El dueño de las carpas sanitarias de Ximo Puig vacía la empresa tras el pelotazo de la covid
La sociedad pasó de facturar 8,36 millones en 2020 a apenas 3.000 euros en 2024 con una plantilla reducida a cero

Ximo Puig, durante una visita al polémico hospital de campaña en Valencia | Jorge Gil / Europa Press
El rastro contable de Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), la empresa adjudicataria de los polémicos hospitales de campaña impulsados por el Gobierno valenciano de Ximo Puig durante la pandemia, refleja el progresivo vaciamiento de la sociedad apenas unos años después de protagonizar uno de los mayores contratos sanitarios de la emergencia. La compañía, vinculada al grupo Hispano Vema y al empresario aragonés José Antonio Navarro Moreno, ha pasado de facturar más de ocho millones de euros en plena covid a convertirse en una estructura prácticamente residual, sin trabajadores y con un activo total de apenas 77.005 euros al cierre de 2024.
Las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil dibujan la evolución de una sociedad que irrumpió en escena gracias a la adjudicación por la vía de emergencia de los tres hospitales de campaña levantados junto a La Fe de Valencia, el General de Alicante y el Hospital General de Castellón. Aquellas instalaciones se concibieron para ampliar la capacidad asistencial ante un posible colapso sanitario, pero acabaron rodeadas de controversia por su coste, uso y ejecución.
El contrato inicial rondaba los más de 8 millones de euros, pero las sucesivas modificaciones, el equipamiento adicional y las discrepancias sobre los suministros terminaron elevando la factura hasta cerca de 16 millones de euros. La propia empresa mantuvo posteriormente un litigio con la Generalitat al reclamar varios millones pendientes de pago por los trabajos ejecutados.
Contrato millonario
Las cifras de IDAT muestran con claridad el impacto de aquel contrato extraordinario. En 2020, la empresa declaró un volumen de negocios de 8,36 millones de euros y obtuvo un beneficio de 253.882 euros. Su balance reflejaba entonces un activo total superior a 2,57 millones de euros, con más de 2,5 millones concentrados en derechos de cobro frente a clientes y administraciones.
Sin embargo, el impulso desapareció tan rápido como llegó. En 2021, la facturación cayó a 2,14 millones de euros y el beneficio se redujo a apenas 14.225 euros. En 2022 todavía ingresó 1,48 millones y obtuvo un resultado positivo de 70.969 euros, pero el tamaño de la compañía ya era muy inferior al que había alcanzado durante la pandemia. En 2023, declaró unos ingresos de 24.570 euros con unas pérdidas de 156.372 euros. El último año del que se disponen datos oficiales, 2024, tuvo una facturación exigua de 2.630 euros y pérdidas de 43.640 euros.
El deterioro fue paulatino desde 2022. El activo total descendió desde los más de 2,5 millones registrados en 2020 hasta 379.528 euros en 2022, 243.681 euros en 2023 y únicamente 77.005 euros en 2024. La liquidez siguió el mismo camino: el efectivo disponible pasó de 128.664 euros en 2023 a solo 24.579 euros un año después.
Las propias memorias contables muestran además una sociedad sin actividad laboral. Tanto en 2023 como en 2024 IDAT declaró no tener ningún trabajador contratado, ni fijo ni temporal, lo que evidencia el progresivo adelgazamiento de una empresa que durante la pandemia había manejado uno de los contratos más relevantes adjudicados por la Generalitat Valenciana.
La imagen que ofrecen las últimas cuentas es la de una mercantil prácticamente vacía. El activo corriente apenas alcanza los 38.924 euros y el no corriente se limita esencialmente a activos fiscales diferidos. De hecho, la memoria reconoce la incertidumbre existente sobre la posibilidad de recuperar esos créditos fiscales en el futuro, dada la escasa capacidad prevista para generar beneficios.
Estrategia de Ximo Puig
Todo ello contrasta con la enorme repercusión pública que tuvieron los hospitales de campaña como modelo contrapuesto al hospital impulsado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en Ifema. Las instalaciones fueron presentadas por el Consell como una pieza clave para afrontar la pandemia, pero su utilización efectiva fue muy reducida. Entre los tres hospitales apenas llegaron a albergar unos pocos centenares de pacientes durante toda la crisis sanitaria y terminaron destinándose parcialmente a otros usos, como campañas de vacunación o, posteriormente, la acogida de refugiados ucranianos.
A ello se sumaron numerosos episodios polémicos. Las carpas protagonizaron incidentes desde sus primeros meses de funcionamiento, cuando unos fuertes temporales de viento provocaron a comienzos de 2021 importantes molestias en las instalaciones y obligaron a trasladar a los pacientes ingresados en el hospital de campaña de La Fe. Las imágenes de las lonas agitadas por las rachas y las quejas por el ruido y el frío alimentaron una controversia que la oposición convirtió en símbolo de la improvisación del proyecto. El propio Ayuntamiento de Valencia acabó concluyendo que el complejo había sido levantado sin la preceptiva licencia urbanística y ordenó su desmontaje bajo amenaza de sanción.
La contratación tampoco estuvo exenta de sospechas. La Agencia Valenciana Antifraude abrió una investigación sobre la adjudicación por el procedimiento de emergencia y la Sindicatura de Cuentas valenciana cuestionó posteriormente los pagos anticipados efectuados por la Generalitat. Paralelamente, las discrepancias económicas entre la Administración y la adjudicataria desembocaron en reclamaciones millonarias por los trabajos realizados y el equipamiento suministrado. Distintas fuentes conocedoras de la gestión del expediente sostienen que la Generalitat Valenciana liquidó todos los pagos correspondientes a la adjudicataria durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Cuatro años después, las cuentas de IDAT permiten cerrar el círculo de aquella operación. La empresa que protagonizó uno de los mayores pelotazos sanitarios de la covid ha reducido su patrimonio a la mínima expresión, ha eliminado su plantilla y apenas conserva una estructura testimonial. El negocio económico de la pandemia dejó hospitales de campaña cuyo coste acabó duplicándose, instalaciones que incluso fueron incapaces de escapar a la polémica cuando el viento puso a prueba sus carpas y una sociedad que, según reflejan sus propios balances, ha terminado prácticamente desmantelada tras el contrato millonario que la catapultó.
