La 'bulocracia' sanchista: de los sabotajes, los DNI de Peinado y la bomba lapa al hantavirus

Todos los grandes escándalos que envuelven al Gobierno de Sánchez y al PSOE han fluido por las cañerías de La Moncloa, donde sus fontaneros los han destilado para reducir su impacto social. La bulocracia del sanchismo ha activado la maquinaria monclovita y su red de voceros mediáticos para difuminar y desvirtuar los casos de corrupción que han hecho temblar los cimientos del número 70 de la calle Ferraz y el palacio de Presidencia del Gobierno. Al mismo tiempo que sus portavoces se quejaban al unísono del «fango de la fachosfera» ponían en marcha el ventilador airea-patrañas contra jueces, periodistas y políticos de la oposición, entre otros objetivos. Incluso los gladiadores sanchistas del dúo López —Patxi y Óscar— y de la dupla Óscar —López y Puente— han inventado la táctica del «recontrabulo»: denunciar un supuesto bulo con otro bulo prefabricado por ellos. 

Otro ejemplo de aurora boreal: María Jesús Montero, posiblemente la mayor experta lanzabulos, comenzó su campaña electoral en Andalucía remachando que el PP los había echado del poder utilizando los bulos de los ERE contra Chaves y Griñán y ayudados por fallos judiciales tendenciosos. Los dos expresidentes de Junta condenados por el Tribunal Supremo arropaban a la candidata socialista en el cierre de campaña junto a Sánchez. Para algunos, aquella era la foto de la indignidad.  

A falta de argumentos jurídicos o pruebas contradictorias, los socialistas no han logrado con sus bulos y bolas amortiguar los efectos nocivos de casos como la dana de Valencia; el accidente de Adamuz, el caos de Renfe y la falta de mantenimiento de las vías de ADIF; los trinques de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y otros notables sanchistas; el apagón que mantuvo a España un día a oscuras; el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México o la maniobra del fiscal general del Estado contra la presidenta madrileña y su pareja; la campaña contra los periodistas independientes; los tejemanejes de la «primera dama» monclovita Begoña Gómez y, por último, el reality show del hantavirus en el puerto canario de Granadilla de Abona o la muerte de dos guardias civiles cuando perseguían a unos narcos por aguas onubenses. No están todos, pero sí los más hilarantes. 

Para contrarrestar o desviar la atención de cada uno de estos escándalos, los buleros de Sánchez emplearon todo tipo de embustes, aplicando los manuales que Iván Redondo dejó escritos en los cajones de Moncloa: las elecciones se ganan en las trincheras imponiendo el relato a pesar de que la verdad se convierta en víctima.

Sobre la dana valenciana y la inmolación de Mazón —«si necesita más recursos, que los pida», Sánchez dixit—, la maquinaria monclovita ha intentado tapar su inoperancia y su desidia, viendo desde la barrera la caída del expresidente valenciano, mientras hacía trampas en el solitario con cifras amañadas de las ayudas. 

El ejecutivo ha sacado pecho con la entrega de casi 8.000 millones en ayudas, repartidos entre particulares y empresas dañadas por la riada, más 800 en créditos y 750 en ejecuciones directas, según las cifras oficiales. En total, casi 9.500 millones. Sin embargo, el portavoz de los populares en las Cortes valencianas, Fernando Pastor, denunció que solo se ha ejecutado el 21% de lo prometido por Sánchez después de 20 meses. Las cuentas del Gobierno ocultan que más de 30.000 ciudadanos siguen sin cobrar las ayudas de primera necesidad y la línea C3 de Cercanías sigue inoperativa. La Moncloa oculta su inoperancia y su desidia política con un baile de números y centrando todo el foco en Mazón, a quien eliminaron civilmente, mientras sus promesas eran un brindis al sol.

