El golpe de Estado permanente

Fue un panfleto escrito en 1964 por François Mitterrand contra el general De Gaulle, que sirvió para promocionar su figura como alternativa al régimen de 1958. La crítica se dirigía de entrada a la ilegitimidad de origen, aun cuando De Gaulle no aprobara el golpe militar, pero lo cierto es que llegó al poder gracias al mismo, y nunca manifestó una condena de los pronunciados. Por eso fue el modelo para la actuación del general Armada en el 23-F.

En lo demás, el golpe de Estado permanente, quedó como una obra de circunstancias. Ni siquiera sus argumentos de fondo fueron luego reivindicados por Mitterrand. Al alcanzar la jefatura del Estado en 1981, asumió plenamente el legado presidencialista de su antecesor, e incluso con la carga de engolamiento propia del émulo. Doy fe por mi único contacto personal con él, en un simposio socialista, poco antes de ser elegido (Por cierto, ya en su primer mandato, Mitterrand dio un ejemplo, útil para socialistas, sobre los regalos presidenciales: entregar todos los recibidos para formar un museo público. Así se hizo).

Eso no significa que carecieran de sentido las denuncias de Mitterrand ante la cascada de restricciones que trajo consigo el nuevo orden respecto de la IV República: autoritarismo gubernamental, limitación de los derechos civiles, en particular de las libertades de expresión y sindical. El precio pagado por la estabilización gaullista consistió así en una cascada de actos puntuales del poder, que a juicio de Mitterrand implicaban una violación sistemática del espíritu democrático. La legitimidad formal del régimen quedaba formalmente garantizada por el respaldo de la representación nacional, mientras el vicio de origen se traducía en una acción política que vulneraba una y otra vez el propio ordenamiento constitucional. De ahí la calificación de golpe de Estado permanente.

Al titular así una situación política, aplicable a España, no se trata solamente de designar una acción de gobierno que ignora la división de poderes, siempre con el Ejecutivo invadiendo los espacios del Legislativo, y sobre todo del Judicial, ni de una actividad normativa que atente contra el orden constitucional: dos variantes usuales en los procesos de destrucción de las democracias. El concepto de «golpe de Estado permanente» remite a su complemento necesario: una sucesión de decisiones y medidas, adoptadas por el titular del poder, que inciden una y otra vez sobre la vida política, para bloquear su regular desenvolvimiento. La democracia resulta entonces limitada a la celebración de procesos electorales, de manera que estos, cuando llegan, están ya desvirtuados.

El paradigma de esta degeneración, es ofrecido hoy por la Turquía de Erdogan. La Constitución sigue vigente, las elecciones se celebran en los plazos previstos y los derechos no están suspendidos de iure. Lo están en cambio fácticamente, pues al ser el Poder Judicial un simple instrumento del gobierno, la supuesta aplicación del derecho, de modo implacable, permite la destrucción pura y simple de la oposición democrática. El procedimiento fue empleado ya con éxito contra los alcaldes y diputados del partido kurdo, y desde el susto electoral de 2023, cuando Erdogan estuvo a punto de perder las elecciones presidenciales, se utiliza a fondo para aplastar a la oposición: el partido kemalista, socialdemócrata (CHP).

«En nuestro caso, el golpe de Estado permanente se traduce en una erosión constante de la democracia»

Cuando al principal rival de Erdogan, el alcalde electo de Estambul, del CHP, le pueden caer casi 2.500 años de cárcel y el barrido se extiende cada vez más a todo cargo electo socialdemócrata, la democracia se convierte en una farsa trágica. Agravada ahora por la complicidad del antiguo líder del CHP, el eterno perdedor Kılıçdaroğlu, quien ha recurrido a la justicia erdogánica para anular su derrota en un Congreso del partido. Balance: en Turquía no hace falta cambiar ley alguna: el golpe de Estado permanente triunfa.  

