La deuda externa saca al sol los trapos del chavismo

Justo por estos días, dos problemas extremos de Venezuela se cruzan: recrudecen los apagones en todo el país y el Gobierno anuncia que emprende «un proceso integral» para reestructurar una enorme deuda externa que podría estar entre 160.000 y 180.000 millones de dólares, sumando los compromisos de la República y los de la menguada petrolera estatal PDVSA. Estos problemas son como dos serpientes que se muerden la cola, y ambas tienen la piel del chavismo, el régimen autoritario e ineficiente que ha gobernado este país con mano dura desde hace 27 años, cuando llegó al poder el militar nacionalista Hugo Chávez, fallecido en la paz del socialismo el 5 de marzo de 2013.

A finales de 2017, su heredero político designado a dedo, Nicolás Maduro, declaró que dejaba de pagar la deuda externa, en lo que supuso uno de los mayores defaults (impagos) de este tipo en este lado del mundo. Como destacan varios renombrados economistas, la deuda externa venezolana había pasado de 28.000 millones de dólares a la llegada de Chávez al poder en 1999, hasta casi 180.000 millones en este turbulento 2026. Ni el mismo Gobierno conoce la cifra exacta, mucho menos los venezolanos comunes.

El chavismo, borracho de populismo, disfrutó y dilapidó la mayor bonanza de la centenaria historia petrolera de Venezuela, que llegó a un billón de dólares (millón de millones) durante esos años. Pero, en un ejercicio de Rey Midas al revés, convirtió esa riqueza en pobreza y miseria, al paso que elevaba el endeudamiento nacional con emisiones de bonos de deuda puestos a circular en los mercados financieros internacionales, con préstamos de organismos multilaterales, empresas y con créditos bilaterales.

Años de censura, opacidad y oscuros acuerdos bilaterales con gobiernos amigos del chavismo, como el de China o la Rusia de Putin, determinaron que la sociedad venezolana y sus instituciones quedaran al margen de este proceso y nadie sepa hoy cuánto se debe, a quién y en qué se gastó exactamente ese dinero, o cuánto se robaron. Solamente China llegó a prestar 62.000 millones de dólares por todos esos años a cambio de ventas futuras de petróleo, en un fondo supuestamente destinado a financiar obras de infraestructura y grandes proyectos productivos. Hoy simplemente no se sabe cuánto se ha pagado de esos préstamos chinos y cuánto se debe todavía. Los proyectos nunca fueron construidos o, si fueron iniciados, fueron abandonados a mitad de camino.

Ya en el lejano año 2012, el Gobierno chino mostraba su preocupación porque sus técnicos percibían que no estaba garantizada en Venezuela la inversión sostenible de los fondos prestados. Chávez, y más tarde Maduro, rodeados de sus acólitos ortodoxos, endeudaban al país sin siquiera cumplir los trámites legales, como autorizaciones de la Asamblea Nacional o supervisión de la Contraloría, mucho menos el conocimiento de la opinión pública.

Según datos de plataformas de información financiera, en la primera semana de enero había en el mercado secundario 73.000 millones de dólares en bonos venezolanos, todos en mora. Solamente en lo que resta de 2026 habrán de vencer 12.000 millones, según el cronograma de esas emisiones de papeles que, antes de la captura de Maduro, eran poco menos que basura en los mercados, pues algunos cotizaban hasta por debajo del 10% de su valor facial.

Tras la espectacular operación militar para capturar a Maduro y dejar a Delcy en su lugar, los papeles vivieron un rally de alzas en su demanda y precios. Más tarde, tras los anuncios de una reestructuración, algunos bonos estuvieron esta semana cercanos a 40 y 55 centavos de dólar. Pero la deuda venezolana incluye también unos 20.000 millones de dólares en sentencias que ha perdido el Gobierno ante el Ciadi, el tribunal internacional de arbitrajes del Banco Mundial.