Puente, el mayor bulero del sanchismo

El accidente de Adamuz con 46 muertos y las múltiples averías en la red viaria de ADIF, empresa pública perteneciente al Ministerio de Transporte, activaron el manual de resistencia del titular de la cartera, Óscar Puente. El señalado por la oposición como el mayor bulero del Gobierno —para eso lo escogió Sánchez, «su puto amo»— puso en marcha el ventilador de las martingalas para ocultar lo evidente: el descarrilamiento se había producido por un fallo en la soldadura de dos railes y por la desidia en el mantenimiento de la red ferroviaria de larga distancia y de cercanías. ¿Por qué es tan importante aprobar los Presupuestos generales todos los años en fecha y forma? 

El ministro también se apuntó la moda de los recontrabulos creando una web oficial del Ministerio para, según él, combatir las «narrativas no veraces» sobre el accidente.  El mayor bulo de Transportes ha sido el calificar como falsas o sesgadas más de 30 noticias periodísticas sobre el choque de trenes.

El ministro mentía cuando, el 23 de enero, lanzó otro bulo: «La rotura se produjo en minutos u horas previas al descarrilamiento». E insistió en que la fractura tuvo que ser «de un carácter leve y pequeña», que no interrumpió la corriente eléctrica del carril y no activó los sistemas de alarma automáticos. Era una manera de desviar las responsabilidades por algo que presentaba como fortuito cuando los raíles llevaban rotos un día o más, según los técnicos. 

Puente ya había entrado en la deriva bulera nada más llegar al ministerio, calificando el robo por unos cacos del cobre de unos cables de las vías como un sabotaje al AVE. Después negó la evidencia sobre el año de fabricación (1989) de la vía de Adamuz afectada, según publicó El Mundo. Tuvo que recular, reconociendo las erosiones en las vías. Y para crear más confusión, al principio, calificó el accidente como «extraño». Algunos entendieron que, subrepticiamente, quería introducir nuevamente el fantasma del sabotaje como el pillaje de la banda de delincuentes comunes. 

Otro bulo fue la afirmación de que la red se había renovado «de punta a punta» y «completamente». Mentía porque había sido parcial después de 30 años de uso. Por ello tuvo que dar la cara por enésima vez para cambiar el verbo «renovar» por «revisar».  También divulgó el bulo de que iba a invertir 1.300 millones para modernizar la línea C-5 del Cercanías de Madrid que pertenece a Renfe. Hacía esa promesa a sabiendas de que carecía de presupuestos y, por tanto, era inviable.

El caso Ábalos —en el proceso judicial lo llaman caso Koldo y no sé por qué cuando el protagonista es el exministro—, el segundo en la línea en el mando de la trama criminal a decir por Aldama, también ha generado una avalancha de bulos propagados desde La Moncloa y Ferraz. El más ocurrente, repetido hasta la saciedad por los altos cargos socialistas —también de Sumar—, es que el presidente fue implacable cuando se percató de los brotes de corrupción en Ábalos y su entorno. A partir de ahí, Sánchez lo fulminó del Ministerio en 2021, y dio por zanjada la crisis. Esa fue la versión oficial con tufo a cuento chino. 

Sobre Ábalos —el falso «progresista y feminista»—, el Gobierno reaccionó con una serie de bulos teledirigidos por todos sus ministros. Eso sí, omitían que el secretario de organización socialista —número dos de facto del partido y el responsable del Ministerio con más presupuesto del Gobierno— fue incluido en las listas al Congreso de los Diputados por Valencia, sin duda alguna, con la intención de blindarle con un aforamiento de cara a su futuro penal y mantenerlo con la boca cerrada. Ocupaba el segundo puesto en la candidatura en las elecciones generales de 2023, detrás de Diana Morant y junto a otras nueve mujeres, más tres sustitutas. En ese momento, antes de obtener el acta de diputado, ya era de dominio público dentro del PSOE que el dirigente valenciano era un contumaz putero, que había financiado a sus prostitutas con fondos públicos. 

