El error liberal

Cuando el liberalismo español explica su debilidad histórica, suele mirar hacia fuera. Culpa al intervencionismo, a la cultura del subsidio, a un país que no quiere competir y a unos ciudadanos que sostenemos preferencias contradictorias. No le falta razón: según el CIS, el 77,1 % cree que destinamos muy pocos recursos a sanidad. Y un cruce propio de sus microdatos muestra que solo el 7,7 % de quienes piden más sanidad cree que en España se pagan pocos impuestos. 

El diagnóstico es certero. Pero, dentro del mismo espacio liberal-conservador, el liberalismo también se equivoca, y de tres maneras distintas: envía una señal que se descalifica a sí misma; formula su mensaje sin atender a cómo se procesa; y, en su versión más radical, idealiza un mercado que no existe.

Un primer error es el de quien reduce el liberalismo a una posición fiscal. Cuando habla solo de despilfarro y de bajar impuestos, el ciudadano no oye «menos privilegio»: oye «no quiero pagar». El debate termina antes de empezar. El receptor no evalúa la lógica del argumento con independencia de quien lo emite. Al contrario: empieza por evaluar al emisor para decidir si lo escucha. Los impuestos pueden ser confiscatorios; pero convertir esa posibilidad en premisa universal confirma la sospecha de que el liberal niega haber recibido nada de los demás. Ese liberalismo parece dirigirse a un oyente que separase el mensaje del mensajero. Pocos oyentes reales lo hacen. Si entienden que quien habla no quiere contribuir, desconectan.

Otro error, típico de la familia más doctrinaria, supone que el ciudadano procesará el argumento abstracto sobre la superioridad de la contratación libre. No lo hace, incluso por motivos de biología evolutiva. Nuestra mente se formó en grupos pequeños, con transacciones cara a cara y entornos donde la ganancia ajena se experimentaba como pérdida propia. Estamos predispuestos a desconfiar del desconocido, a ver el comercio con extraños como sospechoso, a percibir más valor en el agricultor que en el intermediario, y a leer la acumulación de capital como indicio de despojo, no de innovación. 

Más aún nos cuesta prever consecuencias indirectas: en el laboratorio, quienes actúan como deudores piden a los jueces que los eximan de pagar, sin anticipar que los acreedores dejarán de prestar y el mercado se desploma. Hacemos lo mismo cuando protegemos al inquilino actual sin prever que el propietario dejará de alquilar. En consecuencia, el orden espontáneo del mercado impersonal nada contracorriente. Mientras tanto, sus rivales compiten con ventaja ofreciendo relatos compasivos sobre personas concretas: simplistas y a menudo falaces, pero bien adaptados a la mente ancestral.

«Los impuestos pueden ser confiscatorios; pero convertir esa posibilidad en premisa universal confirma la sospecha de que el liberal niega haber recibido nada de los demás»

Hay además un error de fondo, propio de la sensibilidad más radical: la que prefiere el principio al matiz. Contrapone un Estado real e imperfecto con un mercado abstracto que se autorregula y al que ni siquiera hace falta un Estado posibilitador. Pierde así a quien intuye —con razón— que el mercado no opera en un vacío institucional y que no es un estado de naturaleza, sino un artefacto jurídico: requiere una propiedad bien definida, contratos ejecutables, jueces imparciales y mecanismos que encaucen la competencia hacia la producción y la alejen del expolio, la captura y la explotación. Negar que el mercado dependa de instituciones es regalar al adversario el monopolio del relato institucional. La enfermedad española en este terreno no es la sobrerregulación, sino la falta de seguridad jurídica. 

Corregir esos tres errores de mensaje también exige cambiar de destinatario. La paradoja de la protección contractual lo pone bien de relieve: la regulación que se presenta como compasiva con los débiles de hoy castiga, casi siempre, a los débiles de mañana. 

El caso más visible es la vivienda, el «problema» que desde hace diecisiete meses más preocupa a los españoles. El conflicto real no enfrenta a propietarios e inquilinos, sino a inquilinos actuales e inquilinos futuros. Al proteger al inquilino de hoy mediante cambios retroactivos en los contratos, se carga el coste sobre quien intente alquilar mañana. Se reduce la oferta y se castiga sobre todo al arrendatario futuro más frágil: el joven, el inmigrante. 

La política presentada como compasiva acaba excluyendo a quienes más necesitan esa compasión. La misma lógica opera en el empleo: se blinda al trabajador con contrato indefinido y se cierra la puerta a los demás. Para proteger a los débiles de los contratos vigentes se daña, en mucha mayor medida, a los débiles de los contratos futuros.

Este dispositivo apunta al cambio que el liberalismo aún no ha sabido hacer. Modificar el discurso —de «despilfarro» a «privilegio», de «menos Estado» a «Estado habilitador», de «libre mercado» a «mercado bien encauzado»— es necesario pero insuficiente. Lo decisivo es cambiar de interlocutor, y con él de foco: del insider al outsider que paga el coste. Muchos de sus votantes potenciales no se reconocen en sus mensajes: ni el asalariado joven que aporta cotizaciones sin verlas, ni el pequeño autónomo que paga sus cuotas mes a mes. 

En la práctica, el mensaje liberal ha sido oído sobre todo por quienes ya tenían algo que perder Tal vez no fuera la intención; ha sido el resultado. Para hacerse oír por los demás, no basta con corregir el argumento: hay que dirigirlo a otra audiencia. Y eso significa activar las emociones que el liberalismo suele ceder al adversario, empezando por la indignación —no abstracta, sino concreta y personalizada—. La que apunta al privilegio real y a las grandes partidas que lo sostienen, no al gasto pequeño y simbólico que tantos liberales prefieren atacar.

Para que ese cambio de interlocutor sea viable, hace falta una condición previa: que el outsider perciba el coste que paga. Mientras la opacidad fiscal lo anestesie, no podrá elegir con lucidez entre lo que quiere y lo que cuesta. No prejuzguemos su decisión: basta con comprometerse a que esté informado. 

La empatía y la envidia están ahí para quedarse; lo que falta es saber dirigirlas hacia quien realmente paga el coste de nuestras ocurrencias políticas. Los límites cognitivos del votante son estructurales, pero domesticables cuando el coste se vuelve próximo, concreto y personal. Solo entonces se verá que el joven que no encuentra piso no es víctima del mercado, sino de una ley que, al proteger al inquilino de ayer, ha estrechado el mercado de hoy. Y que el parado de larga duración no sufre el capitalismo, sino una regulación que, al blindar al empleado actual, ha cerrado la puerta a quien busca el primero.

Se objetará que pedir al liberalismo que cambie de interlocutor es ingenuo, porque su base natural sigue siendo el insider acomodado. Pero parte considerable de su base potencial ya está del otro lado: el joven sin piso, el parado de larga duración, el pequeño autónomo, el asalariado que paga cotizaciones sin saberlo. La pregunta no es si es posible; es por qué no se ha intentado.