La huelga educativa valenciana se enquista en el uso del valenciano y la subida salarial
Los paros afrontan su quinta semana con un seguimiento oficial que es inferior al 5% en las tres provincias
Una profesora durante la PAU 2026 en la Universidad Politécnica de Valencia. | Jorge Gil / EP
La huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana seguirá, al menos, unos días más. Tras casi 12 horas de negociación entre la Consejería de Educación y los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, las partes lograron este lunes avances significativos en algunos de los principales bloques de la negociación, pero fueron incapaces de cerrar un acuerdo global que permita poner fin a un conflicto que ya ha entrado en la quinta semana de duración.
La reunión negociadora arrancó por la mañana de este lunes y se prolongó hasta pasadas las diez de la noche. Como ya ocurrió en la sesión anterior, los debates fueron retransmitidos en directo a través de YouTube, alcanzando en algunos momentos picos de varios miles de espectadores conectados.
A pesar de la intensidad de la jornada, la huelga continúa vigente. Según los datos facilitados por la propia Consejería de Educación, el seguimiento medio de los paros fue este lunes del 4,34 %, con un respaldo del 5,80 % en Castellón, del 5,14 % en Valencia y del 2,87 % en Alicante.
La reunión concluyó con el compromiso de remitir a los sindicatos antes del mediodía de este martes una nueva versión del documento negociado, incorporando las modificaciones aceptadas durante la jornada. Además, las partes volverán a reunirse el próximo jueves a las 9:00 horas en un nuevo encuentro que podría resultar decisivo para el futuro del conflicto.
Avances en burocracia e infraestructuras
La principal novedad de la jornada fue el cierre provisional de tres de los grandes bloques del documento: simplificación burocrática, reducción de ratios e infraestructuras educativas. No se trata todavía de acuerdos definitivos, ya que los sindicatos deberán someterlos a consulta entre el profesorado, pero sí representan los primeros consensos relevantes desde el inicio de las movilizaciones el pasado 11 de mayo.
El apartado de burocracia volvió a ser el que generó menos controversia. La propuesta contempla medidas como la aprobación de un decreto de simplificación administrativa, la implantación del Expediente Digital del Docente, la regulación del trabajo presencial fuera de los centros y limitaciones a futuras cargas burocráticas.
En materia de ratios, Educación mantuvo su propuesta de reducción progresiva durante los próximos cuatro cursos y aceptó introducir algunas mejoras solicitadas por las organizaciones sindicales. Entre ellas figura el establecimiento de una ratio máxima efectiva de ocho alumnos en las nuevas aulas para estudiantes con necesidades educativas especiales a partir del curso 2027-2028 y garantías para mantener la oferta de Bachillerato Artístico incluso cuando existan grupos reducidos.
También se acordó estudiar específicamente los desdobles en Formación Profesional y la situación de determinadas enseñanzas semipresenciales. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, advirtió de que determinadas reducciones podrían acabar expulsando alumnado del sistema si no se aplican con criterios adecuados.
En el bloque de infraestructuras, la Administración aceptó incorporar varias demandas sindicales, entre ellas la prioridad para la eliminación de aulas prefabricadas y la elaboración de informes detallados sobre el estado de ejecución de las actuaciones previstas en los centros afectados por la dana. La climatización de los centros educativos volvió a ocupar buena parte del debate. Los sindicatos reclamaron acelerar las inversiones destinadas a combatir las altas temperaturas en las aulas, mientras que Educación insistió en que se trata de actuaciones complejas que deberán ejecutarse de forma progresiva.
El valenciano, el principal escollo de la negociación
Si algo dejó claro la maratoniana jornada del lunes es que el principal bloqueo ya no se encuentra en los aspectos organizativos o presupuestarios, sino en la Ley de Libertad Educativa aprobada por el actual Ejecutivo de la Generalitat Valenciana. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT exigen garantizar que se respete la elección lingüística realizada por las familias y reforzar la presencia del valenciano en el sistema educativo.
Además, defendieron recuperar en el currículo de Bachillerato la presencia de autores catalanes y baleares. La cuestión ha adquirido tal relevancia que el propio STEPV, principal sindicato convocante de la huelga, reconoció que este apartado constituye actualmente el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo.
