Cargos del PSOE se hacen pasar por testigos independientes en el juicio de David Sánchez

El desarrollo de la instrucción judicial en torno a las presuntas irregularidades en la contratación y desempeño de David Sánchez Pérez-Castejón (conocido artísticamente como David Azagra) en la Diputación de Badajoz ha adquirido un nuevo cariz tras las últimas comparecencias testificales. Según ha podido comprobar THE OBJECTIVE, diversos testigos clave han optado por omitir su vinculación orgánica con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), parapetándose tras su condición de funcionarios públicos. Esta estrategia busca proyectar una imagen de estricta neutralidad técnica en sede judicial, con el aparente propósito de blindar la legalidad de un cargo presuntamente diseñado ad hoc para el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para su entorno más cercano, singularmente su exasesor Luis Carrero.

Durante las recientes sesiones de declaración, ha resultado llamativa la estudiada actitud de determinados comparecientes. Al ser interrogados, han evitado declarar de forma proactiva que ostentan o han ostentado responsabilidades de peso dentro de las estructuras del PSOE, prefiriendo ampararse exclusivamente en sus puestos dentro de la Administración local. Esta calculada contención busca generar un sesgo de objetividad en unos testimonios que no lo son por los cargos que ostentan en el PSOE. Fuentes judiciales subrayan que ocultar la afiliación del partido distorsiona la valoración de la prueba, puesto que sus carreras profesionales y políticas guardan una relación directa con la administración que aprobó los polémicos nombramientos.

El foco principal de esta controversia radica en dilucidar si la plaza de alta dirección creada en la Diputación de Badajoz respondió a una necesidad organizativa real o si, por el contrario, consistió en un traje a medida institucional. Las declaraciones testificales analizadas buscan contrarrestar los indicios de prevaricación y tráfico de influencias, sosteniendo de forma unánime que el procedimiento de selección cumplió escrupulosamente con los requisitos de publicidad, mérito y capacidad. Sin embargo, la coincidencia de militancia e intereses cruzados entre quienes evalúan y quienes resultan beneficiados debilita la tesis de la mera casualidad burocrática.

Un alcalde del PSOE

Uno de los ejemplos más claros ha sido el de José María Sánchez Sánchez, quien ha comparecido bajo su condición de jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz. Su testimonio estuvo centrado en defender la total transparencia en la creación del puesto asignado a Luis Carrero, amigo íntimo de David Sánchez y exasesor en Moncloa. En su declaración, el testigo detalló que se incorporó a la institución en noviembre de 2023, fecha en la que tanto la plaza en cuestión como sus bases reguladoras ya se habían hecho públicas. Pese a ser un recién llegado, terminó integrándose en la comisión de valoración del concurso bajo el pretexto de que estaba previsto que se convirtiera en el jefe jerárquico directo de quien resultara seleccionado; un proceso que, finalmente, acabó beneficiando al amigo íntimo del hermano del presidente.

Conviene subrayar que en el sumario judicial consta un correo electrónico clave enviado por David Sánchez a su amigo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, fechado el 30 de octubre de 2023. En ese mensaje, el hermano del presidente le adelantaba sus planes de manera explícita: «En cuanto te incorpores, quiero pasar una semana, al menos, por aquí». Lo flagrante del asunto es que esta comunicación se produjo 23 días antes de que se publicaran las bases oficiales de la convocatoria para la plaza (un trámite que no llegó hasta el 22 de noviembre) y casi un mes antes de que Carrero fuera nombrado formalmente en comisión de servicios en la Diputación de Badajoz (decreto firmado el 26 de diciembre). Esta cronología desmonta cualquier apariencia de concurrencia pública y evidencia que el proceso de selección estaba totalmente pactado de antemano.

