Nuestro Orbán

España todavía no es Hungría. Pero las dinámicas que han escandalizado en Budapest empiezan a resultar familiares en Madrid. El modelo de Viktor Orbán no surgió de la noche a la mañana; fue el resultado de un proceso gradual de erosión institucional, con presión sobre jueces, desgaste de los medios de comunicación, colonización de organismos independientes, polarización social y una corrupción que no siempre es sistémica, pero sí suficiente para minar la confianza. Las democracias no colapsan de golpe, sino que se vacían poco a poco. Y España no está tan lejos del punto de partida de ese camino.

La diferencia no está tanto en el qué, sino en el cómo. Orbán nunca ocultó su proyecto de democracia iliberal y confrontó sin complejos con Bruselas. Pedro Sánchez, en cambio, avanza en una dirección similar, envuelto en una narrativa opuesta. Se disfraza de europeísmo, antifascismo y defensa de los valores democráticos, pero el contraste entre el discurso y la práctica es cada vez más evidente. Mientras Orbán desafiaba al sistema, Sánchez lo reconfigura desde dentro. Y ese es el riesgo más difícil de detectar, pues no es un asalto frontal a la democracia, sino su transformación silenciosa bajo la apariencia de normalidad institucional.

Las democracias iliberales consideran al Parlamento como un trámite y vacían el poder legislativo en favor del Ejecutivo. En Hungría, Orbán reformó la Constitución con una mayoría absoluta y legisló mediante decretos de emergencia que el Parlamento ratificaba de forma rutinaria. En España, Sánchez utiliza el decreto-ley, concebido para situaciones de urgente necesidad, como forma ordinaria de gobernar. El actual Gobierno ha batido todos los récords, con más de 160 decretos-leyes desde 2018, reduciendo el papel del Parlamento hasta degradar la calidad democrática del sistema.

A ello se suma la anomalía presupuestaria más prolongada de nuestra democracia. En la época de Sánchez, ha habido cuatro años en los que se ha gobernado sin presupuestos. La no aprobación por el legislativo de las cuentas generales del Estado genera ineficacia en el Gobierno, erosiona la confianza en el sistema político y debilita al Parlamento, que no puede aprobar su ley más importante. 

Otro rasgo definitorio del iliberalismo es la confrontación sistemática con el poder judicial cuando sus resoluciones incomodan al poder. Orbán sometió al Tribunal Constitucional, rebajó la edad de jubilación forzosa de los jueces para renovar sus cargos con afines e intentó crear tribunales administrativos bajo control gubernamental hasta que la UE le dio el alto. En España no ha ocurrido nada semejante, pero sí se han producido discursos políticos del Gobierno de una dureza sin precedentes contra órganos judiciales, incluso por parte del propio presidente del Gobierno, cuando sus decisiones afectaban a su entorno familiar o no se alineaban con los intereses del Ejecutivo.

Jueces señalados por su nombre o resoluciones calificadas de golpistas o de lawfare no son propias de un sistema democrático. La degradación del funcionamiento de la justicia española tiene su caso paradigmático con el Fiscal General del Estado, que tuvo que dimitir tras ser condenado por el Supremo por revelación de secretos del novio de Ayuso. Y por último, la aprobación por el Gobierno del proyecto de ley Bolaños que, supuestamente, pretende modernizar la Justicia, pero que busca someter al poder judicial mediante la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal con el fin de que sean más dóciles; que se otorgue a la Fiscalía la dirección de la Policía Judicial en las investigaciones o que se limiten las acusaciones populares. 

Un tercer rasgo del manual iliberal es la ocupación sistemática de las instituciones con perfiles afines al Gobierno. En Budapest, ese proceso afectó a los medios públicos, al banco central, a las universidades y al sistema electoral. El resultado fue un ecosistema institucional en el que la neutralidad dejó de ser un valor y se convirtió en una ingenuidad.

En España, el patrón se ha reproducido con llamativa coherencia a lo largo de los últimos años, institución tras institución. El caso más reciente es el de la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, creada para vigilar la sostenibilidad de las cuentas públicas con independencia del gobierno de turno. El Ministerio de Hacienda propuso como presidenta a Inés Olóndriz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local del propio ministerio al que la AIReF debe supervisar, y su nombramiento fue aprobado por la coalición de gobierno sin rechistar.

