Bruselas investiga si España pagó con fondos UE los contratos de escuchas de Huawei
El Ministerio del Interior recurrió a fondos Next Generation para ampliar el almacenamiento del fabricante chino en SITEL
Parlamento Europeo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado al menos 12 millones de euros a la compra de material informático de la marca Huawei para las redes críticas del sistema de interceptación legal de las telecomunicaciones con el que opera el Ministerio del Interior. Tal y como reveló THE OBJECTIVE, la presencia de este fabricante chino encendió las alarmas entre cuerpos policiales al ser considerado un proveedor de alto riesgo por su presunta cercanía al régimen chino. Ahora, tal y como ha podido saber este diario, Bruselas ha vuelto a poner en el foco algunos de estos contratos al detectar que pudieron ser sufragados a cargo de los fondos europeos Next Generation. Mientras, la Unión Europea impulsa el veto definitivo a Huawei en sectores «clave» para la seguridad. Cabe recordar el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la consecución de esos contratos.
Los contratos a través de los que Huawei implantó su tecnología en el sistema SITEL pudieron haberse nutrido de fondos europeos. Algo que la Comisión Europea está vetando de forma sistemática en sectores estratégicos como el de las energías renovables. Sin embargo, tal y como explican fuentes consultadas por TO, en el caso de las escuchas, la trazabilidad de los fondos es más compleja de establecer al tratarse de contratos que en muchas ocasiones son reservados y que no especifican el origen del material adquirido.
Pese a ello, fuentes del Parlamento Europeo señalan que en Bruselas sí se han localizado algunos expedientes relacionados con el sistema de interceptación legal de las telecomunicaciones de la Dirección General de la Policía que han sido «cofinanciados por la Unión Europea».
En uno de esos contratos, con fecha de 2024, se encargó una ampliación de las capacidades de almacenamiento de la plataforma SITEL mediante la adquisición de componentes electrónicos para las cabinas OceanStor 6800 V5 fabricadas por Huawei. Se trata de los dispositivos de almacenamiento que, como reveló TO en 2025, habían provocado suspicacias internas en la cúpula policial al entenderse que el uso de tecnología china en un sistema tan crítico como el de las escuchas telefónicas podría provocar un problema de seguridad nacional.
EEUU y la Unión Europea han sido tajantes en su postura al respecto de incluir a Huawei en sistemas críticos. La Administración estadounidense mantiene desde la era Trump un veto total a la participación del gigante chino en redes de telecomunicaciones. En 2020, la Comisión Europea recomendó a sus Estados miembros excluir a proveedores «de riesgo elevado» de los despliegues de 5G. Esta advertencia afectaba de forma directa a Huawei, y varios países —entre ellos Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido— han adoptado restricciones explícitas.
Veto europeo a Huawei
La Comisión Europea publicó el pasado mes de enero el borrador de la revisión de su Ley de Ciberseguridad, que exige la retirada obligatoria de los proveedores de alto riesgo de la tecnología 5G y de otros sectores críticos. El documento hacía referencia a las injerencias de terceros países ajenos a la OTAN. Y planteaba un veto formal a los suministradores chinos de las redes de telecomunicaciones comunitarias, aunque sin nombrarlos de forma explícita.
Sobre la base de esta nueva normativa, los países y sus operadores tendrán 36 meses para retirar todos los componentes de sus activos calificados como «clave» a partir de que se apruebe una lista en la que se incluirán las compañías vetadas. Las nuevas medidas se aplicarán, además del 5G, en otros 18 sectores clave identificados por la Comisión.
Entre esos sectores señalados se encuentran los vehículos conectados y automatizados, sistemas de suministro y almacenamiento de electricidad, sistemas de suministro de agua, drones y sistemas antidrones. Los servicios de computación en la nube, los dispositivos médicos, los equipos de vigilancia, los servicios espaciales y los semiconductores también se consideran sectores críticos. El plazo de retirada gradual de las redes fijas, incluyendo la fibra óptica y los cables submarinos, así como las redes de satélite, se anunciará más adelante.
En el caso de las renovables, tal y como ha informado TO este mismo mes de mayo, Bruselas ha ampliado su veto a la compra de los denominados «inversores» procedentes de China. Son dispositivos presentes en todos los parques fotovoltaicos que transforman la corriente continua en corriente alterna. En España es una tecnología fundamentalmente comercializada por Huawei, cuya cuota de mercado está en torno al 35%.