Ábalos abona el terreno para salvarse en el Constitucional tras una previsible condena

José Luis Ábalos abona el terreno para acudir al Tribunal Constitucional en caso de una previsible condena. Durante su alegato final en el juicio por las mascarillas, se refirió a que no se ha respetado su presunción de inocencia desde el principio de la causa. El exministro también se quejó de que no se haya cumplido el principio de igualdad de armas, ya que no dispone de los dispositivos que le incautó la Guardia Civil; de que ha sido víctima de una investigación prospectiva y de que se le intentó imponer un abogado de oficio, generándole «indefensión». Su letrado, Marino Turiel, insistió en que sufrió una vulneración de derechos fundamentales al ser investigado antes de ser imputado con la interceptación del sobre que le envió Koldo García a través de su hermano Joseba.

Durante su alegato final, Ábalos denunció que la causa estaba «predeterminada» desde el principio y arremetió contra los medios de comunicación y la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una constante durante todo el procedimiento. El exministro esgrimió una serie de situaciones que, en su lugar, pondrían el procedimiento en tela de juicio y en condiciones de que el Constitucional pueda actuar. De hecho, las acusaciones populares consideran que su alegato iba más encaminado a la corte de garantías, que preside Cándido Conde-Pumpido, que a convencer al tribunal enjuiciador de su inocencia.

El exministro consideró «fundamental» recuperar los dispositivos que le fueron incautados tras los registros en su vivienda y, especialmente, en la de su antiguo asesor. «Me han dicho siempre que es un material ingente. Pero que la intimidad no se ha respetado es evidente», se quejó Ábalos. E insistió: «La policía judicial se ha esmerado en que toda la investigación fuese incriminatoria, no hay exculpatoria, pero nosotros podríamos aportarla con todo ese material».

Ábalos y su condición de diputado

«La Sala de Apelación dijo en un auto que el principio de igualdad de armas se quebraría en todo caso si al cierre de la instrucción todas las partes no dispusieran de todo el material incriminatorio. Estamos en esta última fase y no disponemos de todas esas pruebas», se lamentó el acusado, al que la Fiscalía pide 24 años de prisión, pena que las acusaciones populares elevan a 30 años. «Me juego la poca vida que me queda», dramatizó el exministro.

Ábalos lamentó que «la presunción de culpabilidad» ha estado presente desde el primer auto: «Los sólidos indicios de los que hablaban». El exministro también recordó una frase del juez instructor, Leopoldo Puente, en la que aseguró que «causa estupor que siga siendo diputado». «Es una declaración de culpabilidad que se materializa en noviembre con mi ingreso en prisión provisional con un cierre apresurado de la fase de instrucción cuando quedaban recursos por resolver», denunció.

«Se me juzga más por persona que por los hechos. El caso de las mascarillas provocó la apertura de una causa general, por contrataciones, tráfico de influencias… No solo sobre los años en que he sido ministro, sino de diez años de mi vida, porque la investigación a mi persona se remonta a 2014», recalcó, quejándose de que las pesquisas de los investigadores han sido prospectivas, vulnerándose así sus derechos fundamentales. Incluso se quejó de que «me intentaron hacer comparecer con un abogado de oficio que yo no quería». Y concluyó: «Eso es indefensión».

El abogado de Ábalos, Marino Turiel, también denunció en la última sesión del juicio por las mascarillas en el Tribunal Supremo que su cliente sufrió una vulneración de derechos porque habría sido investigado antes de ser imputado, infringiéndose así su inmunidad parlamentaria. El letrado refirió al episodio del sobre que le envió Koldo García a su domicilio de Valencia a través de su hermano Joseba. Los documentos fueron interceptados por los agentes de la Guardia Civil en noviembre de 2023.

El sobre de Koldo

En diciembre de 2024, cuando aún no era imputado, ya denunció a la UCO ante la Fiscalía por «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al interceptar una llamada telefónica con su asesor sin que estuviese investigado (era necesario un suplicatorio del Congreso que llegó en enero). La realidad es que los agentes tenían pinchado el teléfono de Koldo García, lo que les permitió captar una conversación clave con Ábalos.

La charla reveló que Koldo García se comprometió a enviarle una documentación que había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, investigado en la Audiencia Nacional por la adjudicación de mascarillas. La información se trasladaría vía Joseba García a través de una cadena de entrega. El hermano del asesor del exministro viajó de Madrid a Valencia el 4 de noviembre de 2023, pero las fuentes consultadas por este diario sostienen que sabían desde unas semanas antes que les estaban siguiendo y que habrían tendido una trampa para anular la investigación judicial.

La entrega estaba prevista en el domicilio del exministro. Sin embargo, durante el trayecto, la Guardia Civil interceptó la furgoneta en la que viajaba. En el registro, los agentes localizaron un sobre que llevaba en la parte delantera a nombre de «José Luis Ábalos Meco». Según denunció el actual diputado del Grupo Mixto, estaba cerrado y tenía el sello oficial del Ministerio de Transportes. Ábalos asegura que los agentes abrieron el sobre y fotografiaron su contenido, extremo que descarta el atestado policial.

Muriel también lamentó que existan dos elementos probatorios contra su cliente, los wasaps extraídos de los dispositivos «que las defensas no [tienen]» y las declaraciones de Aldama «actúa[n] como una acusación de facto». El abogado del exministro se quejó de que habían llegado al plenario sin esos mensajes y, por tanto, sin cumplir el principio de igualdad de armas: «Entendemos que se están ocultando esas evidencias porque demostrarían que se ha investigado a Ábalos cuando era diputado, vulnerando su inmunidad parlamentaria».