Por fortuna, en nuestro caso, el golpe de Estado permanente no se traduce en una cascada interminable de deposiciones y encarcelamientos. Pero sí en una erosión, no menos constante de la democracia, provocada por: a) leyes y decisiones del TC que atentan contra el ordenamiento constitucional, por el simple deseo de perpetuación del presidente Sánchez, y b) una espiral ascendente de la agresividad del poder, conforme se estrecha el cerco judicial y político contra su corrupción. Todo ello sobre el telón de fondo del incumplimiento de la obligación constitucional de presentar anualmente los presupuestos.

Son dos procesos complementarios, de distinta naturaleza, si bien ambos convergen en un mismo desenlace posible: la destrucción de la democracia. Tal coincidencia resulta lógica, ya que la trama política que las promueve, obedece a un único centro de decisiones: el presidente Pedro Sánchez. Toda la maraña de incidencias, actividades delictivas y presiones del Gobierno y sus agencias, responde a una unidad de sentido, a la estrategia propia de una cleptocracia, un régimen de tipo gansteril marcado por una corrupción estructural. A sus excesos y también a sus reflejos defensivos. El tesoro de Alí Babá, los fraudes de las mascarillas o los tráficos de influencias por Air Europa, forman la otra cara de la siniestra estrategia fontaneril, consistente en montar en y desde las instituciones el boicot a la actuación de la ley, y como correlato, la eliminación de quienes con ella defienden nuestra libertad.

En su discurso en el Congreso, León XIV no se limitó a expresar un pronto olvidado reconocimiento a una tradición católica española como base de «la libertad moderna», invitando a que «esta nación no pierda memoria de sus raíces, ni la audacia de mirar al futuro». También recomendó al Gobierno una política de «reciprocidad», opuesta a la practicada de «descalificación permanente del adversario»; sin olvidar un control de las palabras, de modo que «la discrepancia no conlleve la humillación». Fue una llamada a la normalización de la vida democrática, a la cual el presidente hizo oídos de mercader, lo mismo que a la cita a España como nación, cuando él ya solo confía en la plurinacionalidad o en «los dos países» para salvar el puesto.

«Sánchez solo piensa en pasar por encima de leyes y juzgados con tal de defender su impunidad»

En la situación de fortaleza asediada que él mismo ha elegido, Sánchez solo piensa en dar mayor intensidad a su capacidad de respuesta a imputaciones y a críticas. Y en pasar por encima de leyes y juzgados con tal de defender su impunidad. Es lo que descubren con claridad las recientes investigaciones.

Al menos, en los felices tiempos del trío del Peugeot, se trataba solo de una corrupción de Estado, bajo una tolerancia culpable. Aunque no fuese de recibo que Illa y Fernando Simón sintieran solo «decepción» ante el hecho de que gentes del Gobierno se lucraran con la muerte de todos, vía mascarillas. No menos resultó inverosímil que Sánchez tuviera los ojos cerrados ante la vida lucrativa y feliz que llevaban esos sujetos de su círculo íntimo. Y el Gobierno no colaboró en nada para esclarecer los presumibles delitos de los apartados. Pero Sánchez logró preservar su imagen como isla en el mar Negro.

La conducta de los enjuiciados en el proceso Koldo-Ábalos sugería un paso más: no trataban de exculparse, sino de atacar al fiscal anticorrupción y a los jueces del Tribunal Supremo. No declaraban. Preferían afrontar severas condenas, tal vez pensando que ya las reducirán los nuestros en el Constitucional, una vez probada la lealtad al jefe.

Verosímil, pero simple hipótesis, que sin embargo se refuerza y amplía su alcance, con los resultados de las últimas indagaciones. Recordemos el comentario de Sánchez en el Congreso, como respuesta al caso Begoña: «Todavía creo en la justicia». Como la célebre profesión de fe, de que el socialista «tiene muy poco y da mucho», responde a la lógica de inversión de significados, cuyo emblema clásico es el Arbeit macnt frei! de Auschwitz. Haré lo contrario de lo que digo. Por lo que ahora sabemos, una vez proclamada fe en la justicia por Sánchez, se tradujo en la puesta en marcha de mecanismos, bien cutres por cierto, para desmantelar la actuación de esa justicia y atacar a los magistrados que intentaban aplicarla.

