Diputados asesinados: otro fracaso de la Segunda República

El estudio de la violencia ejercida contra los integrantes de las Cortes de 1936 es la radiografía más descarnada del colapso de la España de la Segunda República. Los diputados, que encarnaban la máxima representación de la soberanía popular y el diseño de un nuevo Estado, se convirtieron en las piezas más codiciadas de una maquinaria de exclusión que barrió los cimientos de la democracia republicana. Aquellos hombres, cuya inmunidad e inviolabilidad estaban garantizadas por los artículos 55 y 56 de la Constitución de 1931, terminaron siendo el blanco de un odio que no distinguía entre el escaño y la trinchera. La tragedia de estos representantes —de los cuales casi la quinta parte perdió la vida por la represión— simboliza el fracaso de un régimen parlamentario que no supo o no pudo proteger a sus propios artífices, anunciando el fin de un experimento democrático que se disolvió entre fusilamientos, exilios y el silencio de las cunetas. Los asesinatos de diputados tuvieron el objetivo de ajustar cuentas por odio y descabezar al enemigo.

Para entender el desmoronamiento de las Cortes, es preciso observar la composición de su personal político. La Segunda República fue testigo de una volatilidad parlamentaria sin precedentes. En las Cortes Constituyentes de 1931, el 83% de los diputados carecía de experiencia previa; eran, en su inmensa mayoría, hombres nuevos que llegaban con el impulso de la regeneración, pero sin el «oficio» de la vieja política monárquica. Esta tendencia no se detuvo: en 1933 hubo un 58,2% de caras nuevas y en 1936 todavía un 42% de debutantes. De los 1.007 parlamentarios que pasaron por las tres legislaturas, 860 se estrenaron bajo el signo de la República.

Esta falta de continuidad, sumada a una reglamentación electoral que favorecía los grandes vuelcos, impidió la consolidación de un centro estable y de una cultura de pacto. Figuras veteranas como Niceto Alcalá-Zamora o Indalecio Prieto eran excepciones en un mar de idealistas o revolucionarios que a menudo veían en el adversario a un enemigo existencial. Cuando en julio de 1936 se rompieron las amarras del orden público tras el asesinato de José Calvo Sotelo —diputado por Orense y líder de la oposición—, la inmunidad parlamentaria se convirtió en un papel mojado. Calvo Sotelo, aunque muerto antes del estallido formal del conflicto, fue el pistoletazo de salida para perseguir y matar a los diputados.

El verano de 1936 fue un catálogo de horrores. El 80% de los asesinatos parlamentarios se concentraron en los primeros 40 días del conflicto. En la zona sublevada, la violencia respondió a una estrategia de «descabezamiento» político, siguiendo las instrucciones del general Mola, quien ordenó castigos ejemplares para estrangular cualquier rebeldía. En la zona republicana, la furia revolucionaria y la incapacidad de las autoridades para dominar a los llamados «incontrolados» convirtieron a los diputados de derechas en objetivos de los milicianos.

El primer diputado en ser asesinado fue, probablemente, el socialista granadino Antonio Martín García, antiguo alcalde de Fuente Vaqueros, en Granada, el 20 de julio de 1936. Su muerte fue el preludio de una carnicería que se extendió por toda la geografía española. En Córdoba, la represión fue especialmente sistemática entre el 29 y el 30 de julio. Allí, los militares sublevados fusilaron a líderes como Antonio Acuña Carballar y Luis Dorado Luque (diputados socialistas por Málaga que intentaban llegar a su ciudad). Los asesinaron junto a los cordobeses Antonio Bujalance López (PSOE) y el comunista Bautista Garcet Granell. El objetivo era claro: eliminar a la cúpula política de la izquierda para paralizar cualquier resistencia en una ciudad donde el control militar era precario.

En la zona controlada por los militares rebeldes, la represión contra los representantes del Frente Popular fue implacable, especialmente en regiones con fuerte tradición de lucha social como Andalucía y Extremadura, donde cayeron casi la mitad de los diputados asesinados por el bando golpista.

En Salamanca, la ejecución del socialista José Andrés Manso y del alcalde de la ciudad e integrante de Izquierda Republicana, Casto Prieto Carrasco, conmocionó incluso a Miguel de Unamuno, quien inicialmente había visto con simpatía el movimiento militar. En Sevilla, el 10 de agosto, el «castigo ejemplar» alcanzó a José González y Fernández de la Bandera, médico de Unión Republicana y exalcalde de la ciudad, fusilado junto al diputado socialista Manuel Barrios Jiménez. Los asesinatos se perpetraron por falangistas, por ejemplo, el de Blas Infante, fusilado en la madrugada del 11 de agosto de 1936. Infante fue detenido en su domicilio de Coria del Río y asesinado sin juicio previo en la antigua carretera de Carmona, en Sevilla.