Ábalos y sus compañeras feministas de papeleta

Lo más sorprendente era que Ábalos en la papeleta electoral formaba el ingrediente central de un sándwich completado con dos militantes socialistas que se declaran también «feministas y progresistas»: Diana Morant y Carmen Martínez Ramírez, ambas exalcaldesas de Gandía y Quart de Poblet, respectivamente. Para condimentarlo, el pepinillo era la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la también feminista Pilar Bernabé. Ábalos no fue expulsado del partido hasta que, en 2024, dos años y pico después de su cese, estalló el mal llamado caso Koldo. Hasta entonces, nadie abrió la boca. 

Solo la abrieron para propalar otra engañifa: la de una total colaboración de los socialistas con la Justicia para que se supiera la verdad, cayera quien cayera. Que se lo pregunten al juez Peinado. La sustituta de Ábalos en el Ministerio de Transportes, la actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, mantuvo intacta toda la estructura del ministerio que hoy es investigada en varios procesos judiciales; Isabel Pardo de Vera fue ascendida a secretaria de Estado; Ángel Contreras, elevado a presidente de ADIF; Javier Herrero, siguió director de Carreteras… Sin olvidar al socio Santos Cerdán, que se encargó de la Secretaría de Organización del PSOE, de facto el número dos. Todos se convertían en lampedusianos para ajustarse a la máxima de «si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie». Así lo hicieron ver.

El apagón de hace un año que mantuvo a oscuras a España todo un día también propició una sarta de bulos. Cuando ya era evidente el origen de la caída del sistema eléctrico, la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor —una sanchista de pro, superagradecida—, impidió que los españoles conocieran las causas del corte de luz, nunca asumió su responsabilidad y echó las culpas a las compañías eléctricas. La exministra de Vivienda (2008-2010) durante la última legislatura de Rodríguez Zapatero sigue con su bulo de que la culpa es de las operadoras y se niega a aclarar a fondo lo ocurrido. Por encima de todo, su misión consiste en cubrir las espaldas del número uno.

Algo similar ocurre con Óscar Puente, la pareja del otro Óscar de Madrid en la retroalimentación de bulos. El dúo se ha ganado el sueldo desde que Sánchez los sentó alrededor de la sala del Consejo de Ministros. Óscar de Valladolid se cebó con la compañera de The Objective, Ketty Garat, porque ella acertó en la diana desvelando las miserias de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán (recomiendo su libro: Todos los hombres de Sánchez). El ministro, aprovechándose de su posición dominante y de manera cobarde, la atacó con una serie de embustes. El primero: «Tú no eres periodista. Eres una intoxicadora profesional. Señalar tus mentiras es una obligación cívica». 

Tan ilustrado estaba el ministro que, tras negar la contratación de la escort Jésica por Ineco, rectificó afirmando que su currículum era «compatible con los requisitos exigidos en la vacante». Otro bulo sobre Jésica: «Se inició el proceso para valorar su idoneidad para el puesto ofertado, se realizó una entrevista personal y el resultado obtenido en dicho proceso fue favorable», según Puente.

Otro periodista zarandeado por la dupla Óscar fue el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta. ¿Su delito? Desvelar en exclusiva que un fiscal y el novio de Isabel Díaz Ayuso negociaban un pacto para asumir dos delitos fiscales, como asumen todos los años miles de empresarios. Desde la Fiscalía General del Estado se filtró el documento en el que se reflejaba esa conformidad por parte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, incurriendo en un delito de revelación de secretos. Los primeros espadas del Gobierno lanzaron la campaña de que la Fiscalía solo pretendió «desmentir un bulo».  Y esa fue la doctrina de La Moncloa hasta que se desinfló la patraña con la condena del fiscal general García Ortiz. En resumen: los fontaneros socialistas urdieron un bulo para contrarrestar, según ellos, otro supuesto bulo que, realmente, era una información veraz, como sentenció el Tribunal Supremo.

