Los informes de la UCO dejan tocados a Armengol y ocho ministros de Sánchez 

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y otros departamentos de la Guardia Civil y de la Policía han dejado tocados a ocho ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Las pesquisas de los agentes del Instituto Armado demuestran, a través de los correos, WhatsApp y grabaciones intervenidos a Koldo García, la participación de un amplio elenco de hombres y mujeres de confianza del presidente en el caso mascarillas y otros escándalos de corrupción. Sin duda alguna, el vasconavarro Koldo se ha convertido en el perejil de todas las salsas del sanchismo. Los «hombres de Pedro» lo niegan todo de manera insistente, pero las pruebas aportadas por los investigadores y las declaraciones de los testigos son reveladoras. 

Los titulares de carteras ministeriales que figuran, directa o indirectamente, en los dosieres de la UCO sobre casos de corrupción abarcan casi la mitad del Consejo de Ministros. Todos ellos forman parte del ya conocido como el «clan Sánchez»: la ex vicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, actual candidata a la presidencia de Andalucía; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Administración Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el exministro de Sanidad y presidente de Cataluña, Salvador Illa; la exministra de Transición Ecológica y vicepresidente primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y la exministra de Industria y Comercio y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

A la lista hay que añadir al exministro de Transporte José Luis Ábalos, que se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, por el que le piden 20 años de cárcel, gracias a las investigaciones de la UCO. Su sustituto en el ministerio, Óscar Puente, no se enfrenta a ningún caso de corrupción, pero, según las fuentes judiciales consultadas, en un futuro puede verse afectado por el accidente de trenes en Adamuz. Los populares de la Comunidad Valenciana se preguntan: si los socialistas han perseguido hasta la saciedad a Carlos Mazón por el desastre de la dana, ¿por qué Puente va a librarse de un siniestro provocado por la falta de mantenimiento en las vías ferroviarias? Basta leer los trabajos de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para originar una responsabilidad subsidiaria.

El ministro de Transportes puede convertirse en el ninot que sus compañeros de partido pretendieron convertir a Mazón o a otros dirigentes del PP en tragedias ferroviarias como los accidentes del Metro de Valencia con 43 muertos o el del Alvia de Angrois (Santiago de Compostela) con 80 muertos. En Adamuz fallecieron 46 personas.

Los vínculos de Maroto y Aldama

La exministra Reyes Maroto también quedó retratada por sus relaciones con Koldo y con el empresario Aldama. Ella lo negó, pidió pruebas y las obtuvo: Aldama filtró unos de los wasaps recibidos de Maroto. Era de lo más concluyente. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid se dirigía al comisionista de manera muy amistosa y complaciente: «Buenos días, Víctor y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Turespaña, Miguel Sanz, para que se ponga en contacto contigo». 

El alcalde Almeida le recordó que en el PP de Madrid no existen tramas de hidrocarburos, una de las causas por las que está imputado el comisionista y en la que el Ministerio de Industria con Maroto a la cabeza facilitó los permisos. Juan Ignacio Díaz, jefe de gabinete de la exministra de Industria, asumió haber mantenido reuniones con representantes de la empresa de los hidrocarburos para tratar la concesión de licencias. Las reuniones fueron solicitadas por Koldo. Marc Pons, el jefe de la ministra Teresa Ribera también se reunió con Koldo en varias ocasiones para agilizar la concesión de las licencias y permisos. Santos Cerdán era otro de los intermediarios que hacía de lobby.

Un alto cargo de Ribera en el Ministerio también fue detenido por el caso Forestalia. Medió a favor de los empresarios aragoneses y cobró mordidas, según las investigaciones de la UCO, por la manipulación de los informes medioambientales a fin de beneficiar a Forestalia en la tramitación de proyectos de energías renovables. El mismo investigado pasó a ser después asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente con la ministra Sara Aagesen. 

El premio de Sánchez a Ribera, colocándola en un importante cargo en Bruselas, ha servido para blindarla y mantenerla al margen de otros escándalos como la dana en Valencia o el apagón que mantuvo a España todo un día a oscuras. También por sus políticas medioambientales como las de no limpiar los cauces de las ramblas y ríos o por primar las energías fotovoltaicas y eólicas por encima de las nucleares u otras. 

