Sopapo europeo al sanchismo

Pedro Sánchez lleva siete años utilizando a Europa como coartada moral de un proyecto político construido sobre la erosión progresiva de los contrapesos institucionales y la desigualdad ante la ley. Cada cesión al separatismo, cada reforma concebida para blindar mayorías parlamentarias imposibles y cada medida de degradación del Estado de derecho han sido envueltas cuidadosamente en el celofán retórico del europeísmo y la socialdemocracia. En Bruselas, Sánchez se presenta como un dirigente moderado y homologable; en España, convierte cualquier oposición a su rodillo político e institucional en una supuesta anomalía reaccionaria que debe ser neutralizada.

Por eso tiene algo de justicia poética que haya sido precisamente la Unión Europea la que haya elaborado uno de los retratos institucionales más severos del sanchismo hasta la fecha.

El presidente, que se presenta urbi et orbi como adalid del derecho internacional, referente del progresismo liberal y dique de contención frente a la supuesta amenaza autoritaria global que representa Trump, acaba de recibir un serio correctivo político desde el Parlamento Europeo. Y no precisamente de la fachosfera: cinco eurodiputados de cinco grupos distintos —popular, liberal, socialista, ECR y Patriotas— integrados en la misión del Grupo de Seguimiento sobre Democracia, Estado de derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG) de la Comisión LIBE, visitaron Madrid los días 16 y 17 de febrero. El informe posterior constituye una enmienda bastante incómoda al relato oficial del Gobierno sobre la salud democrática e institucional española.

Lo primero que constata el dictamen es el desdén del Ejecutivo hacia cualquier mecanismo de fiscalización incómodo. La delegación solicitó reunirse con el presidente del Gobierno, con el ministro de Justicia, con responsables de empresas públicas y con RTVE. Ninguno aceptó. Ninguno.

El informe lo expresa con la sobriedad burocrática característica de Bruselas: la ausencia de estos interlocutores «limitó la capacidad de la delegación para obtener explicaciones directas del Gobierno». Traducido del lenguaje diplomático: el Gobierno decidió dar plantón a una misión oficial europea. Y el contraste resulta revelador. En países también señalados por problemas relacionados con el Estado de derecho, como Eslovaquia, el primer ministro sí recibió con normalidad institucional a una misión equivalente. Sánchez, en cambio, optó por el vacío. Porque al sanchismo, de Europa le interesan mucho los fondos y bastante menos los controles.

«Más de 120 reales decretos ley desde 2018. La cifra más alta de la democracia reciente»

El informe entra después en varias cuestiones particularmente delicadas.

La primera: el Consejo General del Poder Judicial. Los eurodiputados recuerdan que sigue incumplido el compromiso político adquirido en 2024 para adaptar el sistema de elección de los vocales a los estándares europeos, esto es, que al menos la mitad de los miembros del órgano sean jueces elegidos por jueces. No se trata de una exigencia extravagante de la oposición española, sino de una recomendación reiterada por la Comisión de Venecia, el GRECO y el Consejo de Europa.

Lo que el informe describe con exquisita prudencia como una «fuente persistente de debate institucional» constituye en realidad un problema mucho más profundo: la resistencia histórica de los partidos —y muy especialmente del PSOE— a renunciar al control político del órgano de gobierno de los jueces.

La segunda cuestión es el abuso del decreto ley Y aquí los datos son difícilmente discutibles: más de 120 reales decretos ley desde 2018. La cifra más alta de la democracia reciente. Los eurodiputados recuerdan algo bastante elemental: el artículo 86 de la Constitución reserva este instrumento para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Sin embargo, el Gobierno lo ha convertido en una fórmula ordinaria de producción legislativa, utilizada incluso para reformas estructurales y políticamente sensibles.

«España incumple de forma reiterada compromisos internacionales básicos en materia de integridad pública»

La consecuencia es evidente: se sustrae el debate de la opinión pública, se desnaturaliza el parlamentarismo, se neutralizan controles consultivos y se reduce progresivamente la función de las Cortes a la de la mera ratificación acelerada de decisiones ya adoptadas por el Ejecutivo.

Después aparece la corrupción. Y aquí no ha colado el relato de los bulos y la máquina del fango. Transparencia Internacional sitúa a España en su peor registro desde 2012. El informe recoge además que las recomendaciones del GRECO sobre transparencia, conflictos de intereses y rendición de cuentas siguen «solo parcialmente implementadas». Es decir: España incumple de forma reiterada compromisos internacionales básicos en materia de integridad pública.

A ello se añade otro dato especialmente inquietante. La Fiscalía Anticorrupción reconoció ante la delegación retrasos «excesivos» entre el final de las investigaciones y el inicio de los juicios. El caso Pujol constituye probablemente el ejemplo más gráfico de este mal endémico: 13 años de instrucción para terminar sin juicio al principal investigado debido a su deterioro cognitivo consecuencia de la edad. La dilación termina funcionando así como un camino indirecto —pero efectivo— de impunidad, una amnistía encubierta.

El informe también se detiene en RTVE. Y lo hace recogiendo las advertencias formuladas por el propio Consejo de Informativos sobre la progresiva concentración de poder en la presidencia de la corporación y la proliferación de formatos de actualidad con contenidos absolutamente incompatibles con la neutralidad exigible a un servicio público. Tanto reírnos de los formatos propagandísticos de la televisión venezolana durante el chavismo, tanto pensar que eso aquí jamás podría pasar… Pues está pasando.

«Las asociaciones de jueces denunciaron ante los eurodiputados la creciente presión política sobre la judicatura»

Asimismo, el informe deja constancia de los ataques a la independencia judicial. Las asociaciones de jueces denunciaron ante los eurodiputados la creciente presión política sobre la judicatura, los nombramientos politizados y la deslegitimación pública de resoluciones judiciales desde el poder. El propio Tribunal Supremo advirtió de que el cuestionamiento constante de los jueces y de sus decisiones está erosionando el Estado de derecho. Y la delegación concluye que la politización creciente y el deterioro de los contrapesos institucionales están minando la confianza ciudadana en la imparcialidad de la Justicia.

Por último, el Tribunal Constitucional. La delegación constata —de nuevo con la proverbial delicadeza europea— la percepción de que determinados magistrados podrían estar actuando conforme a alineamientos políticos más que estrictamente jurídicos. El informe menciona expresamente las tensiones con el Tribunal Supremo a propósito de la ley de amnistía y alerta del riesgo de erosión de la confianza ciudadana en las instituciones.

Ya sabemos que Bruselas prefiere el tirón de orejas al sopapo cuando el Gobierno examinado pertenece a una de las grandes familias políticas europeas. Pero precisamente por eso el contenido resulta aún más significativo: porque el informe no habla de una anomalía puntual, sino de una erosión institucional acumulativa. De concentración de poder. De debilitamiento de contrapesos. De colonización partidista y de instigación y promoción gubernamental de la polarización social.

En definitiva: de una forma de ejercer el poder que resulta antagónica con el sistema de check & balances que consagran los tratados fundacionales europeos.

Y hay otra ironía difícil de ignorar: que este dictamen europeo sobre el deterioro democrático español haya coincidido con el final de la vista oral del caso mascarillas y la frase para la posteridad del fiscal Luzón: la corrupción carcome nuestra democracia. Que la sentencia política de Europa haya llegado antes que la judicial del Supremo tiene también ciertos aires de justicia poética.