El 'método Sánchez'

En España, la democracia ya no se asalta: se coloniza lentamente, con la astucia de quien sabe que el tiempo, la resignación y el Boletín Oficial del Estado terminan jugando a su favor. Ya no hace falta que un teniente coronel irrumpa en el Congreso entre gritos y metralletas, lanzando aquel «¡Se sienten, coño!» que durante 18 horas congeló la Transición. Ese lenguaje tosco, casi primitivo, ha sido sustituido por una técnica mucho más sofisticada e infinitamente más peligrosa. Hoy no es necesario interrumpir la sesión parlamentaria; basta con vaciarla de contenido mientras las instituciones continúan funcionando en apariencia y la mayoría de aluvión proporciona cobertura legal para su desmantelamiento.

El método consiste en conservar intacto el decorado —el Palacio de las Cortes, las urnas dominicales, la liturgia de las sesiones de control, las declaraciones solemnes sobre la defensa del Estado de derecho— mientras se desmonta, pieza a pieza, los mecanismos que daban sentido a todo ello. La escenografía democrática permanece; lo que se altera es el ADN institucional. Se invoca la Constitución como un mantra casi sagrado al tiempo que se utiliza el Tribunal Constitucional para neutralizar sus propios contrapesos. El decreto ley deja de ser una excepción para convertirse en el recurso habitual del Gobierno. Ya no hacen falta tanques en las calles cuando se dispone de la capacidad de ocupar cada rincón del Estado —desde la Fiscalía General hasta el Tribunal Constitucional— con la frialdad del capo mafioso que subordina el interés general a su conveniencia particular. No es nada personal; son negocios.

Esa es, cada vez con menos disimulo, la realidad que proyecta la figura de Pedro Sánchez. Con él, la corrupción ha dejado de presentarse como una sucesión irritante de escándalos o como un catálogo de intermediarios oportunistas para convertirse en un mecanismo sistémico, desprovisto ya de cualquier freno moral.

Jean-François Revel lo advirtió con una lucidez casi profética: «La democracia no perece por falta de instituciones, sino por la pérdida de la convicción de que las leyes deben ser respetadas por quienes las hacen». Cuando esa convicción se evapora precisamente en la cúspide del poder, la arquitectura del Estado deja de actuar como garantía y comienza a funcionar como la coartada perfecta de un abuso sin fin.

La degradación a la que Sánchez nos ha conducido se comprende con especial crudeza a través de las noticias que llegan desde Alemania, donde la denuncia todavía no puede neutralizarse recurriendo al narcótico de la polarización. Allí no sirven los manuales de resistencia monclovita ni el intento sistemático de desacreditar y asfixiar a la prensa disidente por tierra, mar y aire. Hablamos de un escándalo que golpea directamente a los contribuyentes europeos que financiaron los fondos Next Generation, concebidos oficialmente como el gran instrumento para la reconstrucción y transformación de Europa tras la pandemia.

«El sanchismo ha conseguido que el desvalijamiento pueda ejecutarse con indiferencia ante una sociedad anestesiada»

Más de 10.000 millones de euros habrían sido desviados en España para tapar agujeros presupuestarios y sostener artificialmente el sistema de pensiones. He ahí, probablemente, la tramoya oculta del supuesto «milagro económico» de Sánchez: dilapidar recursos extraordinarios, destinados a transformar el futuro productivo del país, para financiar urgencias electorales y garantizar la supervivencia política del presidente. Pan para hoy, propaganda para mañana y una montaña de facturas para quienes vengan detrás.

La indignación de Berlín es un espejo despiadado frente a nuestra apatía. Lo que allí se denuncia con gravedad, aquí se diluye en el flujo cotidiano de la propaganda, la saturación informativa y la resignación. Michael Jäger, presidente de la Federación Europea de Contribuyentes —ojalá existiera algo parecido aquí—, ha rasgado el velo al calificar la situación de «escándalo mayúsculo» y exigir no solo transparencia, sino incluso la apertura de un proceso penal. Que tenga que ser una voz extranjera la que recuerde que la hacienda pública no constituye el patrimonio privado de un Consejo de Ministros revela hasta qué punto se ha deteriorado nuestra percepción de lo tolerable. Mientras en Europa se habla de responsabilidades, en España el saqueo ha terminado integrándose en la rutina administrativa. El sanchismo ha conseguido algo extraordinario: que el desvalijamiento pueda ejecutarse con indiferencia ante una sociedad tan anestesiada que incluso aplaude el mecanismo que contribuye a empobrecerla.

Que la Comisión Europea haya avalado in extremis que el Gobierno gaste los fondos Next Generation tapando los agujeros del sistema de pensiones  —acumular desequilibrios fiscales que arruinarán a las nuevas generaciones— no exonera a Sánchez: condena a la Comisión.

Sin embargo, lo más inquietante no es únicamente el rastro del dinero, sino el rastro del método. El romance entre Pedro Sánchez y Xi Jinping empieza a revelar algo más que una simple sintonía comercial o diplomática. Empieza a percibirse una perturbadora transferencia de reflejos políticos: la administración del miedo, la confusión y la dependencia emocional como instrumentos de control social.

«España, bajo el liderazgo de Sánchez, empieza a parecerse peligrosamente a una pequeña China europea»

Bajo esa luz, hay que observar que el Ministerio del Interior, según parece, ha desviado 12 millones de euros de esos mismos fondos europeos a la adquisición de equipos de Huawei para sistemas de interceptación legal de comunicaciones. Dinero concebido, en teoría, para reforzar la «autonomía estratégica» termina así alimentando a un régimen cuya concepción del poder representa exactamente lo contrario de los principios políticos sobre los que Europa afirma sostenerse.

España, bajo el liderazgo de Sánchez, empieza a parecerse peligrosamente a una pequeña China europea. De hecho, el espectáculo construido alrededor del hantavirus encaja a la perfección en la lógica propagandística que Pekín perfeccionó durante la pandemia: proyectar una imagen de tutela omnipresente, paternal y protectora mientras se amplía silenciosamente la discrecionalidad del poder. El nuevo autoritarismo ya no necesita prohibiciones groseras ni exhibiciones de fuerza; le basta con inundar el ecosistema mediático de shows emocionales capaces de atrofiar la capacidad crítica de la sociedad y generar una creciente dependencia psicológica de quien promete protección frente a amenazas que él mismo contribuye a amplificar.

El verdadero escándalo, en última instancia, no reside únicamente en el desvío discrecional de miles de millones de euros. El verdadero escándalo consiste en la naturalidad con la que buena parte de la sociedad española parece haber asumido que el presidente puede atravesar cualquier línea roja, reinterpretar cualquier límite ético y colonizar cualquier espacio institucional o psicológico siempre que su continuidad en el poder dependa de ello.

Parece que el idilio entre el Gobierno español y el PCCh no está importando de China únicamente tecnología, infraestructuras críticas o algoritmos de vigilancia. Está importando, sobre todo, una determinada concepción del poder: una relación entre el Estado y el ciudadano basada en el control emocional, la infantilización política y la gestión psicológica. Las formas democráticas continúan ahí, sí, pero reducidas a un decorado de legitimidad destinado a tranquilizar a Europa mientras los engranajes del Estado quedan subordinados a una sola obsesión: la resistencia indefinida, y a cualquier precio, de quien ocupa el fortín de la Moncloa.