Lo que avergüenza a la Justicia

La degradación de la Justicia empieza cuando un ministro pone su cargo al servicio de la defensa de la esposa del presidente que lo nombró.

Porque las declaraciones de Félix Bolaños no pueden valorarse como las de un ciudadano cualquiera, ya que habla como ministro de Justicia del Gobierno de España. Sus palabras no se agotan en lo que dicen, sino en lo que representan: llegan revestidas de poder, amplificadas por la posición que ocupa y con capacidad real de influir en la percepción social de un procedimiento y de afectar al crédito de quienes intervienen en él. Precisamente por eso, la exigencia de contención no se relaja: se intensifica.

La libertad de expresión tiene límites y la posición institucional del ministro activa un estándar de conducta más exigente que algunos parecen haber olvidado. La Ley 3/2015 obliga a los altos cargos a actuar con objetividad, integridad, responsabilidad y ejemplaridad, y la Ley 19/2013 les impone el deber de respetar el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales. 

Desde ese marco, sostener públicamente que una instrucción carece de fundamento, anticipar su revocación como forma de presión al tribunal de apelación y desacreditar al juez que la dicta no es una opinión más. Es una forma de intimidación institucional sobre quienes están llamados a intervenir en un proceso en curso que afecta al entorno personal directo del presidente.

La reacción del propio Poder Judicial desmonta, además, el relato del ministro. Las principales asociaciones judiciales —APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente— han reprobado sus palabras, y los jueces de instrucción de Madrid han emitido un comunicado institucional en defensa del instructor. Es decir, no hay una reacción corporativa contra la instrucción, sino contra el ataque ministerial.

En paralelo, dentro del Consejo General del Poder Judicial se reconoce un clima de hartazgo. No por esta declaración concreta, sino por una pauta reiterada: cartas, advertencias y presiones dirigidas a un órgano que carece de dependencia jerárquica del Ejecutivo. La insistencia en el caso Peinado y el interés en promover una eventual sanción encajan en esa lógica de intervención.

«La reacción del propio Poder Judicial desmonta el relato del ministro. Las principales asociaciones judiciales han reprobado sus palabras»

La reacción del propio Poder Judicial desmonta el relato del ministro. Las principales asociaciones judiciales —APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente— han reprobado sus palabras, y los jueces de instrucción de Madrid han emitido un comunicado institucional en defensa del instructor. No hay, por tanto, una reacción corporativa contra la investigación. La respuesta se produce frente al ataque ministerial.

Y no es un episodio aislado. En el Consejo General del Poder Judicial, el hartazgo tiene nombre y origen: las cartas del ministro a Perelló, la presidenta del órgano, en las que le exige que actúe contra el juez e impulse un expediente disciplinario por investigar a la esposa del presidente. Una tentativa de tráfico de influencias no punible, pero tan escandalosa como reprobable, que va a saldarse sin consecuencias —como casi todo en este país—.

Por tanto, la cuestión no es si la instrucción molesta a los jueces. La cuestión es a quién molesta. Y la respuesta es bastante evidente.

Molesta al entorno del poder. Y eso explica la reacción. Explica que el ministro utilice su posición institucional para intervenir en el debate público sobre un procedimiento en curso con un grado de contundencia incompatible con sus obligaciones legales. Explica también el señalamiento personal del juez, que, como todos los instructores, carece de mecanismos para defenderse en ese mismo plano.

«Los ataques a la Justicia no se agotan en declaraciones, porque llevan años materializándose en decisiones concretas»

No es un debate en igualdad de condiciones. Es el uso del poder frente a quien está legalmente obligado a callar.

Pero los ataques a la Justicia no se agotan en declaraciones, porque llevan años materializándose en decisiones concretas. Se producen en un contexto político en el que el Ejecutivo ha venido erosionando de forma sistemática el equilibrio institucional: el nombramiento como fiscal general del Estado de quien hasta ese momento era ministra del propio Gobierno; la permanencia en el cargo de un fiscal general declarado inidóneo y finalmente condenado por revelar datos reservados de una investigación para perjudicar a una rival política del presidente; los indultos utilizados para neutralizar decisiones judiciales firmes; la aprobación de una ley de amnistía negociada para pagar gobernabilidad con impunidad; los acuerdos parlamentarios para investigar a los jueces bajo la etiqueta del lawfare; las reformas penales hechas a medida de los socios de investidura; y la conversión del Tribunal Constitucional en una suerte de sala de casación VIP que corrige al Supremo y reinterpreta el marco constitucional según las necesidades de supervivencia política del Ejecutivo.

A todo eso se añade el señalamiento constante de jueces por resoluciones que incomodan al poder, la pretensión de cargar sobre la judicatura las consecuencias de leyes desastrosas aprobadas por el propio Gobierno —como ocurrió con la rebaja masiva de penas a agresores sexuales operada por la ley del sólo sí es sí— y la utilización de cargos públicos e instituciones para desacreditar procedimientos en curso cuando afectan al entorno presidencial. 

«Estamos ante una forma de ejercer el poder que percibe cualquier control como una amenaza y cualquier límite jurídico como un obstáculo a neutralizar»

Por no hablar de que la propia Justicia investiga ya maniobras dirigidas a obtener información comprometida contra la UCO y contra jueces que estaban interviniendo en causas sensibles para el Gobierno, activadas tras la imputación de la esposa del presidente. 

Estamos ante una forma de ejercer el poder que percibe cualquier control como una amenaza y cualquier límite jurídico como un obstáculo a neutralizar. Un poder que no asume la fiscalización como una garantía democrática, sino como una agresión que debe ser contenida, desacreditada o directamente desactivada.

Y lo más inquietante no es solo que esto ocurra, sino que ocurra sin coste. Mientras el foco internacional se fija en los excesos de Trump u Orbán, aquí la degradación institucional avanza sin escándalo, sin resistencia y, lo que es peor, sin interés. No porque sea menos grave, sino porque es más cómoda: no se impone de golpe, se cuela poco a poco.

Sánchez ha entendido que basta con ir desdibujando los límites un poco más cada día, con la seguridad de quien se sabe impune, de que no pasa nada. Y no pasa nada porque nadie parece dispuesto a que pase. Y no es por ignorancia. Es otra cosa. Es la decisión consciente de no ir más allá de la indignación pasajera, de no convertir lo que se sabe en una reacción real. Porque reaccionar implica coste, implica romper inercias, y eso es precisamente lo que casi nadie quiere asumir.