Este fin de semana, Ribera —toda una vicepresidente de la Comisión Europea— se ha dejado ver en Barcelona en el primer foro Global Progressive Mobilisation que ha organizado su jefe Sánchez. Se ha rodeado de Lula Da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum en lo que se asemeja más a una extensión del Grupo de Puebla (México), creado en 2019 con la marca «progresista», aunque resaltaba más la huella bolivariana. En Barcelona sólo han faltado Delcy Rodríguez y los cubanos Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro para completar el cartel o, quizás, el cártel.  

La importancia de Illa para Sánchez 

Salvador Illa, otro de los promotores del encuentro internacional en Barcelona, también salió de Ministerio de Sanidad por la puerta de atrás tras la nefasta gestión de la covid y la compra de mascarillas, millones de ellas defectuosas. Aun así, fue premiado por Sánchez con la candidatura a la presidencia de la Generalitar catalana. Según publicó The Objective, el exministro pagó un sobrecoste de más de 287 millones solo en mascarillas quirúrgicas y FFP2 para abastecer la Reserva Nacional con un sobreprecio de 0,35 las primeras y de 1,42 euros para las FFP2. El propio Ministerio de Sanidad reconoció que otras empresas ofrecían mascarillas hasta diez veces más baratas.

Salvador Illa llegó a admitir en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que se vio con Koldo García para la compra de mascarillas, pero que lo remitió a los técnicos del ministerio para que revisaran la oferta de mascarillas que les presentaba. Según Illa, Koldo no hizo ningún negocio con él. 

Sobre el proceso de compra de las conocidas como mascarillas fake, adquiridas por el Ministerio de Sanidad a una empresa china, llegó a abrirse una investigación que fue archivada después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía salieran en defensa de uno de los ministros más protegidos por Sánchez. Finalmente, un magistrado de Instrucción archivó la causa por una serie de errores procesales sin que se determinara la responsabilidad penal del ministerio de Illa. 

El líder de los socialistas catalanes, a pesar de la nefasta gestión en Sanidad, salió blindado del Gobierno y se convirtió en una pieza clave para Sánchez en los planes que tenía previsto para su sudoku político en Cataluña. Lo mismos planes que ahora tiene para Barcelona, como se constatará en los próximos meses en sus estrategias de futuro para no abandonar la Moncloa.

El punto de partida ha sido la organización este fin de semana en la Ciudad Condal del primer foro Global Progressive Mobilisation.  El presidente se encuentra incómodo en Madrid, a la que califica en privado como la «capital de la fachosfera». Para Sánchez no sólo son importantes los 13 diputados y los 700.000 votos que el PSC-PSOE le sacó al PP en las pasadas elecciones generales en Cataluña, sino la tranquilidad de poder pasearse por las calles barcelonesas sin que los ciudadanos lo insulten. En la capital de España sigue obsesionado con la pujanza del binomio Ayuso-Almeida, por lo que Barcelona será su capital paralela de referencia para algunos de los acontecimientos que irá moldeando en la recta final de la legislatura con la ayuda de Sumar, los Comunes y Rufián.

Los fantasmas de Montero 

La candidata a las elecciones andaluza, María Jesús Montero, también se ha visto amenazada por el fantasma de la corrupción. Al menos, algunos de sus más estrechos colaboradores, como José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo, al que ella colocó digitalmente en el cargo, tuvo que dimitir por el cobro de comisiones ilegales. Las investigaciones lo relacionaban con una trama que recibía comisiones de empresarios a cambio de resolverles favorablemente sus procedimientos fiscales. La propia Montero, en un principio, calificó las informaciones como bulos y respaldó a su más estrecho colaborador designado por ella. 

Montero también puso la mano en el fuego por su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, a quien Aldama señaló como perceptor de 25.000 euros por el favor de aplazar una deuda a una empresa con Hacienda. Una vez más, aparecía en escena el espectro de Koldo: el comisionista aseguraba que el dinero se lo entregó el asesor de Ábalos en un bar cercano a la sede del ministerio. Al parecer, Moreno le pidió ayuda para comprarse una casa.

La candidata socialista a la presidencia de Andalucía se quemó las manos por Moreno, ya que más tarde tuvo que reconocer que su jefe de Gabinete se había reunido con Aldama hasta cuatro veces. Para justificarlo, echó mano a una excusa ridícula: «Los ministerios tienen la obligación de reunirse con empresas».   

