A vueltas con la moción de censura

Como los ojos del Guadiana, emerge cada cierto tiempo la posibilidad, necesidad, o imperativo compulsivo de cesar al gobierno de Sánchez mediante una moción de censura. Como si de justicia poética se tratara, aquel que llegó a presidente con este mecanismo de acceso al poder, sería apartado del mismo con un pacto o acuerdo entre distintos u opuestos, cuyo contenido no conoceríamos ni podríamos imaginar, seguramente, porque esa forma de acción política lo es todo menos transparente si quiere tener éxito.

¿Alguien se podía imaginar en aquellos días lo pactado entre el candidato y sus mariachis? Los más ingenuos incluso pudieron tragar con el relato de que lo que la había desencadenado era la corrupción del PP reflejada en aquel parrafito que, a modo de salchichón infiltrado, alguien interesado insertó en una sentencia que, al ser recurrida, tuvo que ser eliminado de la resolución firme porque ni venía a cuento. No, señores, el pacto se había ido fraguando a espaldas de toda la ciudadanía, alegando que solo se hacía para dar paso a unas elecciones generales. También se lo creyeron los ingenuos. 

Del mismo modo que se creyeron lo que se dijo en el debate de investidura y en la campaña electoral, que no permitía transparentar que lo que se pretendía y que era, por una parte, ocupar como fuera todos los recovecos de poder posible y, por otra, utilizar esa ocupación como instrumento de desguace del Estado social y democrático de Derecho consagrado en la única Constitución integradora de nuestra Historia, la más longeva, por cierto.

Sin embargo, hete aquí que aquellos acuerdos, generadores de nefastas políticas, ya no satisfacen a sus extractivos autores, que se dan cuenta de que poco más pueden ya conseguir de un gobierno carcomido, en buena parte por sus excesos dadivosos a secesionistas, populistas y demás componentes de la banda. Y amagan, de vez en cuando, con, quizás, a lo mejor o según cómo, pensar en la posibilidad de dar apoyo a una moción de censura. ¿A cambio de qué? Desde luego, los hay que con tal de seguir erosionando a las instituciones ya tendrían suficiente compensación, pero también existen quienes, si no es a cambio de pingües transferencias, no venderían ni uno solo de sus votos. ¿Se imaginan una moción de censura presentada por el PP y apoyada por Junts y el PNV? Afortunadamente, están diciendo que no están en ello y que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones. Pero, vayan Vds. a saber, que lo que éstos dicen un día, al siguiente o, a más tardar, a los dos o tres días, puede ser contradicho en su integridad. Ejemplos los hemos tenido.

En la Constitución española, la moción de censura está regulada en el Artículo 113. Se sustancia en el Congreso de los Diputados (el Senado no puede intervenir). La tienen que proponer como mínimo una décima parte de los diputados, es decir, actualmente 35, y tiene que ser aprobada por mayoría absoluta.

La Constitución optó por el modelo alemán de moción de censura constructiva. Se la denomina así porque no basta con presentarla y votarla, como sucede, por ejemplo, en Italia o en el Reino Unido, sino que, al presentarla, el escrito de solicitud tiene que contener el nombre del candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Si la cámara la aprueba por mayoría absoluta, el candidato propuesto es nombrado directamente presidente del Gobierno por el Rey. Como es fácil de adivinar, es más difícil presentar una moción de censura constructiva, es decir, que contenga un candidato a presidir el nuevo Gobierno, que una moción de censura ordinaria, sin candidato alternativo. En Francia e Italia, las mociones de censura son numerosas. En Alemania escasísimas y en España, de 6 mociones presentadas, solo una prosperó, contra Mariano Rajoy, formándose el Gobierno de coalición con Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez y apoyado parlamentariamente por el batiburrillo que algunos denominaron «Frankenstein».

Tal situación sería deseable que no se repitiera con los pactos que pudiera hacer un hipotético nuevo gobierno de signo contrario. Los tiempos/calendario tampoco acompañan. Los trámites a realizar pueden llevar a que, aun con la decisión de que el presidente investido mediante la moción de censura convocara lo antes posible elecciones, nos puedan situar en un escenario en el que el proceso, con la elección de las nuevas cámaras derivadas de la formación del nuevo gobierno, coincida temporalmente, en la práctica, con lo que sería la finalización de la legislatura en el verano de 2027. Mucho ajetreo para llegar a tal resultado.

