La SEPI solo gastó el 11% del presupuesto en asesores externos para validar los rescates
Únicamente pagó 4,7 millones de los 42 millones previstos a principios de 2021 en el acuerdo marco de los contratos
Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI | Europa Press
La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) solo gastó el 11% del presupuesto estimado inicialmente en asesores externos para validar los rescates de empresas por la pandemia. Algunos están bajo investigación judicial y otros se ven acompañados por la polémica.
La empresa pública destinó únicamente 4,7 millones de euros a despachos de abogados y consultoras financieras, de acuerdo con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Un importe que contrasta radicalmente con el acuerdo marco establecido por la compañía en enero de 2021, estimando el coste de estos servicios en 42 millones, de acuerdo con la información recabada por THE OBJECTIVE en la plataforma de contratación del Estado.
La SEPI adjudicó un total de 96 contratos a diferentes firmas para que le asesoraran en los planos económico y jurídico para confirmar si se cumplían los requisitos de la normativa establecida por Bruselas y el Gobierno para el denominado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), y si las empresas solicitantes del dinero presentaban un plan de viabilidad fiable. Del total, 18 se tramitaron por la vía de emergencia.
Ofertas a la baja y menos peticiones
Una de las causas de que la SEPI gastara un importe muy inferior a lo calculado inicialmente obedece a que, de los 10.000 millones con los que se dotó el fondo, solo hubo solicitudes para el 53% del total (5.393 millones). Finalmente, el Gobierno autorizó 3.256 millones, es decir, casi un 33%.
Pero detrás del coste inferior también se encuentra que las ofertas presentadas por los asesores fueron más bajas de lo previsto. De los 72 contratos que no se hicieron de urgencia, el importe adjudicado fue un 39% del precio máximo de licitación. El Tribunal de Cuentas señala que en los contratos que se firmaron por el procedimiento de emergencia, la adjudicación se hizo con un abaratamiento del 61% sobre el tope y que seis de las 18 operaciones se resolvieron por mutuo acuerdo y sin publicidad.
Duro Felguera y otros casos
Todos los asesores de los que la SEPI se nutrió para validar que los rescates cumplían la legalidad dieron su visto bueno. Mazars fue el encargado del plan presentado por Duro Felguera, a pesar de que no cumplía el criterio técnico-financiero para considerarse empresa viable. Todas las compañías debían respetar los 13 criterios de elegibilidad para poder recibir el dinero. La consultora ahora guarda silencio sobre su decisión.
El foco de las investigaciones judiciales apunta a otros tres rescates aprobados por el Gobierno y por la SEPI. Se trata de Plus Ultra por la causa que afecta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Tubos Reunidos por el escándalo que implica a la conocida fontanera del PSOE, Leire Díez, y el exnúmero tres de los socialistas, Santos Cerdán. Además, el de Air Europa también se encuentra en el centro de las actuaciones de los tribunales y la Guardia Civil. En este caso, el vicepresidente de la sociedad estatal, Bartolomé Lora, se enfrenta a la imputación de un posible delito de prevaricación administrativa y está citado en el juzgado el 3 de julio para su declaración.
Consejo Gestor
A finales de diciembre de 2020, el holding de participaciones lanzó el acuerdo marco para contratar a los asesores externos. A principios de enero del siguiente año, eligió a los encargados de validar los planes a presentar. Se designó a una veintena de consultoras para estos trabajos.
La SEPI creó un consejo gestor para evaluar las solicitudes y aprobar o rechazar las operaciones. Estaba formado por el presidente en funciones, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
El secretario de aquel consejo, que tenía voz, pero no voto, fue el abogado del Estado Javier Loriente, que nueve meses después fue contratado por Duro Felguera como socio responsable del departamento de Derecho Público, Regulatorio y Urbanismo. Los anteriores fueron posteriormente premiados por el Gobierno.