Al final de la huida

La corrupción se juzga como un problema moral, y lo es. Pero ese diagnóstico se queda corto, porque tras el daño visible —el dinero sustraído, la confianza rota— opera un efecto menos evidente y más duradero: la corrupción transforma los incentivos de quien la ha cometido. No solo ensucia al corrupto. Lo encierra. Y, con él, a quienes lo encumbraron.

Mientras el coste de perder el poder solo es electoral, el gobernante busca votos: mide cada paso por su rédito en las urnas. Pero cuando ese coste pasa a ser penal, cambian sus incentivos. Ya no maximiza apoyo: minimiza el riesgo de acabar condenado. El horizonte se acorta y se dispara la tasa de descuento: el futuro deja de contar. Cualquier ganancia que asegure su supervivencia hoy se impone a todo lo demás. El daño que eso inflige al país no entra en la cuenta: no lo paga él. Cuanto mayor la exposición penal, más racional resulta para el gobernante quemar las naves institucionales.

El modelo que mejor describe esa conducta ya no es el del truhan de feria, sino el de quien monta un esquema piramidal, un Ponzi. Con el paso del tiempo, no puede seguir mintiendo al mismo ritmo, sino acelerar en la mentira. Cada embuste lo obliga a otro mayor para sostener el anterior, y así hasta que no le queda salida ordenada: solo una huida hacia adelante que día tras día encarece el desenlace. El gobernante acorralado actúa con la misma aritmética. Cada chantaje y cada concesión —a un socio parlamentario, a un investigado afín, a un territorio— compran un día más de supervivencia, pero elevan el precio del siguiente rescate. Huir hacia adelante no es irracional. Es la única jugada disponible para quien ya no puede permitirse perder.

Al principio, la moneda con que paga su supervivencia no es un golpe espectacular, sino la erosión callada de la cesión. Un gobierno que depende de socios separatistas para seguir en pie paga en la divisa que esos socios aceptan: indultos, excarcelaciones, la amnistía, competencias, blindajes a la carta, financiación singular. Las concesiones a los nacionalistas vascos, normalizadas hasta parecer parte del paisaje, son el ejemplo más veterano; las negociadas con el separatismo catalán, su versión ampliada. El socio no aporta adhesión, sino una mayoría alquilada: vende su apoyo voto a voto, sin entregarlo nunca. Por eso el cortejo es insaciable. Quien solo alquila sus escaños puede subir la renta sin fin, porque sabe que el gobierno depende de ellos y no tiene adónde ir.

Y ese alquiler sale cada vez más caro, por dos razones. La primera, que queda menos que ofrecer: los activos cedibles se agotan, y cada nueva entrega es más difícil que la anterior. La segunda, que lo entregado apenas le renta a quien gobierna, porque es el socio quien cobra el rédito. De ahí el salto siguiente. El propio partido en el poder muta: sus filiales vasca y catalana se hacen, ellas mismas, más nacionalistas. Así dejan de estar a un solo lado de la transacción. Conceden las cesiones desde Madrid y, a la vez, las disfrutan desde la administración autonómica, convertida en comedero donde una banda de depredadores insaciables devora lo que es de todos. El partido se convierte en socio de sí mismo. La cesión deja de ser un precio que se paga y pasa a ser un botín que se reparte entre los mismos que la conceden.

Quien aplaude esa cesión no siempre sale ganando. Romper España como unidad de redistribución perjudica antes que a nadie a las comunidades que reciben más de lo que aportan. Andalucía es de las primeras. Y un modelo confederal, en el que cada territorio retiene sus recursos, es precisamente lo que terminaría de romper esa unidad. Pese a ello, una formación andalucista que defiende ese modelo acaba de cosechar su mayor apoyo entre los jóvenes andaluces. Votan expresivamente contra su propio bolsillo. Son el equivalente territorial del pavo que vota por adelantar la Navidad.

Pero la cesión territorial es solo el primer peldaño. Las entregas crecen a medida que se estrecha el acoso judicial: cada concesión resulta insuficiente y obliga a otra mayor. Tras las competencias llegan las reglas: las que deberían operar como límites se vacían desde dentro, hasta que dejan de estorbar. Más allá está el lugar de España en el mundo: su pertenencia al bloque de democracias occidentales, tratada también como una variable que se ajusta a la medida de la propaganda. Y al final del recorrido asoma ya el gran salto al vacío: una consulta planteada como plebiscito que reúna en una sola papeleta el modelo territorial, la forma del Estado y, sin nombrarla, la absolución de la propia corrupción. Como se vio durante el procés, no hace falta ganar ese plebiscito: basta con convocarlo. Envuelta en causa nacional, la impunidad viaja de polizón en la papeleta. Y el envoltorio noble está servido: cuando estos días, desde la más alta autoridad moral, se invoca la «reconciliación» sin venir a cuento, y hasta se pide abandonar las «narrativas divisivas», queda lista la retórica que dignificará cualquier rendición futura. 

La cárcel es el único rival al que el corrupto no está seguro de poder sobornar. Por eso huye hacia adelante y pagará lo que haga falta —competencias, reglas, el encaje del país en el mundo, la igualdad entre españoles, incluso la convivencia— con tal de comprar otro día en el poder. Pero esa cadena de entregas no se sostiene sola, y no basta con los socios que cobran por su apoyo: necesita que la respalde una parte notable del electorado. Esa es la mitad perturbadora del mecanismo. Es obvio por qué huye el líder corrupto. El misterio oscuro, incluso tenebroso, es por qué sus votantes huyen con él.