La Seguridad Social sigue sin aclarar qué inmuebles tiene, cuántos usa y cuáles sobran
La polémica por las viviendas de Muface reabre el debate sobre el control del patrimonio inmobiliario público
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Seguridad Social sigue sin disponer de una fotografía completa de su patrimonio inmobiliario pese a las reformas impulsadas durante los últimos años para vender, alquilar, ceder o reutilizar edificios sin uso. Así lo concluye el Tribunal de Cuentas en un informe aprobado el pasado 28 de mayo, en el que analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas hace cuatro años para mejorar la gestión de los inmuebles del sistema.
La fiscalización, analizada por THE OBJECTIVE, se conoce meses después de las informaciones publicadas por el medio sobre las viviendas de Muface alquiladas durante años por debajo del precio de mercado a la familia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. La polémica volvió a poner el foco sobre el control del patrimonio inmobiliario público. Algunos de los inmuebles fueron adquiridos por un tío y el hermano de Begoña Gómez a un precio inferior al real. Aunque se trata de organismos distintos, las conclusiones del Tribunal de Cuentas reflejan problemas similares relacionados con el conocimiento, la identificación y la gestión de activos públicos.
El informe examina las medidas adoptadas tras la fiscalización de 2022, cuando el Tribunal de Cuentas alertó de importantes ineficiencias en la utilización de los inmuebles de la Seguridad Social. Desde entonces se han aprobado modificaciones legales, se ha puesto en marcha un Plan de Optimización del Patrimonio y se han ampliado las posibilidades para vender o rentabilizar edificios sin uso. Sin embargo, el organismo fiscalizador concluye que algunas de las actuaciones esenciales para conocer la situación real del patrimonio siguen sin ejecutarse.
Inmuebles de la Seguridad Social
Uno de los principales reproches se refiere al estudio integral de la situación patrimonial previsto tras la reforma normativa aprobada en 2023. La nueva regulación preveía elaborar un análisis detallado de los inmuebles de la Seguridad Social para identificar necesidades presentes y futuras, edificios prescindibles, costes asociados y posibles actuaciones de optimización. Ese trabajo debía convertirse en la base sobre la que construir el nuevo modelo de gestión.
Sin embargo, el estudio nunca llegó a hacerse. Según recoge el Tribunal de Cuentas, la Tesorería General de la Seguridad Social descartó su elaboración debido al elevado coste que habría supuesto contratar una consultoría externa. Como consecuencia, una de las piezas centrales del nuevo sistema de gestión patrimonial quedó sin desarrollar.
La ausencia de ese diagnóstico adquiere especial relevancia porque el propio Plan de Optimización aprobado posteriormente debía apoyarse en esa información para definir prioridades y actuaciones. El Tribunal considera que la ausencia de esa información dificulta la planificación patrimonial y la adopción de decisiones sobre los inmuebles.
Persisten las incidencias
Los fiscalizadores también advierten de que persisten buena parte de las incidencias detectadas en la fiscalización anterior. Entre ellas figuran inmuebles de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social que aparecen asignados a otros organismos, edificios cedidos que siguen figurando como ocupados por la propia entidad, duplicidades en los registros y carencias de información sobre activos sometidos a procedimientos de enajenación.
Aunque el Tribunal reconoce avances técnicos en la automatización de la información patrimonial y en su traslado a los sistemas de transparencia, considera que el proceso de depuración continúa siendo incompleto. El Tribunal considera que persisten deficiencias que dificultan disponer de una información completamente depurada y consolidada sobre el patrimonio inmobiliario.
El informe también señala que varias entidades no habían elaborado o remitido los informes previstos para identificar necesidades de espacio, inmuebles innecesarios o gastos asociados a los edificios utilizados. Como consecuencia, la Tesorería General de la Seguridad Social no había podido confeccionar el informe agregado previsto en el Plan de Optimización para disponer de una visión conjunta del patrimonio inmobiliario.
Gran patrimonio inmobiliario
El Tribunal considera que esta situación limita la capacidad de planificación y dificulta la adopción de decisiones estratégicas sobre uno de los mayores patrimonios inmobiliarios de la Administración. El patrimonio de la Seguridad Social está integrado por miles de inmuebles repartidos por todo el territorio nacional, incluyendo oficinas, centros administrativos, locales y otros edificios destinados a la prestación de servicios públicos.
La fiscalización también analiza los resultados obtenidos durante los últimos años. Entre 2022 y 2025 se formalizaron 183 operaciones de venta de inmuebles por un importe superior a 116 millones de euros. Además, aumentó el número de subastas celebradas y se ampliaron las posibilidades de utilización de edificios sin uso mediante arrendamientos, cesiones gratuitas o adscripciones a otras administraciones públicas.
La reforma normativa permitió asimismo reducir determinadas limitaciones que dificultaban la venta de inmuebles y facilitó nuevas fórmulas para rentabilizar activos infrautilizados. El objetivo era reducir costes de mantenimiento, evitar el deterioro de edificios vacíos y obtener mayores rendimientos económicos para el sistema.
Inmuebles vacíos o infrautilizados
Pese a ello, el Tribunal insiste en que la mejora de los instrumentos jurídicos no sustituye la necesidad de conocer con precisión qué patrimonio se posee y cuál es su situación real. La identificación de inmuebles vacíos, infrautilizados o susceptibles de nuevos usos depende directamente de la calidad de la información disponible y de la capacidad de las distintas entidades para mantenerla actualizada.
Otro de los aspectos cuestionados es la falta de personal especializado. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas instó al Gobierno a reforzar la estructura encargada de gestionar el patrimonio inmobiliario. Sin embargo, la plantilla de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio pasó de 47 efectivos en 2021 a 37 a finales de 2025. El organismo fiscalizador considera incumplidos los mandatos dirigidos a reforzar esta unidad pese al incremento de responsabilidades derivado de las reformas aprobadas.
Cuatro años después de las primeras advertencias sobre la gestión de los inmuebles de la Seguridad Social, el balance refleja avances en la venta y reutilización de activos, pero también la persistencia de problemas estructurales. El Tribunal concluye que siguen pendientes algunas de las actuaciones más importantes para disponer de una visión completa y depurada del patrimonio inmobiliario, una cuestión que vuelve a cobrar relevancia en pleno debate sobre la gestión de los activos públicos y tras la controversia generada por las viviendas de Muface.