El apoyo del Constitucional impulsa un frente cívico contra el bloqueo de leyes en las Cortes
El colectivo de peluquería e imagen personal se une a la alianza de afectados por la talidomida y la Ley de Costas
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. | Jesús Hellín (EP)
La sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Partido Popular en su recurso de amparo contra el bloqueo del real decreto-ley por el que se aprobaron medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados ha impulsado la creación de un frente cívico. Diferentes colectivos afectados por la paralización de diversas leyes, como las víctimas de la talidomida, los funcionarios de prisiones y los afectados por la suspensión de la reforma de la Ley de Costas, han iniciado contactos, a los que ahora se suma el colectivo de peluquerías de España, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de los impulsores de la plataforma. Este sector reclama la bajada del IVA al 10%, del 21% que tiene en la actualidad, y que se tramite una proposición de ley que recoja sus peticiones.
El «congelador de Armengol» —la expresión con la que el anterior portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, definió la insólita situación que se vive en la Cámara Baja con más de 100 iniciativas parlamentarias del Congreso y el Senado paralizadas— está bajo la lupa del Tribunal Constitucional. La sentencia de este martes es la primera de varias a dictar sobre esta cuestión y que ponen en cuestión toda la legislatura de Pedro Sánchez, caracterizada por la anulación de las Cortes, sobre todo en esta última etapa, al no tener una mayoría parlamentaria para sacar adelante los proyectos.
La presión que ha ejercido el Partido Popular ha dado fruto, en esta primera batalla, alentando la estrategia que había puesto en marcha la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), estrategia a la que están interesadas en unirse los afectados por la paralización de la reforma de la Ley de Costas, concretamente la Federación de Asociaciones del Litoral de la Región de Murcia y los funcionarios de prisiones. Este «frente cívico», como lo denominan los impulsores, cuenta con un nuevo socio, la Alianza Empresarial por la bajada del IVA a la imagen personal, que agrupa a asociaciones de peluquería, estética y belleza y que reclaman el 10% para este impuesto, ahora del 21%.
El primer paso lo dieron las víctimas de la talidomida con una denuncia ante el Tribunal Supremo, como adelantó este periódico, contra los miembros del PSOE y Sumar de la Mesa del Congreso de los Diputados. A estos parlamentarios, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, se les acusa de un «delito continuado de prevaricación administrativa por omisión», por bloquear dos iniciativas legislativas para que las ayudas que reciben queden exentas de IRPF. Concretamente, son sendas proposiciones de ley, una en el Senado, remitida al Congreso para su tramitación, y otra en esta cámara, ambas presentadas por el Partido Popular.
La sentencia del Tribunal Constitucional ha llenado de satisfacción y optimismo a estos colectivos. Creen que sus demandas podrían ser atendidas por el Tribunal Supremo, toda vez que tienen pocas esperanzas de que el PSOE y Sumar cambien de actitud en la Mesa del Congreso y empiecen a desbloquear iniciativas legislativas y facilitar su tramitación.
Fuentes de los afectados por la talidomida aseguran «estar muy contentos», al tiempo que lo tachan de «un gran espaldarazo jurídico»; mientras que el colectivo de perjudicados por la Ley de Costas «[lo ve] con una enorme satisfacción y una bandera más para [su] lucha». Con este apoyo jurídico se preparan para diseñar una estrategia que pasa por pedir una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Antes de decidir si se unirán a la denuncia de la talidomida en esta estrategia jurídica, subrayan que intentarán «dialogar», en el caso de los afectados por la Ley de Costas.
La sentencia del Tribunal Constitucional es clara, en el sentido de que «aprecia que la Mesa del Congreso de los Diputados obstruyó la tramitación del procedimiento legislativo [de urgencia], al hacer un uso indebido de su facultad de acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas, hasta el punto de imposibilitar la presentación de estas, con la consiguiente vulneración del derecho de participación política de los recurrentes».
Igualmente, señala que «la decisión de la Mesa de prorrogar sistemáticamente ese plazo, sin motivación específica para ello, vino a impedir que el Real Decreto-ley 36/2020 se tramitara como proyecto de ley, como había acordado el Pleno de la Cámara ex art. 86.3 CE, por la terminación de la legislatura».