La tercera semana de huelga educativa en Valencia fuerza una negociación contrarreloj
El Gobierno valenciano logra fracturar el bloque sindical tras pactar una subida salarial pero el conflicto sigue abierto
El presidente de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, conversa con representantes del profesorado tras la sesión de control celebrada en las Cortes Valencianas. | Rober Solsona / EP
La huelga indefinida del profesorado valenciano ha entrado en su tercera semana convertida ya en el primer gran conflicto político y social del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca. Lo que inicialmente en el seno del Consell se interpretó como una protesta limitada y asumible ha acabado derivando en una crisis sostenida que ha obligado al Gobierno autonómico a abrir una negociación a contrarreloj para evitar que el conflicto siga erosionando su imagen en pleno escenario de reconstrucción tras la dana.
La jornada de este lunes dejó un giro relevante en las negociaciones. La Consejería de Educación consiguió romper por primera vez la unidad sindical tras cerrar un acuerdo parcial con las organizaciones CSIF y ANPE sobre la mejora salarial del profesorado. Ambos sindicatos aceptaron la propuesta económica del gobierno valenciano, mientras que CCOO, UGT y STEPV decidieron mantener el pulso y continuar la negociación sobre el resto de reivindicaciones pendientes.
El acuerdo contempla una subida salarial progresiva de 200 euros mensuales para los docentes valencianos: 75 euros este mismo año, otros 75 en 2027 y 50 adicionales en enero de 2028. Además, incorpora seis días de libre disposición, dos de ellos lectivos y uno no lectivo. La Generalitat presentó el pacto como un avance histórico que situará a los profesores valencianos «entre los mejor pagados de España».
Sin embargo, la firma parcial no ha servido para cerrar el conflicto. Los sindicatos que mantienen la huelga consideran insuficiente la propuesta y sostienen que los principales problemas del sistema educativo valenciano siguen sin resolverse. El principal escollo continúa siendo la reducción de ratios en las aulas, una de las grandes demandas del profesorado movilizado.
El conflicto que el Consell no esperaba
La nueva propuesta sindical entregada este lunes a la Conselleria plantea limitar progresivamente el número de alumnos por aula hasta alcanzar los 15 en Infantil y 20 en ESO y Bachillerato durante los próximos años. También exige eliminar la posibilidad de incrementar excepcionalmente un 10% las ratios máximas, una medida que Educación considera difícilmente asumible por su impacto presupuestario y organizativo.
Desde la administración autonómica se insiste en que sí existe voluntad de reducir ratios, aunque de forma gradual. La propuesta actual del Consell pasa por fijar 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria y 25 en ESO para el próximo curso. Un planteamiento que los sindicatos consideran todavía claramente insuficiente.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, trató este lunes de transmitir optimismo y aseguró que el acuerdo definitivo podría ser «inminente». «El objetivo de todos es común: alumnado, familias y profesorado. Solo falta ese pequeño ajuste final para alcanzar un marco de acuerdo», señaló tras recibir la nueva propuesta sindical.
El propio Pérez Llorca también ha rebajado en las últimas horas el tono utilizado por algunos dirigentes del PP valenciano durante las primeras semanas del conflicto. El president aseguró que «es hora de llegar a un entendimiento» y defendió la necesidad de dejar «a un lado las discrepancias políticas».
Ese cambio de estrategia refleja hasta qué punto el conflicto educativo ha sorprendido al Ejecutivo valenciano. Dentro del Consell existía la percepción de que la legislatura estaría marcada casi exclusivamente por la gestión de la reconstrucción tras la dana y por la recuperación institucional después de meses de enorme desgaste político. Sin embargo, la huelga educativa ha abierto un frente inesperado que ha amenazado con alterar la agenda política del Gobierno autonómico.
La presión política aumenta
La manifestación del pasado sábado en Valencia fue interpretada internamente como una señal de alarma. Según cifras de la Delegación del Gobierno, más de 30.000 personas recorrieron el centro de la ciudad en una movilización que superó claramente las previsiones iniciales del Ejecutivo autonómico.
El Consell confiaba en que el desgaste de las semanas de huelga terminara debilitando el seguimiento de las protestas y facilitando una división sindical temprana. También esperaba que una parte significativa del profesorado aceptara la mejora salarial planteada por Educación y que los sindicatos más moderados se desmarcaran rápidamente de la movilización. Ese escenario permitía al Gobierno valenciano presentar el conflicto como una protesta impulsada principalmente por sectores ideologizados y próximos a la izquierda política.
Pero la continuidad de las movilizaciones, el mantenimiento de un amplio respaldo docente y la masiva presencia en las calles han complicado ese relato político. Durante días, el Ejecutivo valenciano ha visto cómo la huelga se convertía en una especie de piedra en el zapato sobre su estabilidad política, especialmente en un contexto marcado por la polarización y por la proximidad del próximo ciclo electoral.
La negociación continuará este martes por la tarde en la Consejería de Educación. Aunque el acuerdo salarial parcial ha permitido al Gobierno valenciano ganar algo de oxígeno político y fracturar el bloque sindical, el conflicto sigue abierto. Y en el Palau de la Generalitat son conscientes de que una cuarta semana de huelga convertiría la crisis educativa en un problema político de primer nivel para Pérez Llorca.