La Diputación de Badajoz cambió el expediente por el que le dieron la plaza a David Sánchez
Los 'emails' intervenidos por la Guardia Civil revelan un documento oculto del hermano de Pedro Sánchez
La primera jornada de testificales en el juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha dado un vuelco inesperado en la Audiencia Provincial de Badajoz a última hora de la primera jornada del juicio. Lo que comenzó como una sesión favorable para las estrategias de las defensas de los acusados concluyó con una grave denuncia sobre la integridad de los documentos oficiales que sirvieron para otorgar la plaza pública bajo sospecha.
El arranque de las declaraciones testificales supuso un alivio inicial para el entorno de David Sánchez. Los directores de los conservatorios de música de Badajoz, Yolanda Sánchez y Evaristo Valentí, modificaron de forma sustancial la postura que habían mantenido durante la fase de investigación. Si en la instrucción sus afirmaciones reforzaban la hipótesis de que la plaza de Coordinador de las Actividades Musicales se había creado de manera ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez, este lunes ambos calificaron dicha sospecha de simple «rumor».
El foco del interrogatorio se situó en un correo electrónico enviado el 19 de mayo de 2017, la misma fecha en la que se publicaron las bases de la convocatoria. En ese mensaje, remitido por Valentí, figuraba como asunto el término ‘El hermanísimo’. Yolanda Sánchez, que todavía continúa en su puesto como directora, alegó ante el tribunal una absoluta falta de memoria respecto a esa comunicación. «No le di mucha importancia. No sé si miré el asunto del correo. No suelo mirarlos, voy directamente al contenido», argumentó. Además, defendió de forma pragmática la incorporación del acusado, señalando que «la ayuda (la de David Sánchez) nos vino muy bien, todo suma».
Este cambio de actitud en el juicio oral ha llamado la atención a las acusaciones populares. Por su parte, el exdirector Evaristo Valentí testificó en la misma línea, asegurando que no le constaba que la plaza se hubiese entregado «a dedo». Según su nueva versión ante el tribunal, el único comentario existente en aquellas fechas era el rumor generalizado de que David Sánchez pretendía presentarse al proceso de selección.
Este debilitamiento de los testimonios clave coincidió con dos resoluciones técnicas de la Audiencia Provincial que beneficiaron directamente a los procesados: David Sánchez quedó eximido de ser juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. El tribunal decretó la extinción de la responsabilidad penal al considerar que este cargo menor había prescrito por el tiempo transcurrido desde la firma del contrato en 2017.
Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, se libró de responder en este proceso por los delitos asociados a la contratación de Luis María Carrero (antiguo asesor en la Moncloa y amigo del hermano del presidente). El tribunal dictaminó que incluir estos hechos en el juicio oral suponía una «acusación sorpresiva» que vulneraba el derecho a la defensa de Gallardo, ya que nunca fue instruido ni oído en declaración por este asunto específico durante la fase de investigación.
Manipulación del expediente
Pero no todo son buenas noticias para el hermano del presidente del Gobierno. Las acusaciones populares han detectado que la Diputación de Badajoz manipuló, presuntamente, el expediente del caso David Sánchez con el objetivo de encubrir diversas irregularidades administrativas. La prueba que fundamenta esta grave acusación ha sido destapada por el equipo jurídico de Iustitia Europa en los anexos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporados a la causa por orden de la juez instructora Beatriz Biedma. En dichos informes policiales se localiza una cadena de correos electrónicos y documentos internos de la institución provincial fechados a partir del 3 de junio de 2017. Según el expediente oficial que aportó la Diputación, a David Sánchez se le adjudicó la plaza el 30 de junio, basándose en un informe de valoración previo emitido el 29 de junio.
Sin embargo, los hallazgos de la UCO desmontan esta cronología oficial. En el anexo número 15 de los informes policiales consta un email enviado el 10 de julio entre los jefes de Recursos Humanos, Juana Cintas Calderón Zazo y José Ramón Suárez Arias. En esa comunicación se adjuntaba una serie de documentos sobre la plaza del hermano del presidente; concretamente, el informe de valoración que debía realizar la diputada delegada de Cultura, Cristina Fernández Márquez, respecto a los aspirantes. En dicho informe se dictaminaba que ninguno de los candidatos era concurrente apto, excepto David Sánchez, a quien se le otorgaba la máxima puntuación. Las acusaciones señalan, además, que esta calificación final estaba errada debido a un fallo matemático al sumar los conceptos. Este es el documento que se adjuntó formalmente en el correo interno del 10 de julio.
Un segundo informe para rebajar el impacto político
De acuerdo con la tesis de Iustitia Europa, el escenario cambió radicalmente tras la denuncia pública del entonces diputado de Podemos en 2017 Álvaro Jaén. La fiscalización del proceso desató una serie de comunicaciones internas en la Diputación. Alarmados por el impacto y el descaro del informe de valoración inicial, los responsables habrían ordenado confeccionar un nuevo documento técnico que disimulara la arbitrariedad en la elección de David Sánchez de cara al escrutinio público. La discrepancia entre el expediente oficial y la realidad contable de la Diputación es clamorosa.
La versión oficial de la Diputación sostiene que en el expediente administrativo entregado al juzgado no consta el informe de valoración del 10 de julio. En su lugar, aparece un documento completamente diferente que sostiene que concurrieron seis aspirantes a la plaza, pero que finalmente se decidió otorgársela a David Sánchez. Sin embargo, aunque el informe original de valoración fue eliminado del expediente oficial, la UCO consiguió recuperarlo de los archivos internos intervenidos a la Diputación.
Curiosamente, el documento desaparecido dejó un rastro físico: en la ficha concreta de David Sánchez aportada por la Diputación, aparece anexado su curriculum vitae y, justo al final de este, se encuentra la ficha 2.10. Esta ficha corresponde exactamente a la valoración de 2.10 puntos recogida en el informe que fue borrado. Las evidencias recabadas por la Guardia Civil apuntan a que esta ficha de valoración —esencial para la adjudicación— no se llegó a incluir de forma transparente en el expediente definitivo o bien fue eliminada a posteriori, alterando el expediente original para incorporar una nueva acta en la que no quedara constancia alguna del polémico documento.