La verdadera emergencia educativa

Más de 20 jornadas de huelga en este curso en Cataluña, el número más alto de la última década, cerradas el 14 de junio con una manifestación que recorrió el paseo de Gracia alertando de una emergencia educativa. En la Comunidad Valenciana, una huelga indefinida iniciada en mayo se suspendió por desgaste tras cinco semanas. Distintos territorios, similares alarmas e idéntico diagnóstico: la escuela está en crisis y faltan recursos. La emergencia existe, pero quienes la proclaman no son solo sus víctimas, sino también una de sus causas.

El profesorado reclama menos alumnos por aula, más personal de apoyo, menos burocracia y estabilidad para los interinos. Todo ello exige más recursos. Pero la comparación internacional contradice esas quejas, empezando por la de los bajos salarios. Según la OCDE, en 2024 el sueldo inicial de un maestro de primaria en la enseñanza pública española era de 54.487 dólares de poder adquisitivo equivalente, un 25% más que la media de la UE25 y un 23% más que la de la OCDE. España tiene además menos días de instrucción y una ratio de alumnos por profesor menor que la media de la OCDE. Nuestro coste salarial docente alcanza 5.280 dólares por alumno de primaria, frente a 3.993 en la OCDE y 4.236 en la UE25, y eso sin contar las cotizaciones empresariales, cuya inclusión agrandaría aún más la diferencia.

Las respuestas políticas parecen distintas. En Valencia gobierna el PP, que ha ofrecido una subida modesta y aguantado la huelga hasta su suspensión; la ley de ratios y jornada la impulsa el PSOE en las Cortes, para toda España. Uno regatea el sueldo, el otro promete aulas aún más pequeñas y menos horas. Discrepan en casi todo, salvo en lo que callan: ninguno propone seleccionar mejor a quien enseña, ni evaluar ni exigir más. Coinciden en esquivar lo único que elevaría el aprendizaje.

Es cierto que las aulas se han vuelto más hostiles, con más burocracia y menos autoridad. Pero esas dificultades pesan también en otros países, que las afrontan con menos recursos y mejores resultados. No se corrigen gastando más en lo mismo.

Ninguna de esas variables —sueldo, alumnos por clase, horas lectivas— se asocia a que se aprenda más. Más bien, los datos internacionales señalan lo contrario: los países que mejor enseñan, los del Este asiático, sostienen aulas grandes con maestros excelentes y peor pagados. Partieron hace décadas de unos niveles educativos muy bajos, pero hoy encabezan las comparaciones de rendimiento. Y lo consiguen con un gasto por alumno inferior al nuestro.

«Nuestro coste salarial docente alcanza 5.280 dólares por alumno de primaria, frente a 3.993 en la OCDE y 4.236 en la UE25, y eso sin contar las cotizaciones empresariales, cuya inclusión agrandaría aún más la diferencia»

La demanda de los huelguistas se concentra en lo que ya tenemos de sobra y guarda silencio sobre lo que de verdad escasea: el esfuerzo de los alumnos y la preparación de los maestros. Crecientemente, han estudiado Magisterio estudiantes con peores notas, y los hemos formado en pedagogía antes que en contenidos. Ya en 2013, el 86% de los aspirantes a maestros no superaba los conocimientos que se exigirían a sus futuros alumnos. El déficit es más grave en matemáticas, donde la carencia alcanza a los docentes de las mismas escuelas encargadas de formarlos. Nada de esto figura en las pancartas. Tampoco la exigencia de una evaluación externa con la que empezar a ordenar el sistema, ni cambios para diferenciar a los alumnos según su nivel, ni exigir más a quienes estudian.

La tentación es atribuir esos silencios al interés de los propios docentes, siempre más concentrado y más fácil de organizar que el de las familias. Pero el silencio no es solo suyo. Los deseos del profesorado coinciden con la opinión dominante de las familias, que prefieren un sistema cómodo, que entregue títulos aunque no se aprueben los exámenes y no distinga al que sabe del que no sabe. 

Rebajar estándares reduce el fracaso escolar sobre el papel y contenta a muchos. No a todos, ni quizás siquiera a la mayoría, pero sí a quienes dominan el discurso público. El precio lo pagan, antes que nadie, las familias humildes, que ni saben ni pueden advertir que a sus hijos les entregan títulos vacíos, ni costearles colegios con un mínimo de calidad. 

Por eso conviene desconfiar del diagnóstico. La emergencia se invoca para pedir lo que ya sobra y se silencia para no tocar lo que falta. Las huelgas acabarán por resolverse con subidas de sueldo y menos alumnos por clase, y dejarán intacto lo único que mejoraría la enseñanza. Invertir en educación no es gastar más, sino seleccionar mejor a quien enseña, comprobar si quien ya ejerce alcanza los mínimos exigibles y, si no, requerirle que se forme. Las oposiciones funcionaban mal; pero al premiar la antigüedad del interino sobre el mérito, acabamos de estropearlas. Nada de esto se reclamará en las calles, porque no es exigible solo a una consejería ni a un ministerio. Hemos de exigírnoslo a nosotros mismos, que somos quienes lo consentimos.