La Moncloa contra las instituciones

Ahora que el caso Ábalos-Koldo absorbe la atención política y mediática, quizá sea momento de observar un fenómeno inseparable de la corrupción sistemática: la degradación del ecosistema institucional que la rodea.

España sigue celebrando elecciones. Los periódicos siguen preparando sus portadas cada mañana. Los jueces llevan toga. El Parlamento debate… o algo parecido. El Tribunal Constitucional dicta sentencias, la Fiscalía asegura actuar con imparcialidad y el CIS elabora sus encuestas. El Gobierno, naturalmente, insiste en que todo funciona con absoluta normalidad democrática. Lo cual es exactamente lo que cabe esperar de cualquier Gobierno, incluso de uno que haya empezado a confundirse peligrosamente con la estructura misma del Estado.

Hoy los modelos políticos modernos rara vez colapsan con estruendo. Ya no hacen falta generales interrumpiendo la señal de televisión ni tanques atravesando la capital. Resulta mucho más eficiente conservar intacta la apariencia democrática mientras se alteran, uno a uno, los incentivos, los equilibrios y el funcionamiento real de las instituciones. Es un método menos aparatoso. Y también bastante más aceptable para la tecnocracia de Bruselas.

Durante años, muchas anomalías en España se han despachado como simples excesos partidistas o consecuencias inevitables de la polarización. Pero los hechos son persistentes: una Fiscalía cuya actuación en asuntos sensibles para el Gobierno genera dudas sobre su independencia; un Tribunal Constitucional percibido como una prolongación de la aritmética parlamentaria; un CIS cuyas encuestas aciertan siempre, salvo cuando llegan las urnas. El Parlamento se ha desviado hacia una lógica de bloques donde fiscalizar al Ejecutivo es ya un mero intercambio de supervivencia entre facciones. Y las reformas judiciales se presentan como mejoras técnicas cuando, en realidad, aspiran a aumentar el control político.

«Las instituciones dejan poco a poco de actuar como contrapesos para pasar a ser funcionales al poder»

Nada de esto demuestra, por sí solo, una deriva autoritaria. Pero la cuestión no es el síntoma aislado. La cuestión es qué ocurre cuando todas estas anomalías aparecen al mismo tiempo.

La característica más inquietante de una involución democrática moderna no es la liquidación de las instituciones. El proceso es más sutil. Las instituciones no son abolidas, siguen ahí. Simplemente se las fuerza a funcionar de otra manera. La Fiscalía sigue llamándose Fiscalía. El Tribunal Constitucional sigue siendo el Tribunal Constitucional. El Parlamento se reúne y las elecciones se celebran puntualmente. Todo parece seguir en pie. Sin embargo, las instituciones dejan poco a poco de actuar como contrapesos para pasar a ser funcionales al poder.

Y no siempre ocurre de forma sutil.

A veces el deterioro es bronco. Lo vemos en el señalamiento público de jueces desde el Gobierno, en la difusión constante del concepto de lawfare para descalificar sentencias o en el ataque personal a magistrados desde medios afines. Incluso en la difusión de datos personales de jueces que instruyen causas incómodas. Esto no es simple ruido político: es un entorno de presión diseñado para condicionar el control institucional.

En una democracia moderna ningún ministro necesita telefonear a un juez para quebrar la independencia judicial. Hay métodos mucho más eficaces. No es necesario controlar cada decisión. Basta mover el encuadre para que esas decisiones sean percibidas por la opinión pública como maliciosas. Se trata de que una parte del país asuma que cualquier investigación que afecte al Gobierno es por definición una maniobra partidista. De esta forma, la necesaria vigilancia del poder, que caracteriza al modelo democrático, se transforma en sospecha hacia la legitimidad de los contrapesos.

«Un régimen híbrido es aquel donde la democracia sigue existiendo formalmente, pero los contrapesos son neutralizados»

La literatura política lleva tiempo describiendo este tipo de procesos bajo una categoría poco favorecedora: los «regímenes híbridos». El término suena académico, pero la idea es bastante simple. Un régimen híbrido es aquel donde la democracia sigue existiendo formalmente —hay elecciones, tribunales, prensa y oposición—, pero los contrapesos son progresivamente neutralizados o colonizados por el poder político.

La diferencia entre los regímenes híbridos y las viejas dictaduras del siglo XX es que no necesitan secuestrar urnas ni ilegalizar partidos. De hecho, cuanto más intacta permanezca la apariencia democrática, mejor.

De esta forma, los Gobiernos consiguen inclinar progresivamente el terreno político sin destruir formalmente el sistema democrático. La clave no es el control absoluto, sino algo más sutil: neutralizar poco a poco los contrapesos. La Justicia sigue existiendo, pero sometida a una presión política creciente. Los medios continúan siendo en apariencia libres, aunque cada vez más condicionados por la afinidad ideológica, la dependencia económica o el señalamiento. Los organismos independientes mantienen su nombre y sus competencias, pero sometidos a un marco de incentivos en línea con las prioridades del Gobierno.

Ahí radica la ventaja de los sistemas híbridos frente a las dictaduras convencionales: que no se perciben plenamente autoritarios mientras se están formando. Casi todo parece seguir dentro de la normalidad. Hay una explicación para cada anomalía. Hay una justificación técnica, jurídica o política para cada abuso de poder. Por eso resulta tan difícil identificar el momento exacto en que una democracia gira hacia el autoritarismo. No hay una gran ruptura, sino una sucesión de pequeñas deformaciones que, observadas por separado, parecen asumibles. La involución solo se vuelve evidente si se contempla el conjunto.

«Cuanto más tribal es el debate público, más difícil resulta construir una defensa común de las instituciones»

La polarización es una pieza clave en este proceso. No porque sea el origen del mal, sino porque anula cualquier resistencia. Su efecto más llamativo es que nos complica la convivencia, pero el más peligroso es que convierte cualquier aviso sobre el deterioro democrático en una pelea de bar.

Sería ingenuo pensar que esta fractura surge del vacío, pero tampoco hace falta imaginar un plan maestro para explicarla. La política rara vez funciona bajo un diseño estratégico; suele ser, más bien, oportunista. Si la polarización impide formar consensos capaces de proteger las instituciones, esa misma polarización acaba convirtiéndose en un recurso político valioso. Cuando toda crítica puede reinterpretarse automáticamente como un ataque partidista, cualquier intento de fiscalizar al Gobierno se vuelve imposible.

Es entonces cuando la polarización deja de ser una consecuencia del deterioro institucional para funcionar como su protección ambiental. Cuanto más tribal es el debate público, más difícil resulta construir una defensa común de las instituciones. Al final, cualquier voz de alarma queda silenciada por el ruido del «nosotros contra ellos».

«Lo importante ya no es si la democracia peligra, sino de qué lado estás»

El resultado es un círculo vicioso: cuanto más visible es la presión sobre las instituciones, más difícil resulta analizarla racionalmente. Ya no se debate sobre el funcionamiento de la justicia o del Parlamento. Todo se reduce a un reflejo tribal. Lo importante ya no es si la democracia peligra, sino de qué lado estás.

No se trata de decidir si España ha dejado ya de ser una democracia plena. Se trata de reconocer que el sistema ha empezado a adoptar características propias de los regímenes híbridos: ejecutivos expansivos, contrapesos debilitados, organismos independientes en la forma pero alineados en la práctica y la sustitución de la neutralidad por las fidelidades.

Naturalmente, siempre cabe pensar que todo son coincidencias. La historia política está llena de casualidades asombrosas que terminaron de la peor manera posible.