Euforia en la Policía por el 'golpe' de la UDEF a Zapatero tras años de descrédito a la unidad
Los agentes ven en la imputación un punto de inflexión para recuperar la primera línea en la lucha contra la corrupción
Un grupo de agentes de la Policía Nacional. | EP
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, que instruye la Audiencia Nacional e investiga la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha provocado una gran euforia no solo entre los agentes de esta unidad de élite contra la corrupción, sino en todo el Cuerpo. Las fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE interpretan este golpe judicial como un punto de inflexión para la unidad que, en los últimos años, ha sufrido un creciente desgaste interno y mediático, con la salida de numerosos agentes y el señalamiento también a numerosos investigadores.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio como investigado por delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad de documento público, en relación con el rescate de 53 millones a la aerolínea venezolana en la pandemia. El magistrado sostiene que el expresidente cobró casi dos millones de euros en comisiones y que esos pagos partieron de tres empresarias que tuvieron como destino el propio Zapatero y la agencia de sus dos hijas, Whathefav. El epicentro de la trama sería Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, que ya fue detenido a finales de 2025 y al que los investigadores consideran el testaferro del exdirigente socialista.
La primera fase de las pesquisas, bajo secreto de sumario hasta este lunes, estalló en diciembre con la detención del citado amigo de Zapatero, del dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del CEO de la compañía, Roberto Roselli. Ahora, con la imputación del expresidente y la trascendencia que eso supone, en las distintas unidades de la UDEF existe una mayor sensación de «reivindicación profesional» por haber recuperado una primera línea que muchos agentes consideraban perdida, frente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cargo de los principales casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. «Hemos vuelto al centro del tablero», celebran.
«Había una sensación de desgaste»
Distintas fuentes explican que la Unidad de Delincuencia Económica llevaba tiempo soportando críticas políticas y campañas de cuestionamiento sobre su trabajo que apuntaban incluso a motivaciones ideológicas. Lo cierto es que, tal como publicó este diario, durante los últimos cuatro años la UDEF había desaparecido del mapa y la alarma se había instalado entre numerosos policías y mandos, que culpaban de esta situación a la llegada al departamento del comisario jefe Fernando Alonso. Atrás habían quedado macrocausas dirigidas por sus agentes como la Operación Malaya, la trama Gürtel, el caso Pujol, el caso PDVSA sobre la investigación abierta a la petrolera venezolana o la trama del Tito Berni.
«Había una sensación de desgaste. Parecía que la UDEF ya no investigaba grandes tramas o que había quedado relegada», recuerda un mando destinado en Madrid. «Este caso devuelve la autoestima profesional a mucha gente que lleva años trabajando en silencio», reivindica esta misma fuente.
Defensa de los sindicatos
Los sindicatos policiales también han salido públicamente en defensa de los investigadores tras conocerse la imputación del expresidente y los registros vinculados a sus empresas y la de sus hijas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado «su apoyo y reconocimiento a los compañeros de la UDEF» y ha defendido su trabajo tras la «preocupante dinámica en la que determinados procedimientos judiciales derivan en cuestionamientos dirigidos contra los propios investigadores».
La organización policial considera «inaceptable» que los policías que cumplen con su obligación profesional se conviertan «en centro de la sospecha por el simple hecho de investigar asuntos de relevancia pública». El sindicato se ha pronunciado así después del intento del PSOE por desacreditar a los funcionarios policiales y apuntar a un caso de lawfare, es decir, de persecución judicial contra Zapatero. «La Policía Judicial no actúa en función de intereses políticos, económicos o ideológicos. Los agentes no eligen a quién investigan ni determinan las consecuencias judiciales de una causa. Su misión consiste en recopilar pruebas, elaborar informes técnicos y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial para que sean los tribunales quienes adopten las decisiones oportunas», sostiene el SUP.
La orden de Fiscalía
De la misma forma, Jupol ha defendido que los agentes «llevan meses desempeñando su trabajo con absoluta discreción, dedicación, rigor y profesionalidad, soportando además una presión mediática impropia e inmerecida». «En las últimas semanas hemos asistido a filtraciones interesadas y campañas de descrédito que pretenden sembrar dudas sobre la profesionalidad y solvencia de una investigación policial desarrollada bajo los principios de legalidad y sometida al control judicial de la Audiencia Nacional», ha apuntado el sindicato.
Cabe destacar, además, que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dio orden en enero a los investigadores del caso Plus Ultra de que no reportasen a sus superiores los avances que fuesen alcanzando en las pesquisas sobre el presunto blanqueo de capitales que se investigaba a la aerolínea venezolana. El dirigente del Ministerio Público pidió la máxima discreción a los policías ante las sospechas de que pudiesen salir posibles chivatazos de la propia cúpula de la Policía o del Ministerio del Interior. La Fiscalía cree que, en un primer momento, los responsables de Plus Ultra pudieron recibir filtraciones para eliminar pruebas antes de que los agentes entraran en la sede de la compañía. De hecho, el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y este último se reunieron tres días antes de la detención del primero. Algo que levantó ciertas sospechas.
Los indicios contra Zapatero
THE OBJECTIVE ha tenido acceso al auto de la investigación que imputa tres delitos al expresidente del Gobierno y que revela sólidos indicios sobre la implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, unas grabaciones en las que el propietario de la compañía, Julio Martínez Sola, habla sobre los pagos al exdirigente socialista por su mediación. «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín», le comentó al antiguo accionista de la compañía Rodolfo Reyes. «Zapa es nuestro contacto», advierte en otra conversación.
Este exconsejero de Plus Ultra fue la persona que contactó con Ramón Gordils, entonces viceministro de Cooperación de Nicolás Maduro, para sondear un posible acceso al expresidente del Gobierno, que presentó al dueño de la empresa posibles vías para obtener influencia de cara a una posible ayuda pública. El Consejo de Ministros la aprobó en marzo de 2021, en plena pandemia, por 53 millones de euros.