Pim pam pum contra Peinado

La Moncloa activó la sala de máquinas cuando Sánchez se topó con que su hermano y su mujer habían comprado todas las papeletas para sentarse en el banquillo de los acusados por graves delitos. Ese miedo escénico provocó la salida en tromba de todo el Gabinete en defensa de la primera dama y del hermanísimo. ¿El mejor ataque? Desacreditar a los periodistas autores de las informaciones y al juez Juan Carlos Peinado, que investigaba a Begoña Gómez por los delitos de cohecho, soborno, malversación y tráfico de influencias. Tal osadía lo llevó a sufrir una sangrienta campaña de los socialistas con bulos y patrañas. Filtraron falsamente a los medios amigos que había adquirido varias propiedades con dos documentos de identidad distintos, facilitaron el domicilio de su vivienda familiar, lo acusaron de ser un juez prevaricador y lo señalaron como un magistrado que actuaba por razones políticas en una operación de lawfare, lo que en lenguaje sajón significa una guerra judicial: el uso de la maquinaria legal para desprestigiar o neutralizar a un adversario político. Dos de las acusaciones más graves con las que pueden atacar a un juez.  

En esa línea, el ministro de Justicia y notario mayor del Reino, Félix Bolaños, lanzó el bulo de que parte de las resoluciones de Peinado no se ajustaban a derecho y Óscar Puente, siempre dispuesto a dar la nota, calificó el trabajo del magistrado como una forma de «violentar» a los representantes democráticos. Todo por salvar los excesos y los graves delitos de la mujer del presidente. En el Reino Unido, por mucho menos, un ministro putero o una esposa que se haya beneficiado de su posición para hacer negocios provocarían la salida inmediata del primer ministro del número 10 de Downing Street. 

El último espectáculo, desgraciadamente trágico por las muertes de varios infectados y el riesgo a un contagio de un grupo de españoles, ha sido el caso del hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha buscado un protagonismo mediático para tapar su fracaso en la huelga de médicos y buscarse su futuro profesional. Esa ambición ha generado una crisis política y social que se habría resuelto de una manera más sensata y comedida: fletando un avión y repatriando a los pasajeros españoles del crucero bajo todas las medidas de seguridad sanitaria, de Cabo Verde a Torrejón y de allí al Hospital Gómez Ulla. Y que el barco Hondius —el apellido de un histórico cartógrafo flamenco— hubiera puesto rumbo a Holanda, su destino final. Pero el Gobierno se adelantó a San Juan y no dejó pasar la oportunidad de unas jornadas de fuegos artificiales. 

Si como la versión oficial se basaba en que ninguno de nuestros compatriotas había dado positivo en las pruebas, ¿para qué tanta impostura en un operativo que olía a ficticio? Después, tras su llegada a Madrid, se descubrió el pastel: tras someterlos a una PCR, se pudo comprobar que uno de ellos sí estaba infectado. A la ministra de Sanidad no se le ocurrió ordenar un análisis antes de abandonar el barco porque podía trastocar sus planes y reventar su montaje. El presidente canario, Fernando Clavijo, que desde el primer momento se opuso a la operación diseñada desde Madrid sin consultar con él, fue claro y preciso: no se realizaron las pruebas en el crucero antes del desembarco porque temían que pudiera haber algún contagiado. Esa jugada fue otra de las trapacerías del trío de ministros: Mónica García, Grande-Marlaska y Torres.    

Si la dirigente de Más Madrid ha salido reforzada tras el montaje del hantavirus, quien se ha pegado un tiro en el pie ha sido el ministro canario Ángel Víctor Torres, que aspira a recuperar en las próximas elecciones autonómicas la Presidencia de Canarias. La sensación de los votantes de las islas es que su candidato ha priorizado su pleitesía a Sánchez antes que los intereses canarios. Torres se ha hecho el harakiri en medio de una sarta de bulos para justificar el capricho de La Moncloa. El bochorno llegó cuando sus compañeros de partido se presentaron en el parlamento canario con camisetas serigrafiadas con imágenes de ratones. Una burla hacia el presidente de su comunidad, que había alertado a Sanidad del peligro de que en el barco habitaran roedores y saltaran a tierra si la nave atracaba en el puerto. En España se han puesto las camisetas desde que Compromís y el PSPV las usaran para demonizar a Francisco Camps. Después también las fabricaron con las imágenes de Rita Barberá y Carlos Mazón.

