordó que la Ley de Libertad Educativa constituye actualmente el marco legal vigente y defendió que el modelo no impone ninguna lengua, sino que amplía la capacidad de elección de las familias. «Es un modelo de libertad de elección para que cada familia pueda escoger la lengua que considere más adecuada para sus hijos».

El director general también respondió a las críticas sobre la presencia del valenciano en las zonas castellanohablantes. Según explicó, la aplicación de la ley ha permitido crear 72 unidades con valenciano como lengua base en municipios de predominio castellano, una situación que, según afirmó, no se producía con la normativa anterior.

Asimismo, aseguró que el nuevo sistema ha logrado que el 99,8 % del alumnado pueda estudiar en la lengua base elegida por sus familias.

Un conflicto que trasciende lo laboral

La discusión sobre el valenciano puso de manifiesto, en definitiva, cómo la huelga educativa ha ido incorporando elementos que van más allá de las reivindicaciones estrictamente laborales. Mientras los bloques relacionados con la burocracia, las infraestructuras o las ratios avanzan hacia posibles acuerdos parciales, el debate lingüístico sigue siendo uno de los principales focos de confrontación entre la Administración y los sindicatos.

La reunión concluyó sin acuerdo definitivo, aunque con el compromiso de remitir un nuevo documento a las organizaciones sindicales antes de la próxima mesa sectorial prevista para este jueves. Lo ocurrido durante las últimas horas de negociación demuestra que el conflicto ya no gira únicamente alrededor de salarios o plantillas. La batalla por el modelo lingüístico y por el papel del valenciano en las aulas se ha convertido en uno de los grandes campos de disputa política dentro de una huelga que se ha adentrado en las cinco semanas de duración.

Publicidad