La libreta azul de Leire Díez, la caja de Pandora del PSOE: «Ayuso ha montado un CNI»
La UCO descubrió este cuaderno con anotaciones a lo largo de 53 páginas en el vehículo de la 'fontanera' socialista
Leire Diez junto a la libreta azul incautada por la UCO. | Ilustración de Alejandra Svriz
Noviembre de 2021. Justo unos días después del serial exclusivo de THE OBJECTIVE a través del que los españoles se enteraron de las causas de la destitución de José Luis Ábalos y los primeros esbozos de su «vida disoluta», hubo una reunión de varios exdirigentes del PSOE con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Eran los albores de lo que luego derivó en la llamada cloaca del PSOE que ahora investiga Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
En esa cita, acompañando a Díez y Dolset, estuvieron Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba; Gaspar Zarrías, el histórico dirigente del PSOE andaluz que la semana pasada quedó imputado por parte de Pedraz; Juan Manuel González Mejías, sobrino de Felipe González y que había estado investigado en el caso Invercaria, una macrocausa judicial por presunta corrupción, prevaricación y malversación de fondos públicos en Andalucía. También «estaba previsto que estuviera Antonio Hernando», que había vuelto al núcleo de poder en torno a Sánchez unas semanas antes al asumir el puesto de director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.
Leire Díez no explica el porqué de dicha ausencia, pero sí otras fuentes de preocupación para los socialistas. A lo largo de 53 páginas, la llamada fontanera del PSOE recopila a lo largo de más de tres años anotaciones de las principales causas judiciales que asedian al partido y de los asuntos más delicados para Pedro Sánchez o Ferraz. La Unidad Central Operativa (UCO) descubrió esta libreta azul en su vehículo. Una caja de Pandora para los socialistas ante los relevantes datos que fue apuntando hasta bien entrado 2025.
Uno de sus interlocutores es el abogado Jacobo Teijelo, que le advirtió del «modus operandi de investigaciones ocultas». Hay anotaciones inconexas, pero otras tienen un hilo conductor. Por ejemplo, para el archivo judicial del Delcygate, subraya que la investigación se inició «sin orden judicial» y que un guardia de seguridad podía ser imputado por revelación de secretos «por avisar a la organización de que iba a haber [una] investigación». Se está refiriendo al caso del vigilante de seguridad de la empresa Ilunion, sancionado tras testificar ante notario sobre el encuentro del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas.
Otro asunto relevante para Leire Díez es la situación procesal del exdirigente venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien estuvo en paradero desconocido en España hasta que la agencia estadounidense antidroga —DEA— le facilitó a la Policía española la ubicación de su escondrijo en Madrid. «Lo descubre la DEA y pide a la Policía Nacional que lo saquen. Le acusan de hablar con DEA [sic]. Pollo Carvajal revelar tipo de PSOE y Podemos», anota la fontanera del PSOE. Precisamente, el Pollo señaló al viceministro de Cooperación Económica de Nicolás Maduro y posterior embajador de Venezuela en Noruega, Ramón Gordils, en la Audiencia Nacional por financiar a Podemos.
Antes de ser extraditado a Estados Unidos, el antiguo jefe de la inteligencia venezolana entregó al juez Manuel García-Castellón documentación que detallaba cómo participó en el envío de dinero a través de valija diplomática. Aunque los pagos nunca fueron acreditados, la Fiscalía estimó creíble la versión del exmilitar chavista. La propia Leire Díez subraya el momento en el que el Pollo se derrumbó ante la DEA. «Ha cantado en EEUU. Comisiones Repsol [y] Telefónica», señala en su libreta de color azul. También hay un apartado para el exministro Nervis Villalobos y su obsesión por obtener el pasaporte español. «Revisión con ZP. Nacionalidad», hace hincapié.
La UCO y los agentes que llevan las principales investigaciones judiciales son otra fuente de preocupación para Díez. Sobre todo, el capitán Juan Vicente Bonilla, del que el año pasado se fabricó el bulo de la bomba lapa contra el presidente del Gobierno. La fontanera del PSOE apuntó que este mando de la UCO había trabajado «12 años en [el] CNI» antes de fichar por la Consejería madrileña de Sanidad. Concretamente, como gerente de Seguridad Corporativa dentro del Servicio Madrileño de Salud.
A juicio de la entonces responsable socialista, del despacho de Bonilla salían las querellas judiciales por los contratos de mascarillas durante la pandemia cuando, en su opinión, «las [habían] comprado por debajo de precio». Ante el avance del frente judicial, con las admisiones a trámite de varias de estas denuncias, Díez no tuvo duda de quién estaba detrás de esta estrategia: «Ayuso [había] montado un CNI. Investigación suya, dixit [Alfonso] Serrano», dijo, refiriéndose a la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien había iniciado la principal causa que acaba de ser juzgada en el Tribunal Supremo apoyándose básicamente en titulares de noticias que habían aparecido en los últimos meses, entre ellas algunas de THE OBJECTIVE. Pero la fontanera tenía una solución para todo ello: «Fiscalía, si pide archivo por la nulidad, se caen las causas».
La «larga mano» del CNI
Esta alusión al CNI no es la única que aparece entre las 53 páginas de la libreta. También hay un apunte sobre la denominada «operación Enredadera», una gran redada anticorrupción iniciada en julio de 2018 —coincidiendo con la llegada de Sánchez al poder— en la que se investigó el amaño en Cataluña de contratos municipales, principalmente de tráfico y semáforos, a cambio de comisiones ilegales. Para Leire Díez, esta operación judicial se hizo «contra el independentismo» y tenía un origen: «Policías municipales, larga mano del CNI».
Curiosamente, una de las páginas del cuaderno hace una radiografía de la empresa vasca Tubos Reunidos, cuya sede en Álava fue registrada este jueves por orden de Pedraz en el marco de una pieza secreta. El contenido de la anotación versa sobre la difícil viabilidad económica, pese a que el Gobierno de Sánchez la rescatara en julio de 2021 con 112,8 millones de euros. «Tubos Reunidos, 95% empleo fijo, contingencia Trump [por los aranceles], 130 años de compañía, cíclica, dependencia del mercado americano, reducción de deuda, fondos buitres ocupando posiciones de bancos: Abanca y Sabadell. Único tubo 0% emisiones. Empresa viable, cíclica que siempre eleva», subraya en un aparente argumentario positivo sobre el futuro de la compañía, que acaba de solicitar concurso de acreedores el pasado 25 de mayo.
La emisaria de Santos Cerdán también carga contra la petrolera Repsol en su cuaderno de notas. De la compañía dirigida por Antonio Brufau señala que «es el mayor defraudador de impuestos de España» en plenas investigaciones de casos relacionados con hidrocarburos. E introduce una derivada internacional en la que estaría involucrada la portuguesa Galp. «Vicepresidente Portugal. Manuel Nabeiro era el dueño de Café Delta. Era socialista. Como Portugal no disponía de las reservas obligatorias, recurrió a las colonias. Angola se ofreció a quedarse con GALP. La presidenta de GALP es la hija del presidente de Angola, Isabel dos Santos. GALP defraudaba impuestos. Le ofreció a Joaquín crear una red de gasolineras para blanquear fondos. Ahora GALP y Repsol colaboran».
En el sumario del caso Leire Díez aparece un empresario encausado en una trama de fraude en hidrocarburos, Antonio Rodríguez Estepa, quien declaró a la Guardia Civil que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, le propuso beneficios procesales si aportaba información comprometedora sobre Repsol, la UCO, su teniente coronel Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.