Corrupción empoderada, democracia liquidada

Hay momentos en los que una democracia no se examina en los tribunales, sino frente al espejo de sus propios principios. La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 se presentó como una operación de higiene institucional, una reacción imprescindible ante una degradación que, se dijo entonces, hacía imposible la continuidad del Gobierno.

Más allá del proverbial oportunismo de Sánchez, el argumento en sí era consistente. La sentencia del caso Gürtel describía un sistema de corrupción relacionado con el partido gobernante. Pero no condenaba al entonces presidente, Mariano Rajoy, que a lo sumo compareció únicamente como testigo.

Sin embargo, esta circunstancia no menor desde el punto de vista judicial no impidió afirmar la mayor: que su permanencia era políticamente insostenible. Precisamente porque la responsabilidad política no depende de la penal, Pedro Sánchez pudo justificar la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy. Aquella fue la tesis. Y era una tesis seria, independientemente de quién la hiciera valer.

No hacía falta una condena judicial explícita contra el presidente de entonces para entender que algo se había roto. Bastaba con la acumulación de hechos, con la descripción de un entorno degradado, con la evidencia de que el poder había dejado de operar dentro de los márgenes de ejemplaridad que exige la democracia. La política, se afirmó entonces, no podía esperar a la Justicia. Tenía sus propias reglas. Y necesitaba hacerlas cumplir sin dilación.

Hoy, esa vara de medir no solo parece haber desaparecido: se ha dado la vuelta.

«Desde el punto de vista político, el mismo con el que Sánchez desalojó a Rajoy, el caso de su esposa debería ser suficiente para desalojarle»

Porque lo que ahora se despliega ante nuestros ojos no es un episodio aislado ni una sospecha puntual que pueda despreciarse con apelaciones al garantismo último de la Justicia. La acumulación de investigaciones, de abultados sumarios, de informes de la UCO, de nombres propios, muchos de ellos íntimamente ligados al presidente, dibuja un cuadro político de tal gravedad que solo la más vehemente —o interesada— negación puede ignorar.

Lo que dictaminen los tribunales importa, desde luego, pero desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista político, el mismo con el que Sánchez desalojó a Rajoy, el caso de su esposa, Begoña Gómez, debería ser suficiente para desalojarle a él. Este acto de justicia política no necesita que un tribunal dicte sentencia.

Cartas de recomendación a empresas que luego obtienen adjudicaciones públicas; reuniones en la sede de la Presidencia con empresarios vinculados a esas operaciones; la construcción de estructuras académicas en condiciones ventajosas; la proximidad a decisiones de rescate de compañías con las que se mantienen contactos previos; la utilización de recursos públicos en actividades privadas. Cada uno de estos hitos, por separado, exigiría explicaciones. Su acumulación exige algo más que explicaciones. Y lo exige sin necesidad de que medie ningún tribunal.

¿Y qué decir del caso Koldo, donde las investigaciones afectan a colaboradores íntimos, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán? Los informes de la UCO no son bulos, son documentos que describen tramas de comisiones, pagos en metálico, intermediación en contratos públicos y movimientos patrimoniales difíciles de explicar. A lo que hay que sumar testimonios sobre dinero en efectivo circulando por las estructuras del partido. No es un titular: es un patrón.

«Los tribunales no están para decidir quién debe gobernar, sino para dirimir si alguien ha delinquido»

No se trata de anticipar condenas ni de hacer juicios paralelos. Se trata de reconocer que, en cualquier democracia funcional, este ingente volumen de indicios, esta reiteración de prácticas, esta proximidad al poder, exigirían algo más que una espera resignada al dictado final de los tribunales.

La justicia no está para quitar y poner presidentes; está para valorar si determinados actos merecen o no castigo penal. La ejemplaridad democrática no es su competencia. No puede serlo. Porque los tribunales llegan tarde. Siempre llegan tarde. Y no están para decidir quién debe gobernar, sino para dirimir si alguien ha delinquido. Confundir ambos planos nada tiene que ver con el garantismo: es una forma interesada de rebajar las exigencias de la política hasta hacerlas coincidir con el mínimo penal.

Si todo esto estuviera ocurriendo en Alemania, en Suecia o en cualquier otra democracia con una mínima cultura institucional, la cuestión no sería cuánto tardarán los jueces en pronunciarse. La cuestión sería cuánto tiempo tardará el presidente en dimitir o cuánto tardará el sistema en hacerlo dimitir. Todo lo demás quedaría no en un segundo plano, sino en un plano diferente. Como debe ser en democracia.

Pedro Sánchez, sin embargo, parece haber invertido el razonamiento, su razonamiento. Donde antes bastaba con una quiebra de credibilidad, ahora exige incluso más que una sentencia firme. Donde antes la responsabilidad política era preventiva, ahora se ha convertido en reactiva y, en la práctica, inexistente.

«Fue Sánchez quien afirmó que la corrupción había llegado a ser ‘una forma de gobernar’»

Ahora el espejo le devuelve a Sánchez una imagen imposible de eludir. Porque fue él quien sostuvo que «la sentencia de Gürtel no es una sentencia cualquiera, es una sentencia que cuestiona la credibilidad y la integridad del Gobierno de nuestro país». Fue él quien afirmó que la corrupción había llegado a ser «una forma de gobernar». Fue él quien aseguró que un presidente no podía seguir en el cargo en esas circunstancias. Y fue él quien defendió que la moción de censura era «una respuesta serena, firme, de Estado» para «recuperar la dignidad de la democracia». Nada de eso ha dejado de ser cierto. Lo único que ha cambiado es el lugar desde el que se pronuncian o se silencian esas palabras.

Por eso, la cuestión ya no es qué dirán los tribunales dentro de unos años. La cuestión es si el criterio que le permitió encaramarse al poder sigue siendo válido una vez instalado en él. Y, en caso de que lo sea —no puede dejar de serlo sin vaciarse de contenido—, si el estándar que entonces Sánchez y sus aliados consideraron suficiente para exigir responsabilidades no debería aplicarse hoy con la misma, o incluso mayor, severidad.

Una democracia que rebaja sus exigencias cuando el poder cambia de manos no se protege: se corroe. Y esa corrosión, a diferencia de las sentencias judiciales, no necesita años para aflorar. Ya es visible hoy.

En 2018, bastó con un solo caso para derribar a un presidente que ni siquiera había sido condenado. Hoy, la acumulación de investigaciones, informes, nombres y prácticas que afectan al entorno íntimo de Sánchez no tiene efecto político alguno. Algo ha cambiado. Y no es solo el criterio voluble de quien gobierna. Es algo mucho más grave. Con Sánchez, el poder ya no se somete a escrutinio; ha aprendido a resistirlo. Y una democracia que deja de controlar al poder empieza, inevitablemente, a parecerse a otra cosa.