El espejo del Báltico

Uno de los «modelos» en los que se inspiró el secesionismo catalán, tanto para reclamar la independencia como para imaginar la configuración de la atribución de la nacionalidad catalana a sus incondicionales, fue la denominada «Vía Báltica». Todavía hoy quedan resabios de la misma, que es necesario tener en cuenta para evitar que lo que no se consiguió en aquellos momentos nos llegue por la vía de los hechos, es decir, mediante los acuerdos internacionalistas que algunos todavía promueven.

La «Vía Báltica»… precursora de la «revolució dels somriures», en la que se hizo creer a todas las minorías que estaban establecidas en esos países (básicamente las de nacionalidad rusa, claro, porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la independencia estuvieron integrados en la URSS) que serían felices eternamente en los nuevos Estados nacidos de esa revolución tan participativa, imaginativa y performativa.

Estas repúblicas bálticas —Estonia, Letonia y Lituania— quedaron bajo el control de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial (los soviéticos alegaron, con éxito, en las Conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, el control que habían tenido sobre buena parte de la región del Báltico antes de la Primera Guerra Mundial, en disputa con Suecia, Finlandia, Alemania y Polonia principalmente). Las fronteras habían ido variando a lo largo de los tiempos y aún hoy hay supervivientes de esa época que no se sienten integrados en la nueva situación.

Para consolidar su poder, la URSS forzó la rusificación de la zona, deportando a Siberia grandes grupos humanos. Hay datos de que en una sola noche fueron deportados, en vagones de ganado, 21.000 estonios, 42.000 letones y 32.000 lituanos. Al mismo tiempo, la dirección del partido comunista quedó en manos de rusos que habían ocupado el territorio al ganárselo militarmente a los nazis, con el apoyo o recelo de la resistencia local. No estamos hablando de hace tres siglos, como en los «oprobios» de 1714 o la Guerra dels Segadors, sino prácticamente de anteayer, pues todavía queda una abundante población que vivió tales sucesos y que los guarda en la memoria, como he podido comprobar.

Como nuestras autoridades catalanas tienen puesta, a veces, porque van cambiando según les conviene, su ilusión en un proceso parecido al de la denominada «Vía Báltica», aunque con potenciales toques kosovares o ulsterianos, resulta útil saber qué sucedió en estos países durante y después del proceso que les llevó a la independencia de la URSS. Sobre todo, porque todos ellos son países socialmente complejos, nada homogéneos debido a las fuertes migraciones y/o desplazamientos forzosos, en los que un proceso de asimilación cultural parece haber logrado lo que zares, príncipes, nazis o comunistas no consiguieron: que nos creamos que gozan de la máxima felicidad posible una vez que se han convencido de las «bondades» del nuevo Estado. ¿Les suena de algo? Pues si es así, reflexionemos un poco al respecto.

El desmembramiento de la URSS originó que el territorio que ocupaba un Estado derivara en el territorio de 15, aunque Rusia fue considerada como la «heredera natural» de la antigua Unión Soviética y mantuvo las responsabilidades internacionales de esta. En aquel momento estaba vigente la Constitución de la URSS de 1977, que reconocía el derecho de secesión a sus repúblicas, y se había adoptado además una ley, en 1990, regulando el procedimiento para realizarla, que incluía un referéndum para que la población se pronunciara, además de las decisiones de los consejos/parlamentos de las repúblicas.

Estonia, Letonia y Lituania aprovecharon el momento para proclamar la independencia antes de que se creara la fallida Comunidad de Estados Independientes que Rusia quería liderar, ya que esta cambiaría las coordenadas jurídicas de la secesión. Y lo hicieron siguiendo formalmente el procedimiento constitucionalmente marcado en la URSS, aunque tergiversando el «contenido democrático» de lo que estaban perpetrando sobre una población que se había sumado mayoritariamente, minorías incluidas, al deseo de independencia. El respeto a las formas les permitió conseguir que Naciones Unidas les reconociera como Estado y que, rápidamente, la Unión Europea les permitiera negociar la entrada. Nada que objetar jurídicamente. Todo estaba correcto. Que la población afectada fuera utilizada vilmente durante todo el proceso, sin ser consciente de en qué situación quedarían en los recién independizados territorios, era peccata minuta.

