El PP exige explicaciones por los más de cuatro millones enviados por Sánchez a Cabo Verde

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido al Gobierno que explique por escrito en el Congreso de los Diputados las razones que le han llevado a destinar más de cuatro millones de euros al Gobierno de Cabo Verde, concretamente 4.361.000, como así desveló THE OBJECTIVE. Unas transferencias, algunas directas al Ministerio de Finanzas, que se efectuaron en 2022 a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Los populares se interesan por conocer el empleo que ha generado esta inversión y los proyectos a los que se ha destinado, así como los españoles que han participado.

En la exposición de motivos que justifican esta petición de explicaciones, los populares recuerdan que «en los últimos años, el Gobierno de España ha transferido millones de euros de dinero público al Gobierno de Cabo Verde, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), incluyendo transferencias directas a su Ministerio de Finanzas». Unas partidas que «superan ampliamente el millón de euros solo en algunas resoluciones individuales, que se han concedido en forma de subvenciones dinerarias sin contraprestación contractual aparente».

Una parte de estos fondos, subrayan, «han sido destinados a departamentos presupuestarios generales, sin que conste públicamente un nivel suficiente de detalle sobre su ejecución material». Unas transferencias enviadas a «un país que ha estado sometido a evaluaciones internacionales en materia de transparencia fiscal».

Por ello, plantean varias preguntas. En primer lugar, quieren saber «cuál es el importe total exacto transferido por la Aecid a instituciones públicas de Cabo Verde entre 2022 y 2025, desglosado por anualidades y organismos receptores». En segundo lugar, se interesan por los «resultados cuantificables que se han obtenido con las partidas destinadas a igualdad de género, economía de cuidados e inclusión social».

Otra cuestión a aclarar son los «empleos o proyectos productivos verificables se han generado con cargo a estos fondos», y si «considera el Gobierno prioritario destinar millones de euros al refuerzo presupuestario de ministerios extranjeros en Iugar de dirigir esos recursos a necesidades internas o a países con mayor impacto estratégico para España».

Finalmente, el Grupo Popular pregunta si «se ha activado en algún caso el procedimiento de reintegro por incumplimiento o falta de justificación adecuada del gasto»; si el Gobierno «ha valorado la posición de Cabo Verde en los mecanismos internacionales de supervisión en materia de transparencia fiscal antes de autorizar apoyo presupuestario directo a su Ministerio de Finanzas» y «cuál ha sido la razón de impulsar estos proyectos en Cabo Verde», enumerando «qué españoles han participado en su desarrollo».

El dinero destinado a cooperación está en el punto de mira de los populares. En otra batería de preguntas, se han interesado por la subvenciones directas de cooperación que suelen «destinarse a compromisos con organismos multilaterales, que requieren claridad y planificación previa». Por ello, en relación con el Real Decreto 1056/2024 que autoriza asignaciones directas sin concurrencia, quieren saber «qué cuantía de estas subvenciones directas se prevé destinar a organismos multilaterales y en base a qué compromisos internacionales previamente acordados» y «cuáles son los convenios, acuerdos o compromisos que justifican tales aportaciones directas».

Igualmente, apuntan a que «un régimen basado en subvenciones directas puede favorecer a entidades de mayor tamaño o visibilidad en detrimento de colectivos u organizaciones con menor capacidad administrativa, afectando la diversidad del ecosistema de cooperación internacional. Tomando como base el Real Decreto 1056/2024 de 15 de octubre sobre concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional, exigen conocer «qué medidas adoptará el Gobierno para asegurar que este sistema de subvenciones directas no perjudique a organizaciones pequeñas o de base local» y si prevé «el Gobierno publicar evaluaciones anuales desagregadas por tipo y tamaño de beneficiario».

Por otra parte, alertan de que el «uso reiterado de la concesión directa puede convertir una excepción en una práctica ordinaria, alterando la estructura del sistema español de subvenciones en cooperación. En este sentido, instan al Gobierno a aclarar si considera «que este Real Decreto establece un precedente para ampliar de manera permanente el uso de subvenciones directas en cooperación»; así como «qué límites normativos o políticos piensa aplicar para evitar que lo excepcional se convierta en ordinario».

Transparencia

Finalmente, consideran que «las subvenciones directas reducen la transparencia en la selección de beneficiarios al eliminar la comparación pública de propuestas, habitual en las convocatorias competitivas de cooperación». Los populares interpelan por «los mecanismos adicionales de publicidad que va a aplicar el Gobierno para garantizar transparencia total en la selección de beneficiarios de las subvenciones directas de las que se refiere el RD 1056/2024 de 15 de octubre». Además, preguntan si «puede el Gobierno concretar si publicará, para cada subvención, la motivación individual que justifique la elección del beneficiario».