La sentencia del hermano de Sánchez se conocerá a finales de septiembre

La recta final del juicio contra David Sánchez entra en su fase decisiva con un horizonte ya marcado en el calendario: la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz se conocerá a finales de septiembre, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Un cierre que llega tras semanas de declaraciones cruzadas, informes policiales y maniobras procesales que han dibujado un escenario jurídico complejo, que podría terminar con una sentencia condenatoria parcial para el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La sala ha escuchado testificales, periciales y declaraciones cruzadas en torno a la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz entre 2016 y 2017, que acabó siendo adjudicada a David Sánchez. Un procedimiento que las acusaciones sostienen que estuvo predeterminado y que la defensa mantiene que fue estrictamente administrativo, sin interferencias externas ni dirección política. En el centro de todo, como telón de fondo constante aunque rara vez explícito, ha estado la figura de Pedro Sánchez. Su nombre ha aparecido más en el relato político y mediático que en la sala, donde el tribunal ha marcado distancias desde el primer momento con cualquier intento de convertir el juicio en un proceso sobre el presidente del Gobierno.

El último episodio procesal ha sido precisamente el cierre de esa vía. El tribunal rechazó la petición del abogado de la defensa, Emilio Cortés, para volver a interrogar a su cliente tras los cambios introducidos en los escritos de acusación de última hora. La sala consideró que no existían modificaciones sustanciales en los hechos enjuiciados y dio por cerrada la instrucción oral sin reabrir la prueba. Ese movimiento ha sido leído en distintos círculos jurídicos como un indicio de cierre técnico del debate: el tribunal no necesita más pruebas para decidir, pero tampoco ha mostrado sus cartas.

El caso pivota ahora sobre un elemento clásico en este tipo de procedimientos: la valoración de la prueba indiciaria. No hay una prueba directa de amaño, pero sí un conjunto de indicios que las acusaciones han ido hilando a lo largo del juicio para sostener la existencia de una plaza diseñada a medida. Entre ellos, los testimonios de aspirantes que aseguraron haber escuchado antes del proceso que el puesto ya tenía destinatario. El más relevante ha sido el de una candidata que afirmó que le advirtieron de que la plaza era para el hermano del ahora presidente. Su declaración, sin embargo, no ha sido interpretada como prueba plena, sino como indicio contextual dentro de un relato más amplio. El tribunal ha mostrado especial cuidado en este punto. Ha escuchado, pero no ha validado automáticamente. Y esa diferencia, en un juicio penal, lo es todo.

Otro de los pilares de la acusación ha sido el informe de la UCO, que sostiene que la creación del puesto no habría partido del área técnica de Cultura, sino de instancias superiores dentro de la estructura provincial. Una tesis que apunta hacia una posible dirección jerárquica del proceso, aunque sin una orden explícita documentada que permita cerrar el círculo. Ese vacío probatorio es, precisamente, lo que mantiene abierto el caso.

La defensa ha insistido en que todo el proceso de selección se ajustó a la legalidad administrativa, y que las interpretaciones de las acusaciones responden a una reconstrucción retrospectiva de hechos normales dentro del funcionamiento de la administración pública. Incluso el cambio de denominación del puesto —posteriormente transformado en Oficina de Artes Escénicas— ha sido presentado como una evolución organizativa, mientras que las acusaciones lo leen como una reconfiguración funcional del cargo para encajar mejor con el perfil del adjudicatario.

El juicio ha dejado también momentos que han pesado más en la sala de lo que a veces reflejan las actas. La declaración de varios funcionarios introdujo matices relevantes, especialmente cuando alguno de ellos reconoció que el puesto podía considerarse «nuevo», pese a la versión oficial de continuidad administrativa. Pequeños giros de lenguaje que, en un caso como este, terminan adquiriendo una dimensión probatoria inesperada. En paralelo, la estrategia de las acusaciones populares —con escritos de Vox y el Partido Popular— ha elevado la petición de pena hasta los seis años de prisión, reforzando la tesis de prevaricación y tráfico de influencias. Un endurecimiento que ha contribuido a tensar aún más la lectura final del caso. Frente a ello, la defensa sostiene que no existe base suficiente para una condena penal y que, en el peor de los casos, el asunto debería quedar en el terreno administrativo o incluso prescrito en algunos de sus extremos.