Un traidor

13 de mayo de 2026. Los medios de comunicación dan carpetazo al traslado de los pasajeros del Hondius en Tenerife. En Le Monde, son recogidas las declaraciones del presidente Macron, «la situación está bajo control», y a continuación se presenta un pormenorizado informe sobre la pasajera infectada y las medidas de cuarentena y aislamiento adoptadas para viajeros del crucero y contactos. En El País, tras la crónica anterior del momento estelar de Pedro Sánchez con el presidente de la OMS, toca marcha triunfal en primera página para Mónica García, aprovechando el éxito técnico del traslado, como si todo estuviese ya resuelto: «Misión cumplida». Pero como es habitual en el lenguaje político de la casa, lo esencial es cargar contra el discrepante: «Aquí hay 14 españoles a los que había gente que quería dejar tirados». Ninguna explicación convincente sobre por qué no había contagiados antes y de inmediato apareció uno. Lo de siempre.

Son dos modelos de información, el democrático, que en Francia culminó con la elaboración de un duro informe sobre la actuación gubernamental ante la covid, utilizando datos y mensajes de la propia administración, y el de manipulación sistemática, vigente en España desde la crisis del coronavirus. Nunca el Gobierno ofreció datos fiables y ya en el principio calificó de «causa general» el intento de una jueza por indagar sobre los efectos del 8-M. A continuación, el trabajo riguroso de la Guardia Civil fue el blanco de su represalia. El recuerdo es útil, sobre todo al ver la momentánea reaparición de un desmejorado Fernando Simón, que conserva el cargo después de aquella catástrofe. Se lo ha ganado, con tantos servicios prestados a la información oficial. En el programa de Évole, a Illa y a Simón, el fraude de las mascarillas les produjo «una decepción». Hombres sensibles; tan sensibles, que en el reciente juicio sobre el tema, se atuvieron a la ley del silencio, como si hubieran estado a años luz del criminal enriquecimiento. 

Entonces El País aún no había perdido el sentido de la realidad y Berna González Harbour pronunció, el 13 de enero de 2021, un veredicto inapelable sobre «sus atrevimientos, impropios de quien debe coordinar la emergencia y no jugar a adivino». Ya meses antes, el diario censuraba el «discurso carente de autocrítica» de Sánchez. El tiempo pasado fue mejor.  

Con la esperanza de que todo quede en una alarma pasajera, el episodio nos enseña una vez más que Sánchez es siempre igual a sí mismo, desde aquel afortunado desafío de su relato a la muerte en masa de sus ciudadanos. Salvo que le resulte favorable, y sobre todo si puede transformarlo en espectáculo con él en protagonista exclusivo, todo cuanto ocurre en España le es indiferente, de no afectarle a título personal. De no ser este el caso, lo niega o lo desprecia, como en el funeral de Huelva por la catástrofe ferroviaria, y no duda en pasar a la humillación, como en las exequias de los guardias civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico. Su lema es una adaptación de la vieja consigna fascista/fidelista: «¡A favor de Pedro Sánchez, todo! ¡Contra Pedro Sánchez, nada!».

Aquello que contraviene sus intereses o sus deseos no debe existir. Y está claro que desde la investigación satanizada de Pérez de los Cobos sobre el 8-M cuando la covid, la decisiva labor de la UCO, la Guardia Civil no debiera existir para nuestro presidente. Tampoco, por supuesto, para los componentes antisistema de la mayoría de Gobierno.

«Sánchez ha sido un eterno perdedor de elecciones y ahora no va a convertirse en un demócrata que espera pasivo su suerte»

Por eso no le afecta la anunciada derrota de su ministra en Andalucía. Era ya un comportamiento habitual suyo, en contra de todo uso democrático, que cuando un alto cargo, y en especial un ministro, sufría una derrota electoral, en vez de ser cesado, fuese ascendido (la Armengol, Torres, Puente). Así se enterará el pueblo de quien es el soberano. Lo ha evitado para María Jesús Montero, mediante una inusual dualidad como ministra y candidata.  Y lo cierto es que, salvo en la superficie, nada va a cambiar. Sánchez ha sido un eterno perdedor de elecciones parlamentarias y ahora no va a convertirse en un demócrata que espera pasivo su suerte adversa para el año próximo.

Ha permanecido en un prudente silencio hasta que todo quedó claro, al final de la campaña electoral andaluza. Era también conveniente presentar las novedades como algo desligado de la derrota del PSOE en su antiguo feudo. Una vez cumplido ese tiempo de espera, Pedro Sánchez lo va a intentar tomando la iniciativa por el único camino político que sigue estando abierto: la alianza con los independentistas. La senda lleva nada menos que a dinamitar la configuración presente del Estado, ya suficientemente erosionada. Pero, como el personaje de La venganza de don Mendo, nuestro hombre atiende a un lema: «¡Para mí, no hay barreras! ¡Y si las hay, me las salto!».

Es erróneo calificar el resultado previsible de «un Estado plurinacional», porque el adjetivo no califica al sistema político, sino a su base sociopolítica, y esta ya existe con la articulación jerárquica de nación y nacionalidades en la Constitución de 1978. El objetivo (transitorio) previsto por ambos independentismos oscila entre un Estado confederal, objeto inútil e imposible por la asimetría de los componentes, y un engendro político de nueva factura, con un Estado español vinculado en términos de dualidad con el catalán y el vasco, uno a uno y ambos además subvencionados a fondo por el resto de ciudadanos. Para Sánchez, Catalunya y España son ya «dos países». Añadimos otra pareja, y ya tenemos la familia feliz. En espera del definitivo divorcio o, como decían muy finos los catalanistas, «desconexión».

