La huelga educativa valenciana deriva en una guerra sindical azuzada desde la izquierda
Las redes se inundan de mensajes para cancelar afiliaciones a ANPE y CSIF y castigarles en las elecciones sindicales
Sectores vinculados al sindicalismo de clase han lanzado campañas en redes y grupos docentes contra ANPE y CSIF tras su acuerdo parcial con la Generalitat | Rober Solsona / Europa Press
La huelga indefinida del profesorado valenciano ha entrado en una nueva fase marcada por una creciente guerra interna impulsada desde sectores de la izquierda sindical contra ANPE y CSIF tras el acuerdo parcial alcanzado con la Generalitat Valenciana. La fractura abierta este lunes entre las organizaciones convocantes ha desatado una oleada de mensajes en grupos docentes y redes sociales en los que se pide abiertamente castigar a ambos sindicatos por haber firmado este lunes el pacto salarial con el Consell.
En algunos de esos mensajes difundidos entre profesores se insta a cancelar afiliaciones sindicales, dejar reseñas negativas en Google y redes sociales y no votar a ANPE y CSIF en las elecciones sindicales de 2026. Incluso algunos textos animan a comentar sus publicaciones para hacerles entender «cuánto están decepcionando» al profesorado. Otros mensajes recomiendan además afiliarse a «sindicatos de clase» y citan expresamente a CCOO como alternativa.
Entre los mensajes y carteles que han comenzado a circular destaca una imagen de tono claramente combativo en la que se anima explícitamente a darse de baja de ANPE y CSIF. El cartel, redactado en valenciano, califica a ambos sindicatos de «impostores» y utiliza expresiones como «Yo, si fuera tú, me daría de baja hoy de ANPE y del CSIF». La ilustración incorpora además referencias identitarias y políticas habituales en sectores independentistas catalanes, como el uso del término «País Valenciano» o la bandera catalana —denominación empleada históricamente por una parte de la izquierda valenciana frente al oficial «Comunidad Valenciana»— junto a lemas como «dignidad», «lengua», «territorio» o «soberanía». Todo ello refuerza la percepción dentro del Consell de que parte de la movilización educativa ha adquirido un fuerte componente ideológico y político más allá de las reivindicaciones estrictamente laborales.
En otro mensaje también recogido en Facebook otro mensaje acompañado de una ilustración en la que los logotipos de ANPE y CSIF aparecen colgados boca abajo dentro de un marco, una representación habitualmente utilizada para simbolizar desprecio o señalamiento público. El mensaje llama explícitamente a emprender «acciones contra CSIF y ANPE» y enumera medidas concretas como darse de baja de ambos sindicatos, cancelar las cuotas domiciliadas, escribir reseñas negativas en internet, no votarles en las elecciones sindicales de 2026 y presionarles públicamente en redes sociales.
El texto, redactado en valenciano, asegura además que quienes se hayan sentido «traicionados» por el acuerdo alcanzado con la Generalitat deberían actuar contra ambas organizaciones y propone incluso trasladar afiliados hacia «sindicatos de clase».
La difusión de estas campañas refleja hasta qué punto la ruptura del bloque sindical ha radicalizado el clima interno de la huelga educativa valenciana. Durante las dos primeras semanas de paro, el foco de presión se dirigía exclusivamente contra la Generalitat y la consellera de Educación, Carmen Ortí. Sin embargo, tras la firma del pacto salarial, parte de la movilización ha desplazado ahora sus ataques hacia los sindicatos que han optado por abrir una vía de entendimiento parcial con el Ejecutivo autonómico.
Mientras tanto, la negociación entre Generalitat y sindicatos se reanudará esta tarde en la sede de la Consejería de Educación. El encuentro llega en un clima político y sindical mucho más enrarecido que hace apenas 48 horas y con varios de los principales puntos del conflicto todavía bloqueados.
El acuerdo firmado por CSIF y ANPE contempla una subida salarial progresiva de 200 euros mensuales para el profesorado valenciano: 75 euros este mismo año, otros 75 en 2027 y 50 adicionales en enero de 2028. Además, incorpora seis días de libre disposición, dos de ellos lectivos y uno no lectivo.
La Generalitat presentó el pacto como un primer paso clave para recuperar la normalidad en los centros educativos y defendió que situará a los docentes valencianos «entre los mejor pagados de España». El Consell considera especialmente relevante haber conseguido el respaldo de dos sindicatos con importante implantación dentro del sistema educativo valenciano y tradicionalmente más moderados que otras organizaciones convocantes.
Rechazo al acuerdo
Sin embargo, CCOO, UGT y STEPV mantienen el rechazo al acuerdo y sostienen que las mejoras económicas siguen siendo insuficientes. Las organizaciones que continúan respaldando la huelga insisten en que el verdadero núcleo del conflicto no se limita a una cuestión salarial, sino que afecta también a las condiciones estructurales del sistema educativo valenciano.
El principal escollo sigue siendo la reducción de ratios en las aulas, una de las reivindicaciones históricas del profesorado movilizado. Los sindicatos reclaman disminuir progresivamente el número de alumnos por clase hasta alcanzar los 15 en Infantil y 20 en ESO y Bachillerato durante los próximos años. La Conselleria, en cambio, plantea una reducción más limitada y gradual alegando dificultades presupuestarias y organizativas.
La tensión política alrededor del conflicto también sigue creciendo para el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Lo que inicialmente parecía una protesta sectorial asumible ha acabado convirtiéndose en el primer gran frente social de su mandato en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo valenciano, todavía centrado en la reconstrucción tras la dana.
La masiva manifestación del pasado sábado en Valencia, cifrada en más de 30.000 asistentes según la Delegación del Gobierno, fue interpretada internamente como una señal de alarma. Hasta entonces, en sectores del Ejecutivo valenciano existía la expectativa de que el desgaste de las semanas de huelga terminara debilitando la movilización y facilitando una ruptura sindical temprana.
Precisamente esa fractura ha llegado ahora, aunque acompañada de un fuerte incremento de la tensión interna entre organizaciones sindicales. El clima que se respira en numerosos grupos docentes evidencia que parte del sector interpreta el acuerdo firmado por ANPE y CSIF como una desmovilización prematura del conflicto.