El problema más grave que se planteó en las repúblicas bálticas era el relativo a las leyes de nacionalidad y cómo les afectarían, al ser sociedades plurales, formadas a través de desplazamientos forzosos o migraciones por causas políticas y/o económicas. Ello constituye algo a tener en cuenta si reflexionamos acerca de qué consecuencias tendría, para la ciudadanía residente en Cataluña, la regulación sobre la nacionalidad que fuera hipotéticamente adoptada en una Cataluña independiente siguiendo, como algunos han pretendido, el modelo de los bálticos.

Así las cosas, en pleno apogeo reivindicativo (corría el año 1989), las fuerzas nacionalistas organizaron la denominada «Vía Báltica», una cadena humana que, pasando por las tres capitales, Riga, Vilnius y Tallin, unió a los tres países. Con la ayuda «oficial» de los partidos comunistas, autobuses gratuitos, concentraciones paralelas con velas encendidas en las plazas, tañidos de campanas, funerales simbólicos simulando el fin del nazismo y del comunismo… la campaña consiguió aglutinar a buena parte de la población, con inclusión también de parte de las respectivas minorías, a las que se les prometieron toda clase de ventajas cuando se hubiera alcanzado la independencia. ¿Les suena esto también? Derecho al voto, papeles para todos, mejoras sociales, etc.. Lo vimos en Cataluña, en una «Vía catalana» organizada según el modelo báltico. Los fieles de la secta se conjuraron, manos enlazadas, a lo largo de la costa, mostrando al mundo la inequívoca voluntad de independencia del «pueblo catalán».

En Estonia, tras la «Revolución cantada», fue restablecida, en 1992, la ley de ciudadanía de 1938, basada en el ius sanguinis, que garantizaba la ciudadanía estonia a todos los que ya la habían tenido hasta el 16 de junio de 1940 y a sus descendientes, siempre que tuvieran un alto nivel de conocimiento de la lengua estonia y cinco años mínimo de residencia en el país. Los menores de 15 años pueden obtener la nacionalidad por naturalización si dominan la lengua estonia y pasan un escrutinio de «integración» en la cultura del país. La lengua como eje de construcción nacional. Eso también nos suena.

Letonia aprobó en 1991 la ley reguladora de la nacionalidad y también devolvió la nacionalidad letona a los que la tuvieron antes de 1940 y a sus descendientes. El resto de personas quedaron mayoritariamente como apátridas. El porcentaje de los que pudieron obtener la nacionalidad letona fue del 72,72%. Una cuarta parte, en consecuencia, ha quedado excluida de los derechos de ciudadanía. También en este caso los menores de 15 años pueden obtener la nacionalidad si residen permanentemente en Letonia. También en este país, la naturalización pasa por estrictas condiciones de asimilación a la lengua y cultura letona. Como debe ser, asienten sus correligionarios de por aquí.

Las minorías abarcan en Lituania a una población de, además del 6% de polacos, otro 6% de rusos, un poco más del 1% de bielorrusos y algo más del 2% de otros grupos étnicos. En total, entre el 15 y el 16% de la población no ha querido asimilarse al oficialismo y no ha adoptado la nacionalidad y la lengua lituana tras la independencia del país, que se independizó de la URSS al desmembrarse esta a principios de los años noventa. La ley de nacionalidad, también de 1991, es, sin embargo, la más flexible, puesto que basaba en la residencia efectiva en el país el otorgamiento de la nacionalidad lituana. Aunque todavía quedan minorías en el país que no se han acogido a ella.

Estas minorías ahí se han quedado, diríamos vulgarmente, en el limbo, prácticamente sin derechos y con una situación extravagante en el marco europeo, puesto que, al ser consideradas por Lituania, Estonia o Letonia como apátridas, no gozan de la ciudadanía europea. Además, si no consiguen tener o recuperar la nacionalidad de su Estado de origen (para ello deben seguir las normas establecidas en cada país y no es fácil hacerlo desde el extranjero en la mayor parte de los casos o cuando se ha perdido el vínculo con el lugar de origen), se encuentran ante múltiples inconvenientes, no solo en estos Estados, sino ante el resto de la comunidad internacional.

