Ábalos maniobra en el Supremo: usa los vídeos de TO para señalar a la UCO y anular la causa

Intento a la desesperada de José Luis Ábalos para anular la causa de las mascarillas. El exministro vuelve a señalar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por filtración. Pese a tener conocimiento de que los vídeos inéditos del comité federal proceden del entorno del PSOE, la defensa del ex dirigente socialista ha registrado un escrito en el Tribunal Supremo en el que acusa a los agentes de facilitar a THE OBJECTIVE el pendrive del cónclave que defenestró a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE en octubre de 2016. La maniobra tiene lugar justo antes de declarar en el Alto Tribunal, donde se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión.

La defensa de Ábalos, que ejerce el abogado Marino Turiel, señala en el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que «la periodista Ketty Garat ha difundido determinadas imágenes e instantáneas» del citado comité federal del PSOE. Insiste en que la comunicadora apareció en un programa de televisión portando el pendrive del que obtuvo los vídeos y que, según su testimonio, solo Sánchez y su cliente disponían del contenido íntegro de esa reunión en soporte digital.

Turiel sostiene que la propia periodista reveló que ni Sánchez ni Ábalos le habían facilitado el dispositivo y aprovecha para recordar que la UCO intervino un pendrive con ese contenido al exministro durante el registro de su vivienda en Valencia el 10 de junio del año pasado. El abogado acompaña su escrito con diferentes anexos, que conforman los artículos y las imágenes publicadas por este diario.

La guerra de Ábalos

«Habida cuenta de lo anterior, y que el referido pendrive ha sido objeto de intervención por parte de la UCO sin que a esta defensa, aún a fecha de hoy, se le haya entregado el mismo o copia de este, existen indicios racionales de que el material difundido pudiera proceder de una revelación ilícita de información reservada que afecta a esta causa», sostiene la defensa del exministro.

El abogado de Ábalos reclama en el escrito que testifiquen los agentes de la UCO encargados de la investigación por un posible delito de revelación de secretos. No es la primera vez que el exministro, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, se enfrenta a este Cuerpo especializado de la Guardia Civil desde que fue designado como policía judicial en el caso Koldo.

El Supremo ya ha tumbado varios recursos de Ábalos para apartar a la UCO de la causa por presuntas filtraciones. El exministro comenzó su cruzada particular contra los agentes en julio de 2024, cuando solicitó a la Fiscalía que investigara a los responsables de una supuesta revelación de secretos sobre él y personas de su entorno, entre ellas su antigua pareja sentimental Jésica Rodríguez.

El exministro, que entonces no estaba imputado, alegó que estaba sufriendo una investigación prospectiva. Incluso planteó que un juzgado madrileño citara a los agentes que habían realizado los informes incluidos en el sumario del caso Koldo. Meses más tarde, Ábalos acusó a la UCO de «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al escuchar una llamada telefónica con su antiguo asesor sin que estuviese investigado, ya que entonces era diputado y se necesitaba el suplicatorio del Congreso.

Pinchazo telefónico

La realidad es que la UCO tenía pinchado el teléfono de Koldo García, lo que le permitió captar una conversación clave con Ábalos. La charla reveló que el asesor, que también se enfrenta a peticiones de 30 años de prisión, se comprometía a enviarle una documentación que previamente había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. La información se trasladaría a través de Joseba García, hermano del hombre de confianza del exministro. Para ello se establecería una cadena de entrega.

Joseba García viajó de Madrid a Valencia el 4 de noviembre de 2023. La entrega estaba prevista en el domicilio del exministro. Sin embargo, durante el trayecto, la Guardia Civil interceptó la furgoneta en la que viajaba. En el registro, los agentes localizaron un sobre que llevaba en la parte delantera a nombre de «José Luis Ábalos Meco». El ex secretario de Organización del PSOE denunció que el sobre estaba cerrado y tenía el sello oficial del Ministerio de Transportes.

Ábalos aseguró que los agentes abrieron el sobre y fotografiaron su contenido, extremo que descarta el atestado policial. Entre la documentación se encontraba una resolución de Transparencia sobre las mascarillas que compró Transportes al inicio de la pandemia, informes técnicos y la identificación de los responsables de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión. También se encontraba un informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos.

El exministro subrayó la gravedad de lo ocurrido, ya que, tras el registro, la UCO continuó con la vigilancia a Joseba García hasta su domicilio. Los agentes observaron cómo accedía al inmueble de Ábalos con el sobre y cómo posteriormente salía del edificio sin él. También denunció que los agentes le tomaron fotografías al salir y a su coche, cuya titularidad fue verificada en bases de datos policiales.

La propiedad de Colombia

«Esa filtración solo puede venir de quien tiene el material», se quejó Ábalos, apuntando de forma velada a la UCO durante su declaración en el Supremo en febrero del año pasado. El exministro afirmó ante el juez Leopoldo Puente que le perturbaba que se filtrara su intimidad, pero el magistrado le recriminó que concediera entrevistas. El antiguo número tres del PSOE también protestó por la difusión de los datos de sus hijos e información íntima en los informes policiales, como las fotos de su boda con Carolina Perles.

Ábalos recrudeció su guerra con la UCO tras el informe patrimonial que desveló una propiedad en Colombia cifrada en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). Un día después, los agentes matizaron que, en realidad, se trataba de 2,5 millones de pesos colombianos, unos 751 euros. El exministro descartó que se tratara de «un mero error» e insinuó ser víctima de una persecución. En realidad, se trataba de un terreno rústico en la montaña que adquirió en 2003 y vendió sin construir una década más tarde.