La geografía de la muerte se extendió a las islas. En Canarias, a pesar de no haber frente de guerra, fueron asesinados el comunista Eduardo Suárez Morales en Gran Canaria y el abogado de Izquierda Republicana Luis Rodríguez Figueroa en Tenerife, quien fue arrojado al mar. En Galicia, la represión fue igualmente virulenta pese a la falta de resistencia armada. Allí perdieron la vida figuras como Luis Barrena y Alonso de Ojeda (Unión Republicana), que fue sacado de su casa en Muros por falangistas y abandonado en una cuneta, o los socialistas de Pontevedra Antonino Bilbatúa Zubeldia e Ignacio Seoane Fernández, fusilados en el cementerio de Vigo.

En Madrid, el escenario fue igualmente trágico. La ciudad se convirtió en una ratonera para los parlamentarios de derechas. Alrededor de 35 parlamentarios y exparlamentarios fueron asesinados.

El episodio más negro fue el asalto a la Cárcel Modelo en la noche del 22 al 23 de agosto de 1936. En aquella prisión, teóricamente bajo custodia del Estado, se ejecutó a cinco diputados en ejercicio: el líder del Partido Nacionalista Español, José María Albiñana (diputado por Burgos), el liberal demócrata y exministro Ramón Álvarez Valdés, diputado del Partido Liberal Demócrata, y el de Melquíades Álvarez, también asesinado allí. Otras víctimas fueron Rafael Esparza García (diputado de la CEDA por Madrid), el centrista y exministro Manuel Rico Avello (Murcia) y Tomás Salort de Olives, diputado de la CEDA por Baleares. Los asesinatos se llevaron a cabo contando con la pasividad del ministro de la Gobernación, el general Pozas, y del director general de Seguridad, el también diputado Manuel Muñoz Martínez.

La violencia en la zona republicana también se cebó con provincias como Ciudad Real y Toledo, donde los conflictos locales y laborales exacerbaron la saña de los ataques. En Ciudad Real, fueron asesinados diputados como Luis Ruiz-Valdepeñas Utrilla, de la CEDA, tras sufrir tortura, y el aristócrata Rafael Melgarejo Tordesillas, duque de San Fernando de Quiroga, también de la CEDA. En Toledo, el carlista Jesús Requejo San Román fue fusilado cerca de Los Yébenes, posiblemente por su marcada significación religiosa.

A medida que la guerra avanzaba, las sesiones de las Cortes se hicieron cada vez más esporádicas y mermadas. De los 473 diputados elegidos en febrero, solo 64 se reunieron en la última sesión en suelo español, celebrada en el castillo de Figueras en febrero de 1939. Para entonces, la lista de ausentes era un camposanto de diputados.

Incluso cuando el frente se estabilizó en 1937 y 1938, los asesinatos no cesaron. En mayo de 1937, el socialista Graciano Antuña fue fusilado en Luarca, y en julio del mismo año caía en La Coruña el profesor universitario Luis Rufilanchas Salcedo. El último diputado asesinado durante el conflicto fue Gabriel González Taltabull, de la Unión Republicana, fusilado en Sevilla en julio de 1938 a pesar de las gestiones de la Unión Interparlamentaria para salvarle.

El fin de la guerra no trajo la paz para los parlamentarios supervivientes. La represión franquista se ejerció entre 1939 y 1942 sobre otros 19 diputados de la legislatura de 1936. Entre ellos se encontraban figuras centrales de la República como Julián Besteiro, que murió en la cárcel, el presidente de la Generalitat Lluís Companys, el socialista Julián Zugazagoitia o el republicano Juan Peset Aleixandre. La última víctima oficial de este proceso fue el socialista catalán Juan Comorera Solé, fallecido en la prisión de Burgos en 1958.

La desaparición de 184 diputados y exdiputados constituye la prueba definitiva de que España estaba enferma por los totalitarismos y el desprecio a la libertad. Las Cortes, que debían haber sido el templo de la diversidad y el diálogo, terminaron siendo el lugar donde se escenificó la imposibilidad de la convivencia.

El Estado fue incapaz de garantizar la vida de sus propios representantes soberanos y a la ciudadanía en general no le importó, inmersa, como estaba, en un baño de sangre, entre la locura y el terror. En ambos bandos, la justicia fue sustituida por el asesinato político bajo el pretexto de la «necesidad revolucionaria» o la «salvación nacional». Cuando las Cortes se reunieron finalmente en el exilio mexicano en 1945 y se leyeron los nombres de los 127 compañeros fallecidos desde julio de 1936, se estaba pasando lista a un proyecto de nación que se había desangrado en las cunetas y en los muros de los cementerios. El asesinato de los diputados fue, en última instancia, el epitafio de un experimento democrático que pereció cuando sus miembros dejaron de reconocerse como iguales para verse como objetivos a eliminar.

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