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Detenidas seis personas en la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

La Guardia Civil registra el despacho de la concejal socialista de Turismo y dos domicilios particulares

Detenidas seis personas en la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de la operación contra una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Soria. Una investigación dirigida por el Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Soria y coordinada por la Fiscalía Provincial, que ha incluido registros en dependencias municipales y en dos domicilios particulares. Según fuentes próximas a la investigación consultadas por THE OBJECTIVE, cuatro de las detenciones se han practicado en la provincia de Soria y las dos restantes en la Comunidad de Madrid. Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas. Los agentes siguen trabajando para el «completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mismos».

Los investigadores indagan la posible comisión de seis delitos durante la etapa de Carlos Martínez, actual líder del PSOE en Castilla y León: tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. A primera hora de la mañana, varios agentes accedieron al Ayuntamiento de Soria para llevar a cabo un registro centrado, según la Subdelegación del Gobierno, en documentación vinculada al área de Turismo y Comercio del consistorio, cuya titular es Yolanda Santos Grande.

El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias, que se producen justo en la semana en la que la ciudad castellana celebra sus fiestas patronales de San Juan. «Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse», añadió el consistorio gobernado por el PSOE en un comunicado.

El socialista Carlos Martínez Mínguez ha estado más de 18 años de alcalde en Soria, encadenando mayorías absolutas en las últimas legislaturas, y las acusaciones de «nepotismo» le han salpicado desde sus primeros pasos al frente del consistorio. Al fichaje de una cuñada como jefa de prensa o la adjudicación de licitaciones navideñas a la empresa de flores del marido de una prima, se unió recientemente la polémica contratación hace casi tres años de una hermana tras un controvertido examen teórico. Todo ello dio pie a que desde la oposición se le acusase de ejercer el «caciquismo».

THE OBJECTIVE desveló en la campaña de las elecciones autonómicas que el candidato del PSOE a los comicios del 15-M contrató en 2023 a su hermana María del Carmen para coordinar un proyecto medioambiental con 19 iniciativas. Su incorporación laboral al consistorio, tras una convocatoria del puesto firmada por el propio alcalde, tenía una duración de dos años y medio, y se licitó con la ayuda de una subvención de tres millones de euros de fondos europeos que recibió el Ayuntamiento soriano.

Puesto municipal que sigue ocupado por la familiar del regidor socialista, aun con el contrato vencido, gracias a una prórroga de seis meses que no estaba contemplada en las bases del concurso que el Ayuntamiento de Soria declinó explicar a este periódico en ese tramo final de la campaña de las autonómicas del 15-M.

Era el tercer caso de un familiar de Carlos Martínez que se beneficiaba de su condición de regidor soriano. El primer fichaje controvertido fue el de su cuñada Sandra Boutefeu en 2011 como jefa de prensa. Aquella decisión fue tildada de «auténtica vergüenza» por parte del PP, al crearse una plaza eventual que no existía hasta ese momento. Los sindicatos habían pedido que el nombramiento no fuese a dedo, sino que ese puesto lo ocupase personal funcionario de carrera o laboral de plantilla, con la posterior convocatoria en la oferta de empleo público, bien por «promoción interna o por convocatoria libre». El alcalde hizo caso omiso.

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