Caótica regularización de inmigrantes

El pasado 16 de abril entró en vigor el decreto por el que se aprueba la regularización masiva de inmigrantes. Se pone así la guinda a una política desastrosa de este Gobierno en materia de inmigración. Política que comenzó a los pocos días de constituirse el primer gobierno Frankenstein con el esperpéntico affaire del Aquarius. Este barco, dirigido por la ONG SOS Méditerranée y con 629 emigrantes a bordo, fue rechazado por el Gobierno italiano, impidiéndoles desembarcar. Malta, que era la otra posibilidad, tampoco daba autorización. Y entonces surge el recién nombrado presidente del Gobierno español, como otro don Quijote lanza en ristre, ofreciendo el puerto de Valencia. El Aquarius ni siquiera era apto para hacer un viaje tan largo y con tantos emigrantes a bordo. Italia, deseosa de quitarse el problema de en medio, ofreció dos barcos, el Dattilo y el Orione.

En aquel momento, el 22 de junio de 2018, publiqué en republica.com (se puede leer en mi página web www.martinseco.es) un artículo titulado Aquarius: siente un pobre a su mesa, en el que resaltaba la parafernalia creada alrededor de la recepción de los barcos. Se montó un auténtico circo a la llegada de los navíos, con la vicepresidenta del Gobierno, seis ministros, el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y no se sabe cuántos alcaldes al retortero. Ante la expectación creada por la arribada a puerto, retransmitida en un maratón en directo por Radio Nacional, cabría deducir que los 630 pasajeros del Aquarius eran los primeros inmigrantes que llegaban a territorio español. Sin embargo, cada semana arribaba a las costas españolas un porcentaje similar o mayor que los que transportaba el Aquarius, sin que se montase ningún fasto.

En el artículo afirmaba ya que las migraciones no son un problema de fácil solución, ni admiten posturas simples y demagógicas. Es un terreno especialmente complejo, donde confluyen las contradicciones del sistema capitalista y del Estado social, porque si realmente el Estado quiere ser social y garantizar el bienestar de sus ciudadanos no tiene más remedio que poner límites a la solidaridad con los extranjeros, al igual que cualquier familia, por muy caritativa e idealista que sea, no puede dar albergue en su casa a todos los pobres que se encuentre por la calle.

El episodio del Aquarius presagiaba cuál era el camino que iba a seguir la política migratoria del Gobierno Sánchez, anárquico, guiado como toda su actuación por el único propósito de mantenerse en el gobierno y basado en el relato, la demagogia, la representación y la incompetencia. El resultado del buenismo y la pasividad nos ha conducido al estado actual, más de un millón de extranjeros en situación irregular, sin conocer la nacionalidad, el origen, sus condiciones, su profesión, etc.

Este escenario resulta claramente inconsistente. Sin papeles para trabajar, a los inmigrantes se los condena a la mendicidad, a la delincuencia o a la economía sumergida. Es por ello por lo que el 12 de marzo de 2024 se presentó en el Congreso con 700.000 firmas una iniciativa legislativa popular para la regularización de inmigrantes en situación irregular que entonces se cifraban en 500.000. A pesar de que su admisión a trámite se aprobó casi por la totalidad del Parlamento, la Mesa del Congreso (es decir, el Gobierno) ha ido retrasando su tramitación dos años con distintas excusas.

«El Gobierno ha tenido tiempo de sobra para que la regularización se hubiese instrumentado de manera sosegada y organizada»

Este obstruccionismo invalida todo ese relato humanitario y piadoso que ahora intenta utilizar el Gobierno y que plantea, entre otros sitios, en la exposición de motivos del decreto. También desmiente el argumento de que cuenta con el apoyo político, de los agentes sociales y de la iglesia, porque una cosa es la medida en sí misma y otra muy distinta la forma de hacerla, que, como en tantas cosas de este Ejecutivo, se va a realizar de forma desordenada, confusa, y quizás con efectos colaterales muy perniciosos.

El Gobierno ha tenido tiempo de sobra para que la regularización se hubiese instrumentado de manera sosegada y organizada. En primer lugar, mediante tramitación en el Congreso en la que todos los partidos hubiesen podido incorporar sus aportaciones, recibiendo el texto, al final, el apoyo mayoritario. Y, en segundo lugar, con la organización y preparación suficiente de la Administración para que el proceso se pudiese llevar de una forma ordenada y con el rigor suficiente.

Ha sucedido lo contrario: el Gobierno cambia de actitud de golpe y, desechando al Parlamento, decide hacerlo por decreto y con total improvisación, sin posibilidad de preparación alguna de la Administración que tiene que aplicarlo. Con lo que el desastre y el caos están asegurados, y desde luego también la falta de rigor en el proceso de selección. Ello nos lleva a recordar el verdadero motivo que está en el origen del cambio de postura del Ejecutivo. No es que haya sufrido ninguna caída del caballo al estilo de San Pablo, y que les haya lanzado de pronto al altruismo y abierto los ojos ante la precaria situación de los inmigrantes. Como siempre, el motivo no es otro que mantenerse en el poder, la compra de los cuatro votos de Podemos.

