Una web sobre el legado de Franco desafía al Gobierno en plena ilegalización de la fundación
El portal www.generalfranco.com se nutre en un 20% de los fondos que alberga la entidad en el punto de mira de Sánchez

Pedro Sánchez y Francisco Franco con el Valle de los Caídos de fondo. | Ilustración de Alejandra Svriz
Una nueva web sobre el legado de Francisco Franco (www.generalfranco.com) recopila cientos de documentos «sobre la Guerra Civil Española, la Segunda República y el devenir de España durante gran parte del siglo XX» en plena ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez para ilegalizar la fundación creada tras el fallecimiento del dictador. Precisamente una parte importante de los documentos que aparecen en ella, en torno a un 20%, forman parte del fondo bibliográfico que atesora la Fundación Francisco Franco.
El nuevo portal, impulsado por Álvaro Romero y que se define como «la web más completa» sobre la figura de Franco, está dedicada «al estudio del legado histórico» de este último y «al debate público surgido en torno a la memoria histórica en España» a raíz de la ley del mismo nombre, aprobada en 2007 bajo el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La exaltación de la persona que encarnó el franquismo tras la Guerra Civil está prohibida por la ley de Memoria Democrática de 2022, donde hay un punto de la misma que faculta al Gobierno para iniciar procedimientos judiciales de extinción e ilegalización de «organizaciones o fundaciones» que hagan apología del franquismo o inciten al odio contra las víctimas.
«El proyecto nace con el objetivo de reunir en un único espacio miles de documentos, fotografías, artículos, discursos, cronologías, testimonios y recursos históricos que permitan a investigadores, estudiantes y público interesado acceder a una amplia base documental», se defiende Romero, quien estuvo el año pasado también detrás de la creación de Plataforma 2025 con la que se quiso contraprogramar el llamado año Franco que impulsó el Ejecutivo.
El Gobierno promovió poco después ante la Fiscalía la ilegalización de Plataforma 2025 «por exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura», en palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien añadió en sus redes sociales que los hechos denunciados presentaban «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». Sin embargo, el Ministerio Fiscal archivó meses después la petición gubernativa.
Romero señala que la nueva web incorpora «decenas de secciones temáticas» que abarcan aspectos políticos, sociales, militares y culturales de la época, «incluyendo hemeroteca, galería fotográfica, documentos históricos, cronologías, biografías, vídeos, testimonios y material bibliográfico», tanto del período de la Guerra Civil como de los sucesivos gobiernos posteriores presididos por Franco. Incluso, se inserta una carta pública de agradecimiento a los españoles de Carmen Polo, esposa del dictador, tras el fallecimiento de este último en noviembre de 1975.

«GeneralFranco.com nace con la vocación de preservar, recopilar y difundir documentación histórica relacionada con una etapa fundamental de la historia de España. En un momento en el que determinadas interpretaciones oficiales impulsadas por la Ley de Memoria Democrática están generando un intenso debate social e historiográfico, creemos necesario que investigadores, estudiantes y ciudadanos sigan teniendo acceso libre a documentos, testimonios y fuentes históricas para formar sus propias conclusiones», subraya el autor del portal.
Romero constata, además, que «la posible desaparición de entidades históricas como la Fundación Nacional Francisco Franco ha llevado a muchos simpatizantes, investigadores y estudiosos a preguntarse dónde podrán seguir consultando parte de ese patrimonio documental». Por ello, su web sobre la figura del general «pretende convertirse en uno de esos espacios de referencia, abierto a la participación y colaboración de quienes desean preservar y difundir materiales relacionados con la historia contemporánea de España». Además de su contenido documental, la plataforma cuenta con un boletín informativo gratuito y presencia en redes sociales, desde donde se irán difundiendo periódicamente nuevos contenidos y materiales históricos.
«El proyecto mantiene una política de crecimiento continuo y prevé incorporar nuevas secciones, documentos inéditos, colaboraciones de investigadores y aportaciones de particulares que deseen compartir materiales históricos relacionados con la temática de la web», hace hincapié el fundador de la misma.
El 14 de abril, inicio de la ilegalización
El Gobierno solicitó formalmente el pasado 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, tras poner fin al proceso administrativo y concluir que esta entidad hace «apología» del franquismo y «humilla» a las víctimas de la dictadura, según anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
«Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura», señaló el ministro en una rueda de prensa.
Los trámites para solicitar la extinción de la citada fundación comenzaron en junio de 2024, al amparo de la ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones. Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación presentó alegaciones que fueron rechazadas por el departamento de Urtasun, el Gobierno dio un paso más al reclamar la extinción judicial y ha dejado ahora el asunto en manos de la Justicia, que es la que tiene la última palabra.
En concreto, el ministro firmó la resolución que servirá de fundamento para que se inste a la extinción por parte de la Abogacía del Estado, que es el órgano competente para hacerlo y el que dio el visto bueno a dicho procedimiento con un informe, en el que aseguró que la extinción que reclama el Gobierno es conforme a derecho.