Como consecuencia, aquellos que habían sido ocupados por los nazis, que resistieron después, aunque sin éxito, a los rusos, cuando consiguieron la anhelada independencia, aplicaron a quienes no compartían sangre con ellos una política nacional basada fundamentalmente en la lengua y en una férrea educación «nacional», que convirtió en apátridas a rusos, polacos y demás minorías, sin que nada más que la pura biología haga disminuir el número de personas que no tienen acceso a ninguna nacionalidad. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha hecho eco en repetidas ocasiones de los problemas jurídicos a los que se enfrentan estas minorías (véanse los informes anuales, que contienen datos sobre todos los Estados miembros de la UE) y, especialmente, la Charterpedia, que es una base de datos sobre los derechos de la Carta de Derechos Fundamentales donde, artículo por artículo, se insertan estudios, comentarios y jurisprudencia de los 27 Estados miembros de la UE. Se trata, pues, el tema de la nacionalidad, de un asunto de sumo interés. También aquí y ahora.

En efecto, si hacemos caso de lo que se manifiesta en los informes del Consell per a la Transició Nacional y los cruzamos con la hoja de ruta que, aunque la autoría sea un tanto confusa, circula por ahí como proveniente de la Asamblea Nacional Catalana, que era el «catecismo» secesionista en los años álgidos del avispero catalán, vemos que quieren crear un cierto paralelismo entre lo que han denominado «el procés» y la «Vía Báltica» y su conformación de la asimilación nacionalista.

Haciendo de la lengua un instrumento de dominación política, ofreciendo todo tipo de ventajas al por ellos considerado «foráneo» si se adscribe a los postulados del secesionismo y amenazando y considerando como traidores a los catalanes que se resisten, algunos activamente y otros sin significarse individualmente, a ser asimilados al «procesismo», el Govern de la Generalitat fomenta una peligrosa estrategia de la confrontación con su propia ciudadanía. Ofreciendo «ventajas» a sus fieles mientras amenaza con depuraciones y represalias a «la disidencia», medios de comunicación incluidos, hoy en día mantiene la esencia de aquello rechazable, pese a ofrecer, de puertas hacia afuera, una carátula de moderación que no concuerda con la realidad.

Cataluña no está «ocupada» por España ni tiene una situación que pueda compararse a la de las repúblicas bálticas durante su adscripción a la URSS. Aunque se parece a ellas, salvando las distancias, en la complejidad social de su población. No hagamos filibusterismo jurídico al respecto. No es de recibo buscar subterfugios para incumplir las sentencias sobre la lengua en la enseñanza o los servicios públicos, como es el sistema sanitario o la administración de justicia. Ni ofrecer, como hacen ahora, «comprar» el incumplimiento de la sentencia sobre símbolos, concretamente, la obligación de izar también, junto a la catalana, la bandera española en el Parlamento de Cataluña.

Dejémonos de «vías», bálticas o catalanas, y desconfiemos del nacionalismo etnicista y lingüístico, porque al intentar construir un país en torno a algo que, en el fondo, tienen que «reinventar», pueden darse el lujo de (re)crear las nuevas condiciones de ciudadanía, donde los no «asimilables» pueden quedar excluidos de derechos básicos y ser objeto de fuertes discriminaciones laborales, educativas, económicas y políticas. Basta con ver lo que sucede en sectores como la hostelería o el comercio, sujetos a todo tipo de discriminaciones, cuando no de amenazas directas si no se entra en la aceptación de la simbología y los usos lingüísticos secesionistas.

No se construye nada válido si no es por el convencimiento, por la racionalidad. Apelar al sentimiento y, si no se logran los objetivos, pasar a la imposición, la manipulación, las denuncias y las multas no es propio de lo que tienen que ser la democracia y el Estado de derecho en un Estado miembro de la Unión Europea.