No es un caso aislado, pues el Gobierno ya impuso en 2024 al exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, quien aterrizó directamente desde el Consejo de Ministros, neutralizando así la vigilancia de otro organismo independiente, sobre todo en la reforma de pensiones que él mismo había diseñado como ministro. Otro ejemplo es la presidencia de una infraestructura crítica, como Red Eléctrica de España, bajo la dirección de un perfil político y no técnico, como el de Beatriz Corredor. Tras el apagón que sufrió la península ibérica, nos preguntamos si la estrategia energética de la empresa era la correcta para mantener la resiliencia de la red o si estaba imbuida de ideología.  

El debate sobre la independencia de RTVE, cuyo Consejo de Informativos ha denunciado sesgos ideológicos, los nombramientos en agencias reguladoras y órganos supervisores, o la controvertida gestión del CIS, completa un cuadro que, tomado en su conjunto, dibuja una estrategia. No hace falta tomar las instituciones por asalto; basta con colocar a los tuyos en los lugares clave.

A este deterioro se añade la dimensión de la corrupción. Los casos de los exsecretarios de Organización del PSOE, Ábalos y Cerdán, no son episodios aislados. Son síntomas de un problema más estructural y, cuando esa percepción se instala, la erosión institucional deja de ser un riesgo para convertirse en una realidad cotidiana. 

El cuarto elemento del iliberalismo es la polarización deliberada. La construcción de una narrativa de bloques irreconciliables en la que el adversario político no es una alternativa legítima, sino una amenaza existencial. Orbán convirtió a George Soros en el enemigo perfecto durante años. Todo lo que no encajaba en su relato, medios críticos, ONG, universidades, quedaba bajo sospecha como parte de una conspiración.

En España, con otras formas y menor intensidad, se percibe una dinámica análoga. Los medios críticos son etiquetados como fachosfera desde la propia Moncloa. El propio Sánchez calificó a THE OBJECTIVE en el Parlamento de «tabloide digital amarillo». Las empresas también son señaladas públicamente cuando sus intereses divergen de los del Gobierno, como en el caso de las energéticas, la banca o el sector alimentario. Y la oposición es descrita no como una alternativa democrática, sino como una amenaza a la convivencia. La narrativa del «bloque de la investidura» frente al «bloque de la derecha y la ultraderecha» no es solo una estrategia electoral, sino que hace imposible la política como espacio de acuerdo. 

En política exterior, Viktor Orbán se ha caracterizado por un enfoque abiertamente soberanista y transaccional, alineándose con líderes como Trump y manteniendo vínculos estrechos con potencias como la Rusia de Putin y la China de Xi, en una lógica de desafío al orden liberal occidental y búsqueda de autonomía frente a Bruselas. Por el contrario, la acción exterior de Sánchez se presenta como multilateralista y proeuropea, pero ha sido criticada por su disposición a mantener relaciones pragmáticas con actores como China o su interlocución con regímenes como el de Nicolás Maduro, lo que muestra su predisposición a cooperar con gobiernos alejados de los estándares liberales occidentales.

Como decíamos al principio, la degradación democrática no siempre llega con estruendo. Las democracias mueren a cámara lenta, vaciando el Parlamento con el recurso del decreto-ley, con una tensión sostenida con el poder judicial y la prensa, tras la colonización progresiva de las instituciones y una polarización que convierte al adversario en enemigo.

Todos estos elementos sostenidos en el tiempo y sin contrapeso efectivo crean el entorno en el que prospera el autoritarismo competitivo. La Hungría de Orbán ha sido un símbolo de ese camino hasta la derrota del pasado domingo. España está en una fase anterior, pero ignorar las señales por comodidad política es el primer paso para repetir errores que ya conocemos.

Orbán no apareció de la nada; fue el resultado de una acumulación. La pregunta no es si España es Hungría. La pregunta es si somos capaces de reconocer los síntomas antes de que Sánchez sea nuestro Orbán.