Coherentes en nuestra incoherencia

En plena campaña de la renta, los microdatos del estudio anual del CIS sobre opinión pública y política fiscal confirman un viejo patrón: el 47,8 % de los entrevistados pide más recursos para al menos uno de los principales servicios del Estado benefactor —sanidad, enseñanza, pensiones, vivienda, dependencia— y, a la vez, declara que paga demasiados impuestos. Sucede así desde hace al menos treinta años y el dato suele citarse como prueba de la inmadurez fiscal del votante medio. Pero esa interpretación oculta más de lo que muestra.

El dato agregado proviene de dos preguntas a las que respondemos de forma muy diferente: una es casi unánime entre electorados, mientras que la otra los separa profundamente. Por un lado, la demanda de más servicios públicos no nos divide: entre el 97 y el 99% de cada electorado pide aumentar alguna partida. Las diferencias son mínimas: sobre un total de 17 servicios, el votante medio del PSOE pide ampliar 9,2; el del PP, 10,1. La dirección es incómoda para la tesis del Estado mínimo: la derecha no pide menos. En cantidad, todos los electorados se parecen.

La diferencia reside en qué servicios pide cada uno. El votante de Vox quiere aumentar el gasto en defensa, seguridad ciudadana y justicia, los servicios clásicos del Estado liberal. El de Sumar, en medio ambiente, cultura y cooperación al desarrollo. Coinciden los cuatro electorados en pedir más sanidad, vivienda, dependencia y, con menos unanimidad, pensiones, que son las grandes partidas del gasto público. La derecha contemporánea no quiere menos Estado. Quiere más Estado, pero sin reducir los principales programas del Estado benefactor.

Por otro lado, sí hay una división profunda en cómo interpretan lo que ya le pagan. La percepción de la carga fiscal responde más a la identidad política que al importe de la factura. Los hogares con menos de 1.100 euros al mes son los que con más frecuencia declaran pagar mucho (57%); a partir de ahí la frecuencia se mueve entre el 42% y el 48%, sin recuperar nunca el nivel de los hogares más modestos. La relación con la renta es débil e incluso ligeramente inversa en la mayor parte del rango.

Al cruzar renta y voto, aparece una asimetría enorme. Un votante rico de Sumar y un votante rico de Vox pagan lo mismo de IRPF, pero hablan de ello de forma opuesta: solo el 13% de los de Sumar cree pagar mucho; entre los de Vox, el 86%. 73 puntos de diferencia entre hogares que ingresan lo mismo. En el tramo más bajo, la brecha es incluso un poco mayor: 10% frente al 93%. Los electorados del PSOE y del PP ocupan posiciones intermedias: en el tramo alto, declara pagar mucho el 22% del PSOE y el 66% del PP; en el tramo bajo, el 43% y el 70%. Misma situación material, interpretación política opuesta.

La distancia es además reciente. Entre 2010 y 2015, los electorados del PSOE y del PP respondían a esta pregunta con diferencias menores a diez puntos; tras los recortes de Rajoy era, de hecho, el votante del PSOE —pese a que las subidas las firmaba el PP— quien más declaraba pagar demasiado. Hoy la brecha supera los 40 puntos. El IRPF no ha cambiado tanto desde entonces; lo que ha cambiado es la reacción que provoca en cada electorado. La respuesta ya no refleja la factura, sino la afiliación.

Quizá lo permita la propia pertenencia. El «pagamos mucho» es ambiguo: cada votante lo completa con su propia agenda —la familia trabajadora exprimida o el gran patrimonio que tributa poco—. No hay desacuerdo sobre los hechos; lo hay sobre quién es el contribuyente legítimo y para qué. Dos tercios del electorado de Vox ven los impuestos como una obligación de la que no saben qué reciben a cambio; entre los de Sumar, apenas el 6%. La discusión no es sobre los importes, sino sobre el propio contrato social. 

La encuesta del CIS introdujo en 2010 una segunda pregunta menos cómoda. En lugar de pedir una valoración —«¿pagamos mucho?»—, pone precio: en una escala de 0 a 10, ¿prefiere subir impuestos para mejorar los servicios, o pagar menos aunque empeoren? Cuando se cruza la demanda de servicios con esta preferencia revelada, la inconsistencia baja al 30% del electorado. Y, sobre todo, la brecha entre Sumar y Vox cae de los 75 puntos del indicador declarativo a 28. La identidad sigue pesando, pero menos: en cuanto la pregunta tiene precio, los electorados se parecen más entre sí. 

Aunque ambos indicadores se calculan sobre la misma muestra, miden fenómenos distintos que solo se solapan parcialmente. La consecuencia política es directa: ningún Gobierno tiene incentivos para alterar el equilibrio actual. Subir impuestos contrariaría al 47,8% que declara pagar demasiado, y también al 30% que prefiere pagar menos cuando se le obliga a elegir. Recortar servicios contradice una demanda transversal. El equilibrio queda políticamente intocable por los dos lados.

La salida desde la gran recesión ha sido el endeudamiento. La deuda pública española ronda el 100 % del PIB y se sostiene gracias al apoyo de los instrumentos europeos y a los tipos contenidos por el BCE. La Airef proyecta que, con políticas constantes —es decir, sin recortes ni subidas—, alcanzaría el 129% en 2050 y el 181% en 2070. La deuda no es una cifra abstracta: es una factura postergada.

Los servicios públicos que casi la mitad dice no querer financiar más, y que un tercio rechazaría si se le obligara a elegir, los pagarán quienes aún no contestan a la encuesta.