Lo más lógico, aunque ya se sabe que la lógica en política actúa casi exclusivamente en el celuloide en estos tiempos, sería disolver las actuales Cortes y convocar elecciones en el menor tiempo posible. Nos dice el presidente del Gobierno que podemos esperar sentados, pues nos vamos a cansar mucho si optamos por otra cosa, ya que piensa agotar la legislatura caiga quien caiga. Parece que no tiene en cuenta la posibilidad, que existe, aunque depende más de las derivadas internacionales que de otra cosa, de que él también pueda caer, lo cual derivaría en un escándalo mayúsculo, pese a que comenzamos a estar habituados a que se condene a fiscales generales y que se investigue penalmente a todo su entorno, político y familiar, sin que se asuman responsabilidades por ello que deriven en consecuencias políticas. Mucho pleito para no salir salpicado.

Tenemos que dibujar sendos organigramas para aclararlos en tan complicada situación, no solo por lo que rodea al presidente y el PSOE, sino también al PP, que aquí nuestros jueces, como debe ser, no hacen distinciones políticas al respecto. Los hay incluso, cuya actividad ha sido «transversal», encausando a unos y otros, desmintiendo con sus hechos la acusación de lawfare que la opinión sincronizada interesada en desprestigiarlos difunde por doquier.

Pero, con todo, no es esto lo más preocupante. Situaciones semejantes las ha habido en otras democracias. En Francia, Sarkozy ha sido condenado y ha pasado por la cárcel, debiendo ahora vivir atado a la pulserita (o tobillera, que no sé en su caso el método que ha sido elegido) y Chirac también fue condenado por corrupción en relación con su paso por la alcaldía de París. En Italia tuvimos a Bettino Craxi, que acabó exiliado en Túnez. En Corea del Sur, Han Duck-soo también ha dado con sus huesos en presidio. En Iberoamérica, contamos con Otto Pérez Molina en Guatemala, Elías Antonio Saca en El Salvador, Fernando Collor de Mello en Brasil, Fujimori y Alejandro Toledo en el Perú… Eso en países que se han dotado de una democracia formal y en los que el Estado de Derecho funciona en mayor o menor grado… pues si nos aplicamos en averiguar qué pasa en las autocracias o dictaduras, la situación es mucho peor, como apreciamos en las informaciones que nos llegan al respecto.

En nuestro caso, una democracia que creíamos consolidada y que figura todavía como tal, aunque perdiendo posiciones, en los índices fiables (The Economist, por ejemplo), el problema mayor que tenemos, mayor incluso que la corrupción en estos momentos enjuiciada, es el deterioro de las instituciones derivado de la puesta en práctica de los acuerdos, más o menos conocidos, derivados de la formación de un gobierno cuya finalidad declarada ha sido, reiteradamente, evitar que lo pueda formar el partido que ha ganado las elecciones (y que las continúa ganando en todos los comicios autonómicos habidos a lo largo de la legislatura). Aunque ello viene de lejos, pues conseguir que el centro derecha no pueda gobernar tiene sus orígenes explícitos en el conocido como Pacto del Tinell, fraguado entre Rodríguez Zapatero y Maragall. Ese cordón sanitario dirigido en aquellos momentos contra el PP en Cataluña pretende normalizar el veto político, en el marco de políticas frentistas, se ha extendido institucionalmente al resto de España, con metodologías populistas de todo pelaje, fomentando la exclusión institucional de una de las fuerzas políticas mayoritarias y negando el diálogo, el acuerdo y la alternancia, que son principios básicos en democracia.

Con ello, se instauró una forma de hacer política que se ha extendido en los últimos años al resto de España, que tiene como efecto, además de la «normalización» de la política de bloques y de los vetos que ella comporta, el intento de deslegitimación, incluso, de parte substancial del electorado. Se ha instaurado, pues, lo que podríamos considerar como una cultura de exclusión política preventiva, contra la cual parecen rebotar, como la bola del pelotari en el frontón, el consenso o la promoción del pluralismo y el retorno a la política sensata que nunca debimos abandonar.

¿En qué se ha concretado la política derivada de la aplicación de estas técnicas tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez, dando paso posteriormente a esta legislatura agónica por la que estamos atravesando? Fijándonos en los indicadores de democracia y de respeto al Estado de Derecho configurados desde altas instancias internacionales y europeas (Comisión Europea, Greco y Comisión de Venecia especialmente), podemos destacar unos cuantos, quizás los más relevantes, porque no es posible detenerse en todos ellos en el contexto de este artículo.

Los incumplimientos de la Constitución que ponen en riesgo el Estado de Derecho encabezan la lista: No presentación del proyecto de presupuestos generales al Congreso cuando la Constitución obliga a hacerlo anualmente, lo cual ha derivado en que no hayamos tenido presupuestos en toda la legislatura, cosa insostenible en cualquier democracia; falta de respeto a la función legislativa del Parlamento, sin poder aprobar leyes ni convalidar los decretos-ley en la mayor parte de supuestos o bloqueando los textos acordados en el Senado en claro incumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias; toma de acuerdos que afectan al núcleo duro de la Constitución al margen de los órganos y procedimientos en ella establecidos, considerando interlocutores válidos a golpistas y cargos públicos investigados penalmente, mediante comisiones, «mesas» o reuniones de amiguetes, incluso en el extranjero, sin ningún tipo de vergüenza torera.