Para entender el caos que va a crear la medida de esta manera tomada, solo hay que considerar la situación actual de las regularizaciones. Entre otros requisitos, se exigen dos años de permanencia en España y una oferta firme de trabajo. Conozco un caso cercano de servicio doméstico. Nada más cumplir los dos años y con un precontrato laboral, un abogado comenzó a gestionar los papeles. Se ha tardado un año en disponer del permiso para trabajar y poder dar de alta a la empleada en la Seguridad Social. Si en los momentos actuales existe tal atasco en los servicios competentes, podemos imaginarnos lo que sucederá cuando llegue la avalancha que se prevé que desate el decreto.

«Una característica del sanchismo es el desprecio de la gestión. Piensan que todo comienza y termina en el BOE»

Una característica del sanchismo es el desprecio de la gestión. Piensan que todo comienza y termina en el BOE. Las medidas se toman exclusivamente por el impacto electoral y populista que puedan tener o como en esta ocasión para conseguir el apoyo de los socios, sin considerar la capacidad de la Administración para gestionarlas y sin saber cuál va a ser el resultado real.

Los casos a citar son innumerables. Valga con traer a colación el desbarajuste acaecido con la gestión del ingreso mínimo vital, o la incapacidad actual del SEPE para conceder el seguro de desempleo, con demoras de dos o tres meses, o la imposibilidad de dar de alta las pensiones en las oficinas de la Seguridad Social, con petición de cita inviable, hasta el punto de crearse un mercado negro de su venta en Internet, etc.

Ahora el Gobierno, ante la avalancha de peticiones de regularizaciones que se le avecinan, habilita para gestionarlas a las oficinas de Correos y a las de la Seguridad Social. Es lo único que les faltaba a ambas instituciones. Correos dejará de funcionar para su cometido normal y las oficinas de la Seguridad Social se bloquearán aún más.

Con todo, lo más preocupante es la disposición adicional primera del decreto que abre la posibilidad de usar a Tragsa y a su filial Tragsatec para todo lo que se necesite. Es un tema viejo. Antes se llamaban encomiendas de gestión, ahora encargos. Tragsa comenzó siendo el parque de maquinaria del Ministerio de Agricultura. Constituida después en empresa instrumental, ayudaba al ministerio en determinadas tareas agrícolas. Más tarde, al unísono que se ampliaba enormemente su objeto social, sus servicios se extendían a otros ministerios, principalmente Medio Ambiente y Fomento, pero siempre para labores extrafuncionariales. Las encomiendas de gestión (ahora recursos) se convirtieron en sustitutas de la contratación administrativa; amparándose en la supuesta urgencia y especificidad, una forma, de evadir las licitaciones y por tanto la competencia entre empresas. La IGAE y los interventores de turno han mostrado a menudo recelos ante ellas. Es imposible conocer si el coste de la obra es el adecuado.

«Para cada encargo o encomienda se contrata el personal necesario orientado exclusivamente a este cometido»

La plantilla fija de estas empresas instrumentales (Tragsa, Tragsatec, Ineco, etc.) suele ser reducida. Para cada encargo o encomienda se contrata el personal necesario orientado exclusivamente a este cometido y cuya permanencia está condicionada a lo que dure la obra o el servicio concreto. Eso explica que hayan sido estas sociedades las escogidas por la trama corrupta del sanchismo para colocar en ellas con total descaro a determinadas señoritas amigas de Ábalos o de Koldo y, como en ocasiones se precisaba, cambiarlas de empresa. Pero eso explica también la precariedad de las contrataciones y la elevada probabilidad que existe de que la preparación de la plantilla, dada además la premura en su reclutamiento, no sea la adecuada.

El salto cualitativo se origina cuando estas encomiendas se realizan en tareas que son estrictamente funcionariales, y cuyas competencias pertenecen a la Administración. El antecedente más inmediato fue el encargo a Tragsa y a Tragsatec de que se incorporasen en el proceso de resolución de los expedientes del ingreso mínimo vital. El fracaso fue total y el resultado no pudo ser más caótico. Los mismos funcionarios de los servicios competentes lo pusieron a menudo de manifiesto resaltando la falta de preparación y el desconocimiento total de los procedimientos administrativos del nuevo personal incorporado.

Ahora el Gobierno cree solucionar el caos que se le viene encima recurriendo de nuevo a Tragsa y a Tragsatec para integrarlas al proceso de regularización de inmigrantes. Bien es verdad que el decreto pretende curarse en salud, estipulando que la decisión última debe ser tomada por los servicios competentes, pero es evidente que, dado el elevado número de expedientes, este acto va a consistir en una mera firma en barbecho y las verdaderas decisiones se van a tomar por personal sin ninguna cualificación y —lo que quizás sea más grave— sin habilitación administrativa adecuada.

En el mundo hacendístico se suele afirmar que un sistema fiscal vale lo que vale la administración tributaria encargada de gestionarlo. Yo diría algo más: cualquier política pública vale lo que vale la Administración a la corresponde instrumentarla. El gobierno Frankenstein ha despreciado la función pública. Pero por eso mismo casi todas sus políticas han devenido en fracaso, por mucho que las haya publicitado y aireado el número tan elevado de recursos que ha destinado a ellas. Podemos imaginarnos lo que va a ocurrir en los próximos meses con la regularización masiva de inmigrantes, la cantidad enorme de errores, fraudes e irregularidades que se van a acometer.