La directora de la Guardia Civil evitó investigar a la trama Leire pese a los avisos de dos unidades

El sumario del caso Leire Díez cerca a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. La Unidad Central Operativa (UCO) ha constatado que la denominada fontanera del PSOE mantuvo al menos tres reuniones con la máxima responsable del Cuerpo para, supuestamente, instarle a que iniciara una investigación interna contra mandos y agentes que investigaban casos de corrupción que afectaban a los socialistas y al entorno de Pedro Sánchez. Todo ello con el objetivo de perjudicar a la unidad de élite y torpedear las pesquisas.

El Ministerio del Interior siempre ha negado la mayor. Sin embargo, las declaraciones de dos altos mandos incorporadas a la causa apuntan a que González evitó investigar a la trama a pesar de que tanto la UCO como la Jefatura de Información de la Guardia Civil le advirtieron de su existencia hace más de un año. Desde Moncloa descartan que Sánchez estuviera al corriente y afirman que la directora de la Benemérita atendió a Leire Díez, aunque no en calidad de directora. E insisten: cortó la relación en cuanto supo de sus intenciones.

El general de brigada Rafael Yuste, que declaró como testigo ante los investigadores por las tres informaciones reservadas que la cúpula de la Guardia Civil le abrió cuando era jefe de la UCO por supuestas filtraciones a la prensa, aseguró que el 6 de mayo del año pasado, unos días antes de la incoación del primer proceso sancionador, la unidad de anticorrupción que dirige el teniente coronel Antonio Balas realizó una «nota de despacho» en la que se informaba de que la fontanera del PSOE «tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la UCO».

El aviso a González

Según el testimonio de Yuste, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la «gravedad de los hechos y que pudiera afectar a la unidad y a sus investigadores» le llevó a comunicar la situación a la cadena de mando «al objetivo de recabar toda la información existente y advertir de la misma a la autoridad judicial o fiscal para la apertura de una investigación». De esta forma, la nota llegó al superior jerárquico del entonces responsable de la UCO, el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López Malo, que dos días después, el 8 de mayo, despachó sobre el asunto con el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.

López Malo, que también declaró como testigo por la apertura de expedientes a la UCO, que depende orgánicamente de la Policía Judicial, dio continuidad a este relato y explicó que durante la citada reunión «precisó al DAO de la connivencia, a su criterio, de que el contenido de dicha nota fuese puesto en conocimiento de la directora de la Guardia Civil». Sin embargo, a raíz de esa propuesta, el máximo mando uniformado le manifestó que González «ya era conocedora de la misma» y, como prueba de ello, le hizo entrega de una «nota dimanante de la Jefatura de Información, y muy similar a la de la UCO».

En esa nota, que se había facilitado a la cúpula del Cuerpo a finales de abril, se detallaba la campaña iniciada por Leire Díez para atacar a la UCO. Una trama que «se encontraría respaldada para dicha situación por (el ex secretario de Organización del PSOE) Santos Cerdán, teniendo a su vez conocimiento del objetivo y finalidad de la misma la directora Mercedes González». Tras tener conocimiento de ese segundo diagnóstico, el jefe de Policía Judicial advirtió de nuevo al coronel Yuste. Sin embargo, esa presunta persecución contra los agentes de la unidad de élite se quedaría ahí, en esas conversaciones.

Preguntado expresamente si esos hechos se pusieron en conocimiento del fiscal o de un juez, el exjefe de la UCO afirmó ante los investigadores que «nunca le constó» que se realizara dicha comunicación desde la cadena de mando. Por lo que, según se desprende del testimonio de Yuste y López Malo, la directora de la Guardia Civil conocía la existencia de la trama Leire y los ataques contra los agentes desde hacía al menos un año, pero no dio traslado de esos presuntos actos ilícitos a las autoridades para iniciar una investigación.

«Hay que ponerse de perfil»

Distinta fue, en cambio, la postura que adoptó para investigar antes y después a la UCO por las supuestas filtraciones de las investigaciones a la prensa, aunque en ningún caso prosperaron. El DAO de la Guardia Civil, siguiendo las órdenes de González, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas (el paso previo al expediente disciplinario) contra el jefe de la UCO.

El general relató a los investigadores de la UCO que se le abrieron tres informaciones reservadas, la primera en diciembre de 2024, que «nunca se le notificó formalmente», sino verbalmente a través de su superior; y otras dos, en mayo y septiembre de 2025, esta última apenas a unos meses de que el Ministerio del Interior le ascendiese a general y forzase su salida de la jefatura de la UCO.

Sin embargo, según relató Yuste, esas presiones para torpedear las investigaciones no solo se tradujeron en procesos internos por su presunta mala praxis, sino que también fueron directas por parte del máximo mando uniformado del Cuerpo. El teniente general Manuel Llamas dio en julio de 2024 órdenes al coronel jefe de la UCO de que en las investigaciones que tuvieran afectación política, en relación con las que seguían contra dirigentes del PSOE y personas del entorno del presidente del Gobierno, en concreto con el caso de su hermano, David Sánchez, los agentes no debían ser proactivos en las mismas, sino que «debían ponerse de perfil», a la espera de que la autoridad judicial tomase la iniciativa. 

Las presiones políticas directas sobre las pesquisas que seguía la UCO no solo se quedaron en ese episodio. El alto mando también reveló otro, apenas días antes del previamente citado, en el que el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos le dio diversas instrucciones sobre informes que debía realizar la unidad anticorrupción que dirigía Balas para la causa contra David Sánchez en Badajoz. Una versión que también fue confirmada posteriormente por el general López Malo.

La reunión con el exdirector

Al parecer, Marcos advirtió a Yuste de que los requerimientos de la UCO sobre los correos electrónicos del hermano del presidente eran «totalmente prospectivos y malintencionados». Por ese motivo, la credibilidad de la unidad de la Guardia Civil «estaba por los suelos». Tras esa conversación, el entonces director del Cuerpo dio un plazo de una semana para que «los informes a efectuar por la unidad estuviesen analizados y no hubiese nada». Un extremo al que Yuste se negó en rotundo, afirmando que «era materialmente imposible, ya que se debían analizar los emails y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la autoridad judicial».

La trama liderada por Leire Díez y Cerdán, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, buscaba desestabilizar los citados casos de corrupción del PSOE mediante dos vías. Una, presionando a los agentes con expedientes promovidos desde la cúpula del Cuerpo. La otra, obteniendo información sensible de la unidad de élite y de sus miembros para perjudicar las pesquisas a través de personas que estuviesen investigadas por la Fiscalía y buscasen beneficios en sus procesos judiciales. Un objetivo que completaron, por ejemplo, con un exmando de la UCO, el capitán Juan Sánchez Yepes, expedientado y suspendido por la Guardia Civil el lunes pasado tras ser imputado por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.