La huelga secuestrada por la ideología

Hay huelgas que nacen para reclamar un salario digno y acaban discutiendo sobre el sexo de los ángeles. En Valencia se ha conseguido una versión autóctona del milagro: una protesta de profesores convocada por ratios, burocracia, plantillas y retribuciones ha terminado convertida en un congreso extraordinario que pide autores catalanes para el temario de los adolescentes. Uno imagina al profesor de Matemáticas esperando una subida salarial mientras, al fondo del pasillo, varios iluminados deciden que el auténtico drama nacional consiste en que falte un poeta de Girona en el currículo. La reivindicación entró por la puerta de la sala de profesores y salió disfrazada de batalla identitaria.

España tiene esa habilidad prodigiosa para convertir un pinchazo en una operación a corazón abierto. Si se rompe una tubería, aparece una comisión sobre cambio climático. Si se estropea un semáforo, alguien convoca un observatorio de movilidad sostenible. Y si los docentes protestan porque las aulas están saturadas y los sueldos no acompañan, siempre surgen sindicatos dispuestos a explicar que la prioridad también pasa por recuperar autores catalanes. La política española lleva años instalada en esa carpintería absurda donde el serrín importa más que la madera.

El debate lingüístico se ha convertido en una navaja de Albacete que sirve para todo. Sirve para ganar elecciones, para perderlas, para justificar presupuestos, para movilizar manifestaciones y, por supuesto, para estirar huelgas. Lo extraordinario no es que existan posiciones distintas sobre el valenciano. Lo sorprendente es la facilidad con la que cualquier conflicto termina convertido en una batalla identitaria que acaba eclipsando aquello que realmente lo provocó.

Lo más desconcertante es que la ley actual sobre el valenciano que quieren eliminar algunos sindicatos ya fue debatida, aprobada e implantada. El melón ya se abrió hace más de un año y el Parlamento valenciano tomó una decisión que podrá gustar más o menos, pero que forma parte de las reglas del juego democrático. Pretender reabrir ese debate aprovechando una huelga convocada por cuestiones laborales equivale a perder una partida y exigir otra baraja cuando el resultado ya no gusta. Para cambiar una ley existen las urnas y las Cortes, no las puertas traseras.

Quizá el verdadero problema sea que algunos no conciben la escuela como un lugar para enseñar, sino como un territorio que conquistar. Confunden la transmisión del conocimiento con la evangelización ideológica y el currículo con un manifiesto político. Las aulas dejan entonces de ser un espacio para formar ciudadanos libres y pasan a convertirse en un laboratorio donde moldear votantes futuros, una tentación tan antigua como peligrosa.

Los alumnos, que suelen ser mucho más inteligentes que los adultos que discuten sobre ellos, probablemente agradecerían menos batallas ideológicas, menos manifiestos y más tiempo para enseñar. Porque uno puede salir del instituto sin haber leído a un determinado autor y descubrirlo después en una biblioteca. Lo que resulta bastante más complicado es recuperar los años perdidos cuando el sistema educativo se convierte en un campo de trincheras donde cada generación libra exactamente la misma guerra que la anterior.

Al final, la verdadera paradoja es que una huelga convocada para denunciar ratios excesivas, burocracia, plantillas insuficientes o salarios acaba ocupando titulares por una discusión sobre autores y cuestiones identitarias que ya fueron debatidas y resueltas en sede parlamentaria.

Porque una protesta que olvida el motivo por el que nació puede ganar ruido, pero corre el riesgo de perder su razón de ser. Y cuando una huelga educativa habla más de identidad que de educación, el gran perjudicado no es el Gobierno ni los sindicatos: es la propia escuela y su alumnado.