Montero abandonó la Moncloa para recalar en Sevilla, pero los fantasmas del pasado no la olvidan, especialmente los que sobrevuelan el Ministerio de Hacienda. Atrás quedan comportamientos sospechosos e irregulares en torno a las obligaciones fiscales del hermano de Sánchez, el caso Hidrocarburos con un agujero de 182 millones que no hizo saltar las alarmas de su departamento, los rescates de Air Europa y Plus Ultra, la inspección fiscal al novio de la presidenta Ayuso, las actuaciones de la SEPI, y los ERE de Andalucía, entre otros. 

Otro de los hombres de confianza de Montero, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, a quien ella nombró tras su llegada al Gobierno en 2018, fue detenido junto a Leire Díez acusado de cobrar sobornos de Servinabar, la constructora relacionada con Koldo García y Santos Cerdán. Según las investigaciones de la UCO, habría percibido 219.000 euros.

Fernández había dimitido de la SEPI en 2019 por su imputación en la adjudicación de la mina de Anazcóllar de Sevilla a una sociedad mexicana. Después, fue declarado absuelto. La Audiencia Nacional lo investiga por irregularidades en contratos públicos por los delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

La desvergüenza de Torres

Las sombras de las dudas también persiguen a Ángel Víctor Torres en el caso de las mascarillas durante su tiempo como presidente de Canarias (2019-2023). La UCO encontró mensajes en los teléfonos de Koldo en los que se constataba la posibilidad de que Torrees se hubiera entrevistado con el comisionista Víctor Aldama para tratar el tema de compra de mascarillas para Canarias.Torres lo negó en la comisión del Senado, pero la UCO insistió en un encuentro para tratar el tema del retraso del pago de la operación de las mascarillas a Canarias. Torres rubricó que nunca había tenido relación con Aldama. 

Entre los documentos encontrados a Koldo aparecía otro mensaje del día después del supuesto encuentro en el que Aldama le pide a Koldo el número de teléfono de Torres. El asesor de Ábalos se lo pasa y le dice que lo llame. La mentira de Torres quedaba al descubierto cuando se encontró otro mensaje de Aldama al presidente canario para la venta de unas pruebas de antígenos. Le decía: «Buenas tardes, Ángel Víctor… Estuvimos ayer un momento por la tarde». El mensaje fue leído por el presidente, pero no se sabe si le contestó. 

El ministro de Sánchez declaró por escrito ante el Supremo en el juicio contra Ábalos y Koldo sobre la compra por parte de su Gobierno de material a la sociedad de Aldama, Soluciones de Gestión, por un importe de 12 millones de euros. Esa gracia judicial le permitió no comparecer en la vista oral y ahorrarse la incomodidad de que los abogados o el fiscal le repreguntaran.

«Únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a la contratación, cuyas principales decisiones las hizo el servicio canario. No di ninguna orden ni formalicé decisión a favor de la mercantil. Las gestiones se realizaron con rigor técnico y administrativo, no habiéndose percibido riesgos de ilegalidad en la tramitación», afirmó el ministro.

Las medias verdades de Armengol  

Pero, sin duda alguna, el caso de Armengol es el más escandaloso. El protagonismo de la presidenta del Congreso —tercera autoridad del Estado tras Felipe VI y Sánchez—, adquiere una doble dimensión: su actuación durante el proceso en la compra de mascarillas a la trama de Aldama mientras era presidenta de Baleares (2015-2023) y su terquedad a la hora de negar cualquier implicación desde su mega escaño del hemiciclo. 

Armengol se ha servido del templo de la democracia para confundir a los españoles con engaños, artificios lingüísticos, tretas y subterfugios, calificando las actuaciones policiales como bulos y fango. Basta recordar algunas de sus simulaciones, sobre todo su declaración por escrito ante el Tribunal Supremo el pasado 7 de abril, en la que prometía decir la verdad. Como sucedía con Torres la ex presidenta balear se libraba de dar la cara e impedir que le hicieran preguntas incómodas.

«Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión». En referencia a la sociedad de Aldama.

– «No he hablado con García [Koldo] ni con otra persona sobre expedientes de compras».

– «Nunca mantuve conversación sobre compra de material sanitario, ni me ofreció llevarlo a cabo».

Con anterioridad en varias comparecencias públicas había desviado cualquier implicación en la compra de las mascarillas para Baleares:

– «El PP ha roto todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre ni la gestión de mi Gobierno con la sombra de la corrupción» (Rueda de Prensa. 5-3-24).

– «Descarto de forma rotunda que hablase con Koldo García de la contratación de ninguna empresa, no lo he hecho nunca, ni con él ni con nadie, no he conocido el nombre de la empresa hasta hace muy poco. Algún día tendrán que pedir perdón por todo el daño que están haciendo a tanta gente». (Congreso. 13-5-24).