En lo referente al desarrollo del concurso, el testigo aseguró bajo juramento que no mantenía ninguna relación previa con el investigado, Luis Carrero Reyes, antes de su evaluación. No obstante, en su propia declaración terminó confirmando un dato clave: Carrero Reyes fue el único candidato que se presentó al proceso. A pesar de la total ausencia de competencia, José María Sánchez insistió durante la vista en que el aspirante —e íntimo amigo del hermano de David Sánchez— «cumplía rigurosamente con los requisitos exigidos», detallando su condición de funcionario de carrera y el correcto desarrollo de sus pruebas de aptitud, que incluyeron una memoria técnica y una entrevista presencial. Para concluir, el compareciente defendió la legalidad y limpieza de la convocatoria esgrimiendo que cumplió con todos los requisitos de publicidad al trasladarse a la mesa de negociación, comunicarse a los sindicatos y quedar expuesta en el tablón de anuncios de la corporación.

Este testigo, cuyo relato ha favorecido claramente a los principales investigados, pasó por alto un detalle crucial en su biografía: omitió ante el juez que fue alcalde del PSOE en el municipio extremeño de La Coronada durante trece años. Esta localidad, precisamente, está adscrita al partido judicial de Villanueva de la Serena, municipio del que es natural el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, quien también se encuentra en el banquillo de los acusados. Por si fuera poco, el compareciente recibió un ascenso en la institución provincial pacense apenas un mes antes de que arrancara la vista oral sobre esta presunta red de favores y prevaricación tejida alrededor de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Ante la gravedad de los hechos y las contradicciones detectadas, la acusación popular ha solicitado formalmente al tribunal que se le deduzca testimonio por presuntamente mentir en calidad de testigo.

Otro de los perfiles llamativos en la ronda de declaraciones ha sido el de Estrella Gordillo, quien inicialmente intentó presentarse ante el juzgado bajo la etiqueta de «enfermera». Lo cierto es que Gordillo dejó la práctica sanitaria en 1999 y, desde entonces, ha vivido dedicada en exclusiva a la política institucional en las filas del PSOE. Entre su extenso currículum orgánico con los socialistas destacan diversas responsabilidades en la Diputación de Badajoz, además de haber ejercido como concejala en el Ayuntamiento de Mérida, delegada de Urbanismo y Obras, y portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Durante el interrogatorio, esta exdiputada del PSOE —que arrancó omitiendo su dilatada carrera pública tras su profesión sanitaria— terminó revelando dinámicas internas del partido de gran calado. En concreto, declaró que el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, respaldó de forma activa a Susana Díaz en aquellas cruentas primarias socialistas de 2017. Asimismo, recordó que a finales de 2016 ambos cerraron filas con la corriente del partido que abogaba por la abstención en el Congreso para facilitar la investidura del Gobierno del PP; una postura que, en aquel momento de fractura total, chocaba frontalmente con la estrategia liderada por Pedro Sánchez.

Otra de las comparecientes clave ha sido Inmaculada López Bueno, quien se ha presentado en el juzgado como exjefa del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz durante el periodo en el que se fraguó la creación del puesto para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La plaza que ocupaba la testigo era un puesto de estricta confianza del entonces presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, hoy principal acusado en la causa. En la actualidad, López Bueno ejerce como jefa de la Oficina de Atención a Alcaldes y Alcaldesas de la corporación pacense bajo el mandato de la nueva presidenta, Raquel del Puerto, considerada a su vez una persona del círculo de máxima confianza de Gallardo.

Uno de los últimos testigos en comparecer durante la segunda jornada de la vista oral ha sido Ramón Díaz, quien, a preguntas del presidente del tribunal, comenzó respondiendo de forma escueta: «Soy veterinario». Ante la visible incredulidad de la sala, el magistrado le instó a que detallara a qué se dedica exactamente en la actualidad. Fue en ese momento cuando el testigo admitió ser trabajador autónomo, además de vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva del Fresno. A renglón seguido, no le quedó más remedio que reconocer su afiliación al PSOE.