Produce estupor, también en el ámbito internacional, el menosprecio que el ejecutivo y parte del legislativo exhiben respecto del Poder Judicial, acusando a los jueces de lawfare cuando les conviene, con la intención de quebrar la confianza de la ciudadanía respecto de las decisiones judiciales, en contra de toda la jurisprudencia de los dos altos tribunales europeos, el TEDH y el TJUE. El abochornamiento que produce el hecho de que, incluso se intente tergiversar el contenido de las resoluciones judiciales o de los órganos externos de control, creando «relatos» que crean, intencionadamente, confusión en la ciudadanía, nos está haciendo descender vertiginosamente en los índices de democracia y de respeto al Estado de Derecho. Señalaré, al respecto, que es preocupante cómo puede influir en el Informe sobre el Estado de derecho que aparecerá en verano la conclusión del Greco (Grupo de Estados contra la corrupción) consistente en que «España no ha dado respuesta satisfactoria a ninguna de las 17 cuestiones que le han sido sometidas».

Parece que hayamos subarrendado la política exterior al denominado «Grupo de Puebla», apartándonos del ámbito de la Unión Europea y el eje atlántico, que constituyen nuestro hábitat natural al respecto. El descrédito y la falta de presencia e influencia del Gobierno de España es más que manifiesto y hemos perdido la posición que habíamos tenido en la UE, el Consejo de Europa y otras organizaciones, amén de la desvinculación que parece estar fraguándose con respecto a la OTAN y el subsiguiente aislamiento que de todo ello deriva. 

La colonización institucional abarca ámbitos inusitados y nunca vistos hasta el presente, desde la Fiscalía General del Estado (que sigue sin adaptarse a los estándares europeos) hasta el Consejo General del Poder Judicial (que sigue también sin adaptarse a los estándares europeos), o buena parte de empresas públicas. Por añadidura, parece ser que han puesto a un nutrido grupo de asesores monclovitas a «pensar» en cómo articular una plurinacionalidad que dé soporte a una confederación de nuevo cuño, incluso bajo forma republicana, con proceso constituyente originario, dejando de lado per saltum una hipotética reforma constitucional, al modo bolivariano/gramsciano.

Y, con toda la que tenemos armada, los actuales procesos judiciales, culminados o en curso, versan casi en exclusiva en la «corrupción» o el nepotismo, fenómenos que parecen lo que preocupa, no sé si a la sociedad per se en general o solo a quienes los utilizan para crear o mantener un relato «progresista» que alargue la agonía de una legislatura que no hace otra cosa que languidecer a la espera de su extinción.

Nos preguntábamos si sería útil una moción de censura y, la verdad, escasa trascendencia le encuentro aparte de marear la perdiz para no centrarnos en lo que de verdad importa, que es dar la voz al soberano, es decir, al pueblo, en unas elecciones generales que son más urgentes que nunca, para poder emprender el camino de una regeneración institucional que aventuro larga y compleja.

Pero como quien tiene la potestad constitucional de decidir al respecto está más preocupado en las cortinas de humo que oculten las corruptelas que en continuar en un marasmo tal que, salvo que lo que vaya apareciendo en las investigaciones de agencias o tribunales extranjeros precipite los acontecimientos, llegaremos al final de una legislatura en la que no habrán ni tan siquiera culminado los procedimientos que ahora llenan las informaciones. A ello van dirigidas todas las manifestaciones de agentes políticos que afirman que «hasta que no se compruebe la financiación ilegal del PSOE» no van a provocar la caída del Gobierno. 

Sabedores de que la prueba que puede originar responsabilidad penal debe obtenerse en el curso de un procedimiento con todas las garantías, largo nos lo están fiando. Lo que en estos momentos se está instruyendo precisará de un proceso que puede durar años. 

Pero lo más duro del asunto es que quizás no sea el daño que se ha causado a las instituciones y al propio modelo constitucional quien provoque el cese de los que lo han provocado, sino que puedan caer por golfos y corruptos, como un famoso gánster americano que nunca respondió por los graves delitos cometidos, sino que únicamente lo hizo por fraude fiscal. Importan más los chascarrillos y pitufeos que regenerar las instituciones, cuando es esto último lo único que nos puede devolver la legitimidad de ejercicio que se está perdiendo a chorros por las alcantarillas.