El capitán Bonilla demanda al ministro Óscar López por difundir el bulo de la bomba lapa

Su nombre es Juan Vicente Bonilla y fue el capitán de la Guardia Civil al que el Gobierno acusó de «fantasear» con perpetrar un magnicidio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El exagente de la UCO, destinado durante 17 años en el departamento de fuentes de la unidad de élite del Instituto Armado, ha decidido actuar judicialmente para reparar su honor presentando una demanda contra el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

López propagó el bulo de la bomba lapa destapado por THE OBJECTIVE y acusó a un miembro de la Benemérita de pretender poner una «bomba lapa en los bajos del coche» de Sánchez o mandarle un «sicario venezolano» para acabar con «los dos años de sanchismo que quedan». El capitán Bonilla solicita ahora 350.000 euros al ministro por vulnerar su honor con la difusión de una información manipulada, después de que este periódico demostrara que se habían suprimido deliberadamente tres mensajes que cambiaban radicalmente el sentido original de la conversación, tal y como consta en el escrito presentado ante el Juzgado de Instancia número 74 de Madrid, al que ha tenido acceso este diario.

Los hechos se remontan a principios de 2025, cuando THE OBJECTIVE comenzó a publicar informaciones sobre las maniobras del PSOE para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ofreciendo acuerdos a empresarios relacionados con las tramas de corrupción vinculadas al PSOE a cambio de un pacto con la Fiscalía. El objetivo de la operación era el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, el primer agente de la UCO que recibió información del caso Koldo en abril de 2021 por parte de uno de sus confidentes. Pocos meses después tuvo lugar la reunión del empresario Alejandro Hamlyn y Leire Díez, en la que la fontanera del PSOE solicitó información para incriminar al capitán Bonilla y al teniente coronel Antonio Balas, quien dirigía las diferentes investigaciones de corrupción del Gobierno y el PSOE en calidad de jefe de la unidad económica de la UCO, a cambio de beneficios procesales. «Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla… Hablamos de tres o cuatro personas máximo», le confió la fontanera del PSOE al empresario a cambio de un «acuerdo muy favorable con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía del Estado».

Este es el contexto de una operación que estalló en el mes de mayo, con la publicación por parte del diario El Plural de una cascada de informaciones sobre la mal llamada «UCO patriótica», revelando el chat de mensajes privados de WhatsApp de un guardia civil y su confidente, que tenían categoría de información declarada secreta. Doce noticias en once días, del 18 al 29 de mayo, que culminaron con la publicación de la noticia el 30 de mayo del 2025 con el título El agente de la ‘UCO patriótica’ fichado por Ayuso, partidario de utilizar la violencia: «Alto, plomo… y bomba lapa». La información hacía referencia a «conversaciones violentas» y un «vehemente apoyo de la violencia» por