Mucha frivolidad se advierte estos días en los que nos jugamos algo tan serio como el futuro de nuestro país. Se advierte, en ciertos personajes de incomprensible relieve, absoluto esconocimiento de cómo funcionan las instituciones, cuales son las competencias de un gobierno o un parlamento autonómico, qué recoge la Constitución y cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional, el Supremo, la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado

Fue hace un mes cuando un ministro dio el toque de alerta: “Atenta al 8 de agosto, es la fecha que más nos preocupa, aparte del 1 de octubre. Tememos que Puigdemont quiera hacer coincidir la consulta con unas elecciones autonómicas para tener así urnas, censo y colegios electorales abiertos. Si fuera así, el 8 de agosto es el día que tendría que hacerlo para cumplir los plazos que marca la ley. Apunta. 8 de agosto”.

No sé si se trata de una etiqueta con la que colmar de visitas a los titulares de los periódicos o si bien es una realidad posible, total; desconozco si nos vence el interés de buscar una connotación ideológica a lo que no tiene más vuelta de hoja o si de verdad hay en el candidato una inclinación partidista manifiesta que pueda, en cierto modo, perturbar su oficio de autoridad pública.