De momento, lo que importa es que, tanto en Catalunya como en Euskadi, mientras agonizaba la campaña en Andalucía, se empiezan a construir las bases para una fractura en el futuro, a voluntad del consumidor. Las trayectorias convergen, si bien con sensibles diferencias, dada la distancia en los respectivos puntos de partida. En Catalunya, es el PSC gobernante, de la mano de ERC, quien ha tomado la iniciativa, jugando a fondo con la defensa del monopolio lingüístico catalán, tanto para la legalización de inmigrantes como en el sistema de enseñanza. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, no tiene duda alguna: el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido avalará el nuevo decreto por el cual desaparece la reserva incumplida del 25% de enseñanza en castellano. El personaje forma parte del Gobierno socialista, presidido por Salvador Illa. Hasta ahora, los socialistas eran cómplices; ahora se vuelven en ambos casos protagonistas de la exclusión de España.

«El objetivo inmediato es convertir a los no euskaldunes en ciudadanos de segunda clase para acceder a la Administración»

En Euskadi, el objetivo inmediato es el mismo: el monopolio lingüístico ejercido contra el idioma oficial del Estado. Aquí para lograr la euskaldunización del funcionariado. Con matices, para el PNV, de frente para Bildu. Al igual que en Cataluña, el propósito reside en eliminar las defensas jurídicas de los trabajadores castellanohablantes, hasta ahora invocadas con éxito, por medio de una Ley vasca del Empleo Público. La manifestación del día 9, bajo cobertura sindical, recuperaba la lógica de inversión del lenguaje antes característica de un nacionalismo, con «z»: por «el derecho a vivir y trabajar en euskera», es decir, a convertir a los no completamente euskaldunes en ciudadanos de segunda clase para acceder a la Administración. Aquí Euskadi, España kanpora. No habrá más vascohablantes, pero el poder nacionalista resultará garantizado.

Y solo es una etapa. El objetivo siguiente es el Status —no el Estatuto, como edulcora el Correo—, que hará de Euskadi un socio en términos de bilateralidad con «el Estado español» —España, siempre maldita—, protegido del orden constitucional de Madrid y con derecho de autodeterminación. Euskadi «nación» presente en Europa y en el mundo. Bildu, el partido amigo de Sánchez, va aún más lejos. De momento, los socialistas vascos se oponen, pero El Correo confía en las buenas relaciones entre el lehendakari y el principal consejero socialista para limar asperezas. Y llegado el caso, ahí está Sánchez, siempre necesitado de votos en el Congreso. «¿Qué hay de malo en ello?», volvería a preguntar Ibarretxe. No importa que los ciudadanos vascos aprecien el buen funcionamiento del Estatuto vigente. Hay que ir hacia adelante. Aurrerá.   

Cataluña parte con algún retraso, que espera cubrir gracias al pilotaje de Illa, asistido por Junqueras. Amén de la conquista lingüística, a cambio del voto de ERC al presupuesto de Illa, ahí están «los avances» en el camino de la «soberanía fiscal», con la ayuda de 4.700 millones de euros, el freno de la ordinalidad a la aportación catalana y la promesa de gestionar el IRPF. No es mal compromiso. Que paguen otros, como en el País Vasco.

La última observación a formular, una vez materializadas tales concesiones, es la ausencia de retroactividad. Una vez asentadas, costaría una guerra civil su recuperación. El Estado va siendo desmontado pieza a pieza, como siempre, por un puñado de votos. Y falta el último recurso a emplear para que la aplicación de esta táctica de entregas a plazos, sirva a la principal de las necesidades de Pedro Sánchez: salvar el obstáculo de una inevitable derrota electoral. Como cordero demócrata, impávido al sacrificio de las urnas, no va a ir.

«La izquierda basura, acompañante de Sánchez, vendrá en su ayuda, en defensa de ese innovador privilegio ‘progresista’»

La trampa a activar es de montaje difícil, pero ofrece el único instrumento disponible, dada la impopularidad que suscitan ambas líneas de capitulación política en el resto de España. Habrá que proceder a una nueva sustitución de la realidad por el relato, presentando una de ellas, la catalana, como feliz desenlace de un conflicto irresoluble salvo por «el diálogo». La izquierda basura, acompañante de Sánchez, con Rufián a su frente, vendrá aquí en su ayuda, en defensa de ese innovador privilegio «progresista», que en apariencia nada rompe. Será forzoso reconducir el dilema a la teoría del Muro, con toda la carga de demagogia que sea precisa. Y si el referéndum aprobatorio, acudiendo al artículo 92 de la Constitución, es aprobado, de esa victoria saldría la electoral en 2027.

En cualquier caso, sea consumado o no el recorrido descrito, ha sido franqueada la línea roja por las concesiones a las respectivas soberanías de Euskadi y Cataluña, dinamitando los fundamentos de la Constitución, y con ellos los del «Estado español» y la «nación». Semejante tropelía no admite ser calificada, salvo de traición. Y el gobernante que las promueve, si las consuma, de traidor.