Los bulos y eufemismos de Marlaska

El primer bulo del hantavirus brotó en la primera rueda de prensa de Mónica García y Grande-Marlaska. Los dos justificaron la implicación de España en aquella aventura, que afortunadamente le salió bien a costa del erario público, porque estaban comprometidos ante la OMS por «una obligación legal» y por motivos humanitarios. No decían la verdad. Aquello sonaba a bulo. España, como Marruecos y Cabo Verde, podría haberse ofrecido a colaborar con la OMS por razones humanitarias, pero no lanzar el órdago de asumir el problema. Ningún precepto legal le ataba, al margen de que el Gobierno haya paseado el bulo de la obligatoriedad. Esa responsabilidad le correspondía antes a Holanda o a otros países con más pasajeros de su nacionalidad a bordo del barco, que disponían de la misma capacidad técnica para afrontar la crisis. 

Grande-Marlaska se vio obligado a compatibilizar la crisis del hantavirus con la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían una lancha de narcotraficantes.  No era la primera vez que los narcos acosaban a los servidores del orden y acababan con la vida de agentes policiales en acto de servicio. Pero en esta segunda ocasión surgía una gran diferencia: el ministro podía haberlo impedido si previamente hubiera facilitado a los guardias los medios adecuados para enfrentarse a sus asesinos. Los familiares de las víctimas no perdonan al Gobierno que ni Marlaska ni ningún otro ministro tuvieran la gallardía de presentarse en el entierro. 

Entre la polémica acerca de los infames eufemismos del ministro del Interior sobre la muerte de los guardias «por accidente» y de la candidata Montero por «accidente laboral», desde el Gobierno y el PSOE han afeado a Feijóo y otros dirigentes populares su vileza por «[utilizar] a los muertos para hacer política». 

Era la única salida para enturbiar el desbarre de los servidores de Sánchez, pero los sanchistas se olvidan de que un atentado yihadista con 191 muertos y 1.857 heridos propició el 14-M de 2004 la llegada de Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Durante tres días, en unas elecciones que nunca se debieron celebrar, PSOE y PP se enzarzaron en un debate cainita, plagado de bulos y desinformaciones por parte de los dos partidos mayoritarios. Lo más estentóreo fue una manifestación contra los populares en la mismísima puerta de su sede durante la jornada de reflexión.   

Si en campañas anteriores contra el PP o Vox las invectivas de los socialistas cuajaron en el imaginario colectivo, ahora, frente al desbordamiento de los casos de corrupción, resulta más difícil imponer su relato a la opinión pública. Si en el escándalo de la caja B de Génova lograron colar como verdad la destrucción de un disco duro con un martillo en la misma sede del partido o vincular al tesorero Bárcenas con un tal «Luis el Cabrón» hasta el mismo día del juicio, ahora esos malabarismos resultan más difíciles de calar. 

Por cierto, el investigador de la UDEF del caso Gürtel, el inspector Manuel Morocho, el mismo que se presentó ante el Tribunal Supremo como un héroe solitario que, como san Jorge, peleó contra un dragón y se enfrentó al maligno Rajoy, mantuvo esa doble falsa identidad del tesorero del PP a sabiendas de que correspondía a otra persona. 

Si a los sanchistas les funcionó desviar toda la responsabilidad de la dana al expresidente valenciano Carlos Mazón, ahora han fracasado al intentar vincular a Núñez Feijóo con el traficante gallego Marcial Dorado por culpa de una foto de hace 30 años. La portavoz del PSOE, Monserrat Mínguez, para encubrir las banalidades de Montero y Grande-Marlaska —boutade «accidente laboral»— sobre la muerte de dos guardias civiles a manos de narcos, ha atacado al líder del PP: «Escuchar a Feijóo me produce sonrojo. Quienes se fotografían amistosamente con los narcotraficantes…». 