La organización sindical admite que se han producido avances en otras materias, pero insiste en que cualquier solución global pasa necesariamente por modificar aspectos de la Ley de Libertad Educativa. En la práctica, el principal sindicato de la huelga reconoce que el conflicto ha quedado enquistado en torno al modelo lingüístico impulsado por el Gobierno valenciano.
Las posiciones, sin embargo, siguen muy alejadas. CSIF defendió durante la reunión que la lengua no debe convertirse en un elemento de confrontación política y rechazó expresamente cualquier modelo basado en la imposición de una única lengua vehicular. ANPE, por su parte, centró sus reivindicaciones en el reconocimiento de determinadas acreditaciones lingüísticas y en la mejora del modelo plurilingüe.
La consecuencia es evidente: mientras los bloques técnicos comienzan a cerrarse, el apartado lingüístico sigue prácticamente donde estaba al inicio de las negociaciones.
La subida salarial de 200 euros
El otro gran foco de tensión de la jornada fue el bloque de retribuciones. La Consejería mantiene sobre la mesa una propuesta de incremento salarial progresivo que permitiría alcanzar una mejora de 200 euros mensuales en 2028, una medida que ya ha recibido el respaldo de ANPE y CSIF.
Sin embargo, la negociación salarial se ha complicado por las discrepancias surgidas sobre la interpretación del propio acuerdo y, especialmente, sobre la forma en que se aplicará la actualización vinculada al IPC. STEPV llegó a calificar el pacto salarial de «nulo» y reclamó reabrir completamente la negociación. El sindicato sostiene que existen versiones contradictorias sobre la aplicación de la revisión vinculada al IPC y cuestiona si dicha actualización afectará únicamente a los primeros 50 euros o al conjunto de los 200 euros comprometidos.
UGT también consideró insuficiente la propuesta y reclamó una equiparación salarial con otras comunidades autónomas, mientras que CCOO exigió una mayor concreción jurídica y presupuestaria que garantice la aplicación efectiva de la indexación al IPC a partir de 2028.
Por el contrario, CSIF defendió que el acuerdo contempla una subida íntegra de 200 euros vinculada al IPC y destacó que debe sumarse a los incrementos salariales aprobados a nivel estatal. ANPE, aunque considera insuficiente la medida para compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes, la calificó como un avance importante y defendió su aplicación en el plazo previsto.
Más detalles sobre los 5.000 nuevos docentes
La negociación también abordó el bloque de plantillas y personal docente, otro de los capítulos que todavía permanecen abiertos. Los sindicatos coincidieron en reclamar una mayor concreción sobre el destino de las 5.000 incorporaciones anunciadas por la Consejería dentro del denominado plan +Maestro.
STEPV exigió conocer el reparto detallado de las nuevas plazas y pidió revertir recortes en enseñanzas como Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación de Personas Adultas y enseñanzas artísticas. ANPE cuestionó la falta de concreción del programa y reclamó mejoras adicionales para el profesorado interino, así como medidas relacionadas con el teletrabajo, la desconexión digital y la reducción de carga lectiva. CSIF solicitó igualmente un desglose detallado de las nuevas contrataciones y defendió medidas de conciliación laboral y mejora de las condiciones de trabajo.
Por su parte, CCOO planteó reforzar las plantillas en contextos educativos complejos, mejorar la cobertura de sustituciones y aumentar la dotación de personal administrativo y de apoyo en los centros. La Consejería, por el momento, no ha concretado cómo se distribuirán esas incorporaciones, una de las principales demandas compartidas por todas las organizaciones sindicales.
Una negociación en su fase decisiva
Después de más de un mes de movilizaciones y 11 reuniones negociadoras, la sensación compartida entre las partes es que la negociación ha avanzado de manera significativa en numerosos aspectos técnicos. Sin embargo, los dos asuntos que han adquirido una mayor dimensión política y económica —el valenciano y las retribuciones— continúan bloqueando la posibilidad de un acuerdo global.
La reunión del próximo jueves 11 de junio se presenta así como una cita clave. Para entonces, los sindicatos ya dispondrán del nuevo documento elaborado por la Consejería y podrán valorar si las modificaciones introducidas son suficientes para acercar posturas. Mientras tanto, la huelga educativa valenciana continúa abierta, aunque con unos niveles de seguimiento que, según los datos oficiales, se sitúan ya muy lejos de los registrados durante los primeros días del conflicto.