La sentencia que Sánchez no quiere escuchar

Una democracia no puede vivir esperando sentencias firmes como quien espera el paso de un cometa. Puede necesitarlas para castigar delitos, desde luego. Puede exigirlas para imponer penas, embargar bienes, inhabilitar a corruptos o cerrar jurídicamente una causa. Pero la democracia no puede depender solo de los códigos penales ni de los plazos procesales. Necesita algo más elemental: que la política se depure a sí misma antes de que la degradación acabe con ella.

Esa es precisamente la cuestión que el Gobierno pretende escamotear en medio del colosal escándalo que rodea al PSOE. No se trata de sustituir a los jueces por tertulianos ni de dictar condenas desde la prensa, las redes sociales o la oposición. Se trata de entender que la responsabilidad política no empieza cuando se certifica la responsabilidad penal. Empieza mucho antes. Empieza cuando la acumulación de informaciones, indicios, investigaciones judiciales, testimonios y evidencias hace imposible sostener, sin bochorno, que todo sigue igual. Y en España hace ya tiempo que nada sigue igual, aunque Sánchez se empeñe en recluir al país bajo una lona, mientras diluvian sospechas, descrédito e indignación.

El presidente no necesita una sentencia firme para asumir que la situación es insostenible. Lo sabe. Sus socios parlamentarios tampoco necesitan una sentencia firme para saberlo. También lo saben. Lo que ocurre es que todos han encontrado en la expresión «sentencia firme» el escondite perfecto: una coartada jurídica para eludir su responsabilidad. Suena garantista, casi institucional. Pero funciona como un cerrojo. Significa, en la práctica, que el Gobierno puede permanecer años en el poder, aunque se hunda el suelo bajo sus pies, siempre que los tribunales no hayan finiquitado un proceso que puede prolongarse cinco, seis, siete u ocho años. Es decir: una eternidad política.

Los socios de Sánchez saben perfectamente que una causa tan compleja como la de Plus Ultra no se resolverá mañana. Ni pasado mañana. Quizá ni dentro de la próxima legislatura. Por eso escudarse en la sentencia firme no es un ejercicio de prudencia democrática, sino una forma calculada de supervivencia. Si la condición para retirar el apoyo al Gobierno es la resolución judicial definitiva, entonces no hay condición. Hay blindaje. Es la forma de decir que seguirán mientras los números salgan y mientras el calendario judicial los proteja.

Pero una democracia no puede permitirse ese lujo. No puede soportar años de un Gobierno cubierto de sospechas, escándalos inacabables y deterioro moral sin convocar a los ciudadanos a las urnas. Los tribunales no están para garantizar el buen funcionamiento de la política. Están para perseguir delitos. La política, en cambio, tiene otra misión: responder ante los ciudadanos en tiempo real. No cada ocho años. No cuando la instrucción haya terminado. No cuando el Tribunal Supremo, después de un rosario de recursos, diga la última palabra. La democracia necesita limpieza inmediata, no depuraciones arqueológicas.

«Estabilidad significa que el presidente continúa en la Moncloa. Estabilidad significa que sus socios conservan su influencia»

Ahí reside la diferencia esencial entre una condena judicial y una sentencia política. La primera corresponde a los jueces. La segunda, a los ciudadanos. No porque las urnas sustituyan a los tribunales, sino porque los tribunales no pueden sustituir a las urnas.

Sánchez, sin embargo, nos presenta su negativa al adelanto electoral como un acto de responsabilidad. Según dice, apurar la legislatura sería lo mejor para los ciudadanos, porque garantiza la estabilidad. La palabra mágica estabilidad ha terminado convirtiéndose en uno de esos términos que el poder usa cuando quiere seguir mandando sin dar explicaciones. Estabilidad significa que el presidente continúa en la Moncloa. Estabilidad significa que sus socios conservan su influencia. Estabilidad significa que los ministerios, los cargos, las subvenciones, el mercadeo de prebendas y la aritmética parlamentaria permanecen intactos. Una estabilidad muy particular la que Sánchez defiende: beneficiosa para quienes viven de ella; corrosiva para quienes deben soportar sus consecuencias.