– «Se ha construido un bulo… Nadie me ha dicho que contratase con Soluciones de Gestión. En mi vida he dado una orden a nadie de mi Gobierno para que contrate con una empresa concreta, jamás he intentado ayudar a ninguna empresa, no soy de esas». (Congreso. 13-5-24).

– «Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción. Me quiere inhabilitar como presidenta del Congreso diciendo que estoy metida en un caso de corrupción y no es cierto. Hacen ustedes una forma de hacer política que detesto» (Senado. 7-6-24).

– «A mí no me encontrará en ningún lío de corrupciones… Tengo la conciencia tranquila, de mi Gobierno no hay nadie investigado». (Senado. 8-7-25).

Hasta las últimas pruebas presentadas por los agentes Armengol podía regatear las evidencias, pero tras conocerse el cruce de mensajes con el asesor de Abalos, que se sienta en el banquillo, la expresidenta balear queda tocada, al menos en lo que concierne a faltar a la verdad. Los agentes de la UCO han documentado que contactó con Koldo al menos con 65 mensajes para hablar de mascarillas, que lo utilizó de puente para hablar con Ábalos, que le pidió ayuda, que lo trataba con cariño, que recibió quejas del asesor de Transportes, que permitió facilitar los contratos por valor de 3,7 millones… Al final, el presidente norteamericano Richard Nixon se vio obligado a dimitir por mentir y no por su responsabilidad en el caso Watergate.

Los agentes de la UCO en ningún momento en su informe atribuyen a la ex presidenta de Baleares ninguna responsabilidad de tipo penal, pero sí insisten en que ella facilitó la penetración de la sociedad de Aldama en la venta de mascarillas en su comunidad autónoma. 

Marlaska con «K» de Koldo

Queda como colofón el exmagistrado y actual ministro del Interior, Grande-Marlaska, quien ha sido señalado por la oposición como el máximo obstructor para que las investigaciones sobre las corruptelas del sanchismo no prosperen. Le responsabilizan de entorpecer y recortar los medios operativos de la UDEF de la Policía y de la UCO de la Guardia Civil en casos de corrupción como Delcygate o mascarillas, que afectan a varios ministerios de su Gobierno, incluido su propio Ministerio. 

Según las revelaciones del empresario Aldama, el ministro Grande-Marlaska fue uno de los privilegiados que figuraba en la lista de invitados para la cena que iba a compartir con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en un chalé de la zona residencial de El Viso de Madrid. 

Según el comisionista, Marlaska era el encargado de organizar la seguridad en el perímetro del chalé y del aeropuerto de Barajas. El ministro le ha contestado que las declaraciones de Aldama son mentira y que él nunca tuvo conocimiento de la cena secreta. Sí ha admitido que supo del viaje de la vicepresidenta venezolana unas horas antes y que informó al presidente de que su entrada en España era irregular. 

La versión de Marlaska choca con los datos aportados por la UCO sobre los mensajes de Ábalos, que informó días antes a Sánchez del viaje a España de Delcy Rodríguez, Incluso, existe una carta de invitación firmada por Ábalos con el visto bueno del presidente, el 10 de diciembre de 2019, según las investigaciones. La vicepresidenta venezolana aterrizó en Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020.

Grande-Marlaska, sido reprobado en el Congreso hasta en tres ocasiones, incluso con los votos de grupos que apoyan al Gobierno de Sánchez, no se ha distinguido por ser uno de los valedores de las unidades policiales que investigan los casos de corrupción. Su ministerio arrastra el estigma de la compra de mascarillas durante la pandemia. Grande-Marlaska también se sumó a la inercia de adquirir material anticovid a Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. Una vez más, Koldo García actuaba como intermediario para obtener comisiones millonarias gracias a los sobrecostes motivados por las urgencias sanitarias. 

Paradójicamente, Koldo García, que se significó como el muñidor y emisario de todos los casos que afectan a la corrupción gubernamental, ha sido también quien ha propiciado la apertura de la caja de los truenos. Gracias a las grabaciones y documentación que guardaba entre sus pertenencias ha facilitado la investigación de la UCO. A ello hay que sumar la colaboración de Aldama con la Justicia, que también ha sido primordial para avanzar en todos los casos. Sin su colaboración habría sido infructuosa la apertura de las investigaciones en curso.