La diputada catalana fue secundada por Óscar López, que suele apuntarse a todos los saraos y se ha convertido en una factoría de bulos: «Habría que preguntar a Feijóo sobre su turismo con un narco o algo así». Pero esas patrañas ya no cuajan en la ciudadanía. Esa bala contra Feijóo ya fue utilizada en su día por los socialistas, la SER y El País y erraron el tiro.

Los socialistas catalanes, en connivencia con los independentistas de Junts y ERC, también lograron construir el relato de una «policía patriótica» que había perseguido a dirigentes independentistas. Eso sí, omitían que las investigaciones iban dirigidas al grupo criminal de la familia Pujol y otros políticos corruptos catalanes. Ahora, el juicio desarrollado en la Audiencia Nacional está demostrando que los Pujol formaban una banda organizada que cobraba mordidas y comisiones, según las pruebas de los fiscales. 

También algunos socialistas del PSC compraron el bulo de que el CNI había participado en el atentado de las Ramblas de Barcelona. La campaña fue orquestada por los independentistas con la ayuda de los medios controlados por el trotskista Jaume Roures, pero no influyó en el desmérito de los servicios secretos. 

Algo parecido pasó con Pablo Iglesias, a quien los sanchistas apoyaron para que Podemos no decayera en las elecciones de Madrid. A una mente pensante se le ocurrió inventarse la amenaza de muerte por medio de un sobre con una bala, supuestamente, remitido al líder podemita. Como la intentona fracasó, acudieron al plan B del teléfono robado a su asesora Dina Bousselham. Como resultó otro descalabro y además produjo un efecto bumerán, El País y la SER, una vez más, se conjuraron para salvar al soldado Iglesias, gran pilar del sanchismo: se aferraron al informe policial PISA (Pablo Iglesias SA) sobre la financiación de Podemos con fondos de Irán y Venezuela. Lo presentaron como una operación de espionaje político contra los morados. Lo chocante era que, meses antes, la emisora de Prisa se había atribuido la exclusiva del dosier PISA, que desvelaba en su página web. Entonces, el director de los informativos de la emisora era el mismo que denunciaba a otros medios por acosar a Podemos con informaciones falsas.

Fue Moncloa la que también filtró el bulo de la bomba lapa a uno de sus medios predilectos. Los inductores tergiversaron y manipularon la noticia ya prefabricada. Según sus fuentes, el capitán de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, había tenido la intención de colocarle a Sánchez una bomba lapa debajo de su coche, algo realmente imposible ante las excelentes medidas de seguridad que disfruta el inquilino de la Moncloa. Después, la máquina monclovita colocó el bulo en TVE española y otros medios amigos, a sabiendas de que era una falsedad. Tuvo que ser una periodista, Ketty Garat, la que denunció en THE OBJECTIVE la maniobra revisando los más de 6.000 mensajes que Bonilla había intercambiado con uno de sus confidentes.

La jugada le salió mal, pero las mentes calenturientas de la fontanería socialista ya habían conseguido lo que pretendían: colocar el bulo en el relato y en el subconsciente de la opinión pública, dignificando a Sánchez como un héroe que se enfrentaba a la más vil fachosfera de España. Al mismo tiempo, desviaba el interés social por los casos de corrupción que acosaban a la Moncloa.

Montero atrapada en sus propias trampas   

La última demostración de esa estrategia de confundir a los ciudadanos con bulos y falsos debates ha sido la campaña electoral en Andalucía. La candidata socialista, María Jesús Montero, ha centrado su discurso en una realidad distópica sobre la sanidad y la vivienda, fácil de desmontar, como veremos más adelante. Sobre todo, cuando ha ensalzado los logros de su gobierno, olvidándose de la crisis generada por el sanchismo en la oferta de viviendas para los jóvenes. 

