Koldo rechaza declarar en la Audiencia sobre las mascarillas de Baleares y Canarias

Koldo García volvía a ponerse frente a un juez tras el juicio de las mascarillas. En esta ocasión, para explicar su participación en la adquisición de cubrebocas durante la pandemia por parte de los gobiernos de Baleares y Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama. El antiguo asesor ministerial de José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Su defensa, que ejerce la abogada Leticia de la Hoz, ha recurrido la citación como investigado al considerar que este caso ya ha sido juzgado en la vista celebrada en el Tribunal Supremo.

«Entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo por el que no haya declarado Koldo», ha manifestado De la Hoz. La abogada ha adelantado que esperarán a que se resuelva el recurso de apelación y que, de no darles la razón, solicitarán la declaración voluntaria. Koldo García ha sido trasladado a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanece en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre.

En el escrito presentado a principios de semana, la abogada de Koldo García pide archivar la causa, algo que rechazó el juez Moreno. De la Hoz invoca el principio legal «non bis in idem», que establece que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos. La letrada considera que la adquisición de mascarillas fue objeto de prueba en el juicio porque solicitaron y se produjo la declaración (por escrito) de la expresidenta balear Francina Armengol y el expresidente canario Ángel Víctor Torres.

Koldo y sus contactos con Armengol

De la Hoz ha vuelto a solicitar copia de los móviles que intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro del domicilio de Koldo García en febrero de 2024. La abogada ha subrayado que su cliente «no se puede defender hasta no tener las mismas armas que las acusaciones». En su opinión, supone un caso de indefensión material y ruptura de la igualdad de armas procesal.

El Gobierno balear adquirió al inicio de la pandemia 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión. Se pagaron 3,7 millones de euros, aunque los cubrebocas jamás llegaron a utilizarse y quedaron almacenados como stock de seguridad. Se entregaron en abril de 2020, pero posteriormente se certificó que no cumplían con los estándares de ese modelo concreto, por lo que serían defectuosos a efectos técnicos. Armengol, supuestamente, derivó la gestión al entonces director del Instituto Balear de la Salud (Ibsalud), Manuel Palomino, que escribió a Koldo García para interesarse por las mascarillas que este habría ofrecido a la presidenta.

El Ibsalud emitió meses más tarde un certificado de conformidad relativo a la empresa suministradora. El Gobierno de Armengol emprendió las gestiones para reclamar el dinero pasados tres años, poco antes de las elecciones autonómicas que ganó el PP de Marga Prohens. Nunca se recuperó porque caducó el plazo. La Fiscalía Europea abrió en 2023 una investigación por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la compra de las mascarillas.

El último informe de la UCO señala que Armengol acudió a Koldo García para contactar con Ábalos, por lo que podría haber mentido en su declaración como testigo en el juicio de las mascarillas. Su intención era solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre cubrebocas infantiles durante la pandemia. La actual presidenta del Congreso testificó por escrito que nunca mantuvo conversaciones con el exministro sobre la adquisición de material sanitario y que sus contactos se limitaron a cuestiones como el cierre de puertos y de aeropuertos.

El papel de Ángel Víctor Torres

La expresidenta de Baleares afirmó en el juicio que «nunca» habló con el asesor ministerial «ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra». Armengol insistió en que tampoco mantuvo ninguna conversación con Ábalos sobre la contratación de material sanitario. Es más, afirmó que las únicas comunicaciones que tuvo con el exministro fueron referidas al cierre de puertos y aeropuertos. Sin embargo, el último informe de la UCO expone una serie de mensajes que pone esa explicación en tela de juicio.

Otro informe de la UCO, este del pasado noviembre, puso de relevancia el papel del actual ministro de Política Territorial en la compra de mascarillas a la trama Koldo. Los investigadores subrayan que cuando Torres presidía el Gobierno de Canarias reclamó «pagos pendientes» para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado contratos de mascarillas. «Estoy encima de tu pago», le escribió al asesor. Los agentes destacan la «influencia» que tenía el hombre de confianza de Ábalos para hacer esas peticiones. Incluso un lugarteniente de Torres en el Ejecutivo regional le llegó a consultar el pedido que iba a realizar.

El Gobierno de Torres en Canarias pagó 6,87 millones de euros por 2,7 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia. La empresa recibió dos encargos para proveer hospitales de las islas de tapabocas tipo FFP2 o K95. El precio inicial de la primera oferta era muy superior al que se terminó pagando. Como la calidad era inferior de la acordada, el Servicio Canario de Salud (SCS) renegoció la cantidad logrando disminuir el importe.

La UCO sospecha que estos contratos constituyen «parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo» que Aldama habría pagado a Koldo García entre 2019 y 2022, «en una suerte de nómina que permitía la petición de favores». Durante el juicio celebrado en el Supremo, el asesor negó esos pagos. Defendió que se implicó en la compra por la situación de gravedad que existía, que utilizó sus contactos para agilizar la llegada del material sanitario a España y que creía que el comisionista le ayudaba por amistad.