Hay, además, un monto desconocido de deudas y facturas comerciales de PDVSA y otras empresas públicas con proveedores y prestadores de servicios, incluyendo petroleras como ENI y Repsol, que hoy se están cobrando con cargamentos de petróleo que ellas mismas extraen de campos que operan en el país. Hay deudas con el Club de París, con acreedores nacionales europeos, con empresas privadas, con Irán, Turquía y Rusia. Poner orden en este desastre de cifras habrá de ser el primer desafío para quien se proponga renegociar, reestructurar y refinanciar la enorme deuda externa venezolana, acaso la más grande del mundo en litigio para nación alguna.

Hoy, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que lleva en su origen la ilegitimidad tras el fraude electoral de julio de 2024 y, en los hechos, la bendición de Donald Trump, acaba de contratar al banco de inversiones Centerview Partners, de EEUU, para iniciar este engorroso proceso de reestructuración de la deuda. También se desconoce cómo fue el mecanismo para escoger a esta empresa, después de que una licencia del Departamento del Tesoro autorizara al tutelado Gobierno de Delcy a contratar servicios profesionales con miras a lidiar con la deuda externa.

Futuros acuerdos con acreedores habrán de comprometer a generaciones de venezolanos. Al haber reconocido al gobierno de Delcy, Trump ha terminado legitimando al propio Gobierno de Maduro, que tanto aborrecía. De este modo, son los mismos chavistas que endeudaron al país impunemente los que ahora ofrecen resolver la enorme losa de esa deuda a través de una reestructuración y reclaman una enorme reducción de las facturas para pensar en pagarlas.

En un ejercicio de tecnócratas que ahora parecen ocupar más espacio en el Gobierno de Delcy, la Vicepresidencia de Economía acaba de emitir un manifiesto en donde afirma que la reestructuración de la deuda se basa en cuatro principios esenciales. El primero es la sostenibilidad, para reflejar las necesidades reales de Venezuela y llevar un alivio significativo de la deuda. Esto significa que esperan lograr una «quita» o descuento; perdón, una reducción importante, pues, de los montos que debe el país.

El segundo principio, llamado de «exhaustividad», afirma que será un proceso unificado que incluirá todas las deudas de la República y de PDVSA. También afirman que actuarán con «buena fe y transparencia» y que Venezuela asume un compromiso abierto, continuo y proactivo con todos los grupos de acreedores y «respaldado por un proceso formal de intercambio de datos». «Venezuela procederá con urgencia para alcanzar una resolución rápida, consensuada e integral, en el mejor interés del pueblo venezolano», remata. Pero, en estas cosas, no hay soluciones rápidas. Solo para hacer un arqueo y contabilizar el monto de esa deuda, se necesitan largos meses. Después, si vamos a hablar de honestidad y ética, habrá que evaluar cuánto de esa deuda es ilegal o no.

También habrá que negociar con los multilaterales e incluir al FMI en cualquier negociación para que la cosa sea seria y creíble y tenga el respaldo del sistema financiero internacional. Después alguien habrá de decidir a quién se le paga primero y cuánto, y de qué forma: si se refinancian saldos, se emiten nuevos bonos, a qué tasa y quién los adquiere. Además, probablemente habrán de salir fondos buitres, acreedores que se niegan a aceptar condiciones y querrán reclamar el pago total de los bonos que hayan comprado a precios de gallina flaca.

Lo más importante de todo es qué Gobierno representa a Venezuela en este proceso… Algunos calculan que, para endosar esa reestructuración y refinanciamiento, primero será necesario elegir un Gobierno por voto directo, popular y legítimo, y no que el proceso esté a cargo de un Gobierno interino designado por Washington.

Mientras eso se soluciona, las personas comunes en Venezuela siguen sufriendo apagones en medio de un deterioro general de los servicios públicos. Para resolver la crisis energética, la económica y la social, harán falta miles de millones de dólares. Dinero que no tiene el Gobierno chavista y que difícilmente llegará al país en los montos necesarios, a menos que se comience a pagar lo que se debe.