«Tenemos delante la activación de una trama contra el Poder Judicial, dirigida a impedir la aplicación de la ley»

Ha sido una maniobra de la que no faltaron contactos con el galardonado exfiscal general y con la directora de la Guardia Civil. Cuajaran o no, todo indica que no tenemos delante actuaciones individuales, sino la activación de una trama contra la justicia y el Poder Judicial, dirigida a impedir la aplicación de la ley.

Sabemos ahora que es a partir de «la reflexión», en abril de 2025, cuando tiene lugar la entrada en acción del Gobierno; mejor sería decir entrada en guerra, con el doble propósito de cortocircuitar las actuaciones de instrucción en curso y de desprestigiar lisa y llanamente al Poder Judicial de cara a la opinión pública. De un lado, las «andanzas» de Leire; de otro, una propaganda inspirada en el principio de que los asesinos acusan, para justificarlas. La lógica del golpe de Estado permanente. El Ejecutivo amenazado está dispuesto a saltarse todas las normas, e incluso el respeto formal al imperio de la ley. La verdad descubierta se convierte en lawfare, los jueces en prevaricadores.          

Son acusaciones terminantes, pronunciadas con gesto adusto, siempre genéricas y desprovistas de argumento alguno. En ejercicio de la libertad de opinión, dice un ministro a la hora de descalificar, dirigiéndose incluso explícitamente contra el Supremo. A este personaje no le importa pisotear el espíritu de la ley, pues si unos jueces prevarican, su deber es denunciarlos. Prefiere aplicar la calumnia, que algo queda. Y además, «porque me da la gana». Por fin, el Ejecutivo le respalda. Tal y como ha puntualizado la presidenta del CGPJ, asistimos a un ataque frontal desde el Gobierno al Estado de derecho.

La situación puede aún agravarse si, como es de temer, la inculpación plural del expresidente Zapatero, por las joyas, tráfico de influencias, etc., suscita, no la deseable imparcialidad del Gobierno actual, que en principio nada tendría que ver con él, sino su intervención, la de su aparato jurídico, para lograr que por requisitos formales quede bloqueada.

«Las mentiras de los leales, se acumulan. Sánchez y su entorno se atrincheran y boicotean»

El Gobierno de Pedro Sánchez se declara siempre «contundente» ante los casos de corrupción, pero solo en la labor de obstaculizar su indagación. Las mentiras de los leales se acumulan. Sánchez y su entorno se atrincheran y boicotean. Basta con ver cómo, bajo Peramato, como antes bajo García Ortiz, los fiscales se convierten en ardorosos defensores de los acusados de corrupción. Siempre la inversión de significados. Día a día, en espera del primer golpe decisivo que intentará dar Pedro Sánchez al Poder Judicial y a la democracia, con la desautorización del Constitucional al Supremo por la condena a Álvaro García Ortiz.

Entre tanto, el cerco se va estrechando. El blindaje de la figura de Sánchez, ya designado como «P.S.» o «number One» por los corruptos, se resquebraja, al modo en que una pretensión similar por parte de Mussolini en el caso Matteotti, de nuevo por suerte aquí sin sangre, acabó con todas las flechas dirigidas hacia él. Pero no es de esperar que le imite asumiendo la jefatura, y ni siquiera la responsabilidad pasiva de su trama. Intentará retomar la ofensiva, si le apoya el Constitucional, planteando en último término un órdago electoral, sin elecciones limpias por supuesto.

Será difícil escapar de este callejón sin salida. Una dictadura o una autocracia admiten la posibilidad de un cambio político, por difícil que sea acometerlo, mientras que la única salida para una cleptocracia es la cárcel.