El Congreso tiene paralizadas 135 reformas de leyes, casi el doble que hace solo un año

El Congreso de los Diputados mantiene paralizadas 135 iniciativas legislativas en el plazo de enmiendas —54 proyectos de ley del Gobierno y 80 proposiciones registradas por los grupos, además de una reforma constitucional en tramitación— en una fase del procedimiento parlamentario sin límite temporal que permite prorrogar indefinidamente su avance. El dato, recogido en el cuadro oficial actualizado a 21 de abril de 2026 y analizado por THE OBJECTIVE, confirma un atasco estructural que prácticamente duplica el volumen registrado hace un año, cuando el número de leyes retenidas rondaba las 70.

La situación responde a la falta de mayorías estables en el Congreso de los Diputados. El Gobierno no dispone de apoyos suficientes para garantizar la aprobación de sus propios proyectos y evita someterlos a votación cuando existe riesgo de derrota. Al mismo tiempo, la oposición parlamentaria tampoco logra articular mayorías alternativas que permitan sacar adelante sus proposiciones. Estas quedan, en muchos casos, frenadas en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen capacidad para ordenar los tiempos de tramitación y decidir sobre la ampliación de los plazos.

Ni el Ejecutivo consigue convertir sus propuestas en leyes ni la oposición logra imponer las suyas. En este contexto, el plazo de enmiendas se ha convertido en una herramienta clave para gestionar la ausencia de acuerdos. Concebido como un trámite técnico para introducir modificaciones en los textos legislativos, carece de un límite temporal claro y puede ampliarse de forma sucesiva. En la práctica, esto permite aplazar la tramitación de las iniciativas durante semanas, meses o incluso años.

Leyes clave y demandadas por ciudadanos

Varias reformas legislativas permanecen en esta fase desde 2024, acumulando prórrogas semanales de forma continuada. Es el caso del proyecto de Ley de Familias, que lleva más de dos años en plazo de enmiendas tras una cadena de ampliaciones sucesivas. El mismo patrón se repite en reformas relevantes en materia sanitaria, como las dirigidas a garantizar la universalidad del sistema o a reforzar su cohesión, así como en normas relacionadas con la regulación de RTVE o con la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía.

También están afectadas iniciativas vinculadas a situaciones de urgencia o impacto social directo. Las leyes derivadas de los decretos aprobados tras la dana, destinadas a dar respuesta a los daños provocados por este fenómeno, siguen en fase de enmiendas sin haber sido elevadas a votación definitiva. La acumulación de prórrogas en estos casos refleja que el bloqueo no distingue entre normas de distinto alcance o prioridad.

El atasco alcanza igualmente a propuestas impulsadas desde fuera de los partidos. Dos iniciativas legislativas populares —sobre dependencia y ratios de enfermería— arrastran su tramitación desde hace más de un año y continúan en plazo de enmiendas tras decenas de ampliaciones. Estas propuestas, que cuentan con respaldo ciudadano y han superado los requisitos formales para su tramitación, no han llegado todavía al Pleno, lo que pone de relieve las dificultades de este tipo de iniciativas para avanzar en un contexto de fragmentación parlamentaria.

El aborto, en el Congreso

A este conjunto se suma un elemento de especial relevancia institucional: el proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 43 de la Constitución, actualmente en tramitación por la vía de urgencia. Con la propuesta que pretende blindar en la Carta Magna la interrupción voluntaria del embarazo, se evidencia que el bloqueo afecta también a normas de máximo rango, ampliando el alcance del problema.

El funcionamiento del plazo de enmiendas explica en gran medida esta situación. Así, la ampliación de este trámite depende de la Mesa del Congreso y puede acordarse de forma periódica sin necesidad de justificar cada prórroga de manera individualizada. Esta flexibilidad, pensada inicialmente para facilitar el trabajo parlamentario, se ha convertido en un mecanismo que permite evitar votaciones cuando no hay apoyos suficientes.

El uso reiterado de estas ampliaciones ha empezado a generar un debate jurídico y el Tribunal Constitucional ha cuestionado recientemente esta práctica. El Constitucional considera que la prolongación sistemática del plazo de enmiendas puede responder a un uso arbitrario del procedimiento. Según el alto tribunal, este tipo de actuaciones puede afectar al derecho de participación política de los diputados y alterar el normal funcionamiento del Parlamento.

Frenazo a la labor de los diputados

Este pronunciamiento introduce un elemento de presión sobre una dinámica que se ha consolidado durante la legislatura. Hasta ahora, la ampliación de plazos ha permitido gestionar la falta de acuerdos sin que las iniciativas fueran rechazadas formalmente. Sin embargo, la advertencia del Constitucional plantea límites a esta estrategia y abre la puerta a que el uso continuado de este mecanismo sea objeto de nuevos recursos.

La evolución del número de leyes retenidas refuerza la idea de que el problema no es puntual. En el último año, el volumen de iniciativas en plazo de enmiendas ha aumentado de forma significativa, afectando tanto a proyectos del Gobierno como a proposiciones de los grupos. Lejos de reducirse, el atasco se ha ampliado, lo que refleja la dificultad del Congreso para cerrar acuerdos en un contexto político fragmentado.

El bloqueo legislativo no responde a una decisión puntual, sino a una forma de funcionamiento condicionada por la aritmética parlamentaria. La falta de mayorías claras impide tanto la aprobación de las propuestas del Gobierno como el avance de las iniciativas de la oposición. En ese contexto, la ampliación de los plazos se ha consolidado como la vía más utilizada para evitar decisiones que no cuentan con respaldo suficiente.