El argumento de la estabilidad es cinismo en vena. Viene a decir que convocar elecciones sería perjudicial para los ciudadanos porque traería incertidumbre. Como si la democracia fuese una molestia. Como si sus controles, su rendición de cuentas y su sufragio universal fueran elementos de perturbación del poder y no su fundamento. Es la vieja tentación de todo poder que se acostumbra demasiado a sí mismo: confundir su continuidad con el interés general. El dictador que se niega a democratizar un país también suele hacerlo en nombre de la estabilidad. Nunca por apego al poder, por supuesto. Siempre por el bien del pueblo, ese sujeto abstracto al que se invoca cada vez que se quiere impedir que comparezca.

España, al menos sobre el papel, no es una dictadura. Precisamente por eso resulta tan grave que se normalicen los reflejos políticos del sanchismo. No hace falta clausurar el Parlamento para vaciarlo de sentido. No hace falta prohibir elecciones para convertirlas en un último recurso indeseable. Basta con instalar la idea de que los ciudadanos solo pueden ser llamados a pronunciarse cuando al Gobierno le convenga, y no cuando la situación lo exige. Basta con transformar la aritmética parlamentaria en una especie de salvoconducto moral: mientras los números alcancen, todo queda suspendido; mientras los socios se mantengan en su sitio, nada obliga; mientras no haya sentencia firme, el poder puede seguir sin inmutarse.

«El parlamentarismo no es impunidad aritmética. Una mayoría otorga capacidad para gobernar, no patente de corso»

Pero el parlamentarismo no es impunidad aritmética. Una mayoría otorga capacidad para gobernar, no patente de corso. La legitimidad de origen no anula la legitimidad de ejercicio. Un Gobierno puede ser legal y, simultáneamente, haber perdido la autoridad necesaria para continuar. Puede conservar apoyos suficientes y haber agotado, sin embargo, la confianza que una democracia exige. Esa distinción fundamental es la que Sánchez y sus socios quieren borrar.

Si todo depende de una sentencia, entonces la política ya no decide, no responde, no se corrige, no se somete al juicio ciudadano. Simplemente aguanta. Aguanta escándalos, aguanta sospechas, aguanta titulares, aguanta sumarios, aguanta imputaciones y aguanta la erosión de la confianza. Aguanta no porque deba, sino porque puede. Esa es la definición más tremenda del momento político que vivimos: el Gobierno es democráticamente insostenible, pero perfectamente sostenible desde la lógica del poder por el poder mismo.

Por eso debemos entender que el adelanto electoral no es premiar al adversario. Es la salida democrática natural ante la crisis de legitimidad política más grave de la democracia. Las urnas no resolverán los procesos judiciales, ni falta que hace. Los jueces seguirían trabajando. Las causas seguirían su curso. Los delitos, si los hubo, serán investigados hasta el final. Pero los españoles podrán emitir el juicio que les corresponde: si este Gobierno, este partido y esta mayoría merecen seguir administrando el poder en estas circunstancias.

Por supuesto, Sánchez no quiere escuchar esa sentencia. Prefiere esperar la de los tribunales porque sabe que llegará tarde, si llega, y porque hasta entonces puede seguir gobernando. Sus socios aceptan el juego porque también obtienen algo de esa espera. Cada uno encuentra su coartada. Unos hablan de estabilidad. Otros de garantías. Otros de prudencia. Pero el resultado es el mismo: todos se remiten a un futuro judicial lejano aquello que debería resolverse ya en el presente democrático.

La democracia, sin embargo, no se defiende solo encarcelando culpables años después. Se defiende impidiendo que el poder se pudra mientras todos fingen esperar al juez. La sentencia que de verdad importa no tiene por qué venir escrita en papel timbrado. Puede llegar en forma de urna. Precisamente por eso Sánchez la evita.