La vicepresidenta primera (2023-2026) y ministra de Hacienda (2018-2026) de Sánchez, que se ha mantenido en el Gobierno central desde 2018 y, anteriormente, fue consejera de la Junta de Andalucía en Sanidad (2004-2013) y Hacienda (2013-2018), ha tenido la torpeza de escoger como estandarte político dos causas en las que partía de cero y en desventaja. Ha intentado salir adelante con cuentos y manipulaciones, pero finalmente le estalló el globo en la recta final. 

Quien se presentó como la mujer más importante de España desde el inicio de la democracia está calentando su escaño en Madrid en la tercera fila del grupo parlamentario socialista. Sánchez es un vendaval que se lleva por delante todo lo que toca, aunque la verdad es que, si Montero se pega el tortazo electoral, la responsabilidad recaerá sobre el mismísimo presidente. Fue él quien la designó digitalmente en contra de la opinión de los socialistas andaluces.

Sobre la sanidad, Montero ha destacado en casi todas sus intervenciones por sus falsedades y exabruptos. Ha propagado el bulo de que «Andalucía está en la cola de las intervenciones quirúrgicas» y que los andaluces se ven obligados a esperar 600 días para ingresar en un quirófano. Una doble patraña: el farolillo rojo de las esperas lo ocupa Cataluña con 147 días y los andaluces no sufren una demora de 600 días para ser intervenidos, sino 135, según datos del Ministerio de Sanidad del mismo Gobierno del que Montero ha sido ministra durante ocho años. Si de por sí la cifra de cuatro meses y medio es ya todo un sinsentido, la inventada por Montero de casi dos años sería todo un abismo. 

Como contraataque, la exvicepresidenta ha propuesto la contratación de 18.000 sanitarios cuando, siendo ella consejera de la Junta socialista, recortó la plantilla del sistema de salud en 8.000 profesionales.

Montero también ha acusado al gobierno de Moreno Bonilla de originar el fallecimiento de 3.700 personas por culpa de las listas de espera y el retraso en las operaciones. La inculpación la explotaba el mismo día en que la Justicia condenaba a la Consejería de Sanidad por la muerte de una paciente mientras ella era su máxima responsable.

Entre proclamas guerracivilistas y trasnochadas como «no pasarán», la candidata sanchista también acudió a la confrontación entre la sanidad privada y pública, acusando a Moreno Bonilla de premiar a las empresas privadas. Una vez más, los sanchistas se aferraban al «síndrome Quirón» manoseado por Más Madrid al acusar a los populares de dejar morir lo público. Otro bulo, porque las relaciones del Gobierno de Sánchez con el grupo Quirón han sido siempre directas y constantes. 

Varios de sus ministerios, como Transporte y Justicia, y por empresas públicas como Correos o el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) han contratado los servicios sanitarios de Quirón, manejándose cifras supermillonarias para prevención de riesgos laborales y asistencia médica. Asimismo, es sabido que altos cargos y ministros del Gobierno de Sánchez han utilizado como pacientes los centros médicos de la compañía privada. 

El bulo monclovita de la vivienda

Tiene su gracia que la vivienda haya sido uno de los temas elegidos por María Jesús Montero contra Moreno Bonilla en su campaña para las elecciones que se celebran hoy en Andalucía cuando se trata de la competencia sobre la que más bulos ha proporcionado al Gobierno sanchista. La exvice ya ha olvidado que ella se sentaba en la mesa ovalada del Consejo de Ministros. 

El presidente del Gobierno lleva desde hace años enfatizando las políticas de vivienda con mentiras y enredos. Han manejado el bulo de cifras estratosféricas que nunca se han efectuado ni se completarán, aunque Sánchez ganara las elecciones de 2027. El mensaje inveraz más recurrente ha sido la construcción de 184.000 nuevas viviendas para alquileres sociales. 

Las cifras manejadas por Sánchez desde 2021 han ido variando en función de los intereses electoralistas: pasó de 20.000 a 184.000. Todo una trola y una tomadura de pelo a los votantes. El baile de cifras ha llevado al Ministerio de Vivienda a asegurar que el Gobierno tiene ya en marcha, a día de hoy, 120.479 viviendas, algo que resulta improbable e indemostrable, sobre todo porque Vivienda no aporta las pruebas.

Pero quien más ha manipulado el gancho electoral de la vivienda ha sido el propio presidente Sánchez.  En 2021 aseguró que 30.000 viviendas estaban listas para inquilinos jóvenes, de las 100.000 que prometía sacar al mercado en su nuevo plan de vivienda. Tampoco cumplió su palabra. Nuevo bulo.

En enero de 2022, el Gobierno presentó el Plan Estatal de la Vivienda (2022-2025), que sustituía al de 2018-2021. En la actualidad se desconoce cuáles han sido los frutos de tales planes. Sobre todo, porque de ese engendro surgió la escena de Sánchez y su equipo junto a una excavadora en los terrenos del Ministerio de Defensa en el barrio Campamento de Madrid. Hechas las fotos y su volcado en TikTok, el presidente se olvidó de la urgencia de los 12.000 pisos prometidos. Las obras siguen paradas o a ritmo de tortuga. 

En abril de 2022, Sánchez volvió a la carga y expuso públicamente un plan para sacar al mercado de arrendamientos sociales 50.000 viviendas de la Sareb. Al día siguiente anunció otras 43.000 «a precios asequibles» para alquileres. Y, a final del mismo mes, el presidente volvió con otra mentira: 20.000 nuevas viviendas en otros terrenos del Ministerio de Defensa. 

Perdida ya la cuenta, en julio de 2024 prometió una nueva iniciativa para levantar otros 43.000 pisos destinados a alquiler social. Sánchez aseguró que las viviendas promocionadas por el Gobierno alcanzaban las 80.000 en diferentes fases de construcción. Volvió a mencionar la cifra ya mítica de 184.000 viviendas a lo largo de la legislatura, que la tierra se las ha tragado.

En abril del año pasado, Sánchez aumentó la suma del parque habitacional. Se comprometió a construir 15.000 viviendas anuales. «Más rápido y mejor», sentenció.  Para ello prometió una inversión de 1.300 millones anuales. Un suflé porque el presidente seguía con los mismos presupuestos aprobados en noviembre de 2022. 

En julio de 2025, la ministra de Vivienda lanzaba un nuevo plan con la Sareb y con terrenos del SEPE para la construcción de 40.000 viviendas más otras 55.000 en terrenos de la empresa pública. Isabel Rodríguez se comprometía a una inversión de 5.900 millones de euros, pero no aclaraba de dónde iba a salir ese dinero. El tamaño del bulo cada vez alcanzaba un mayor volumen.

 Pero las añagazas no culminaban ahí. A comienzo de este año, el Gobierno se acordó una vez más del plan en el barrio de Campamento, anunciando 10.700 viviendas asequibles. Eso sí, Sánchez hizo la siguiente valoración: «Vamos a blindarlo de la especulación y no vamos a permitir que la vivienda siga siendo un rehén del lado más salvaje del mercado».

En febrero, Sánchez regresó al atril de los globos sonda —sigue sin presupuestos— y prometió una inversión de 23.000 millones para dinamizar la oferta de vivienda «para combatir la crisis habitacional». El presidente, como en una película de Frank Capra, dejó ver su lado más humano: «El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, no para especular un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda».

Hoy en día, el Ministerio de Vivienda insiste en el bulo de que hay 120.479 viviendas «movilizadas», pero con la letra pequeña de que corresponden a los fondos transferidos por el Gobierno a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, viviendas que no ha promocionado ni construido el ejecutivo. Sin embargo, de las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez, el Gobierno nunca ha aclarado cuántas ha entregado ya a los potenciales inquilinos. Tampoco las que están en fase de acabado. El Ministerio de Vivienda se resiste a facilitar esos datos a los periodistas, como si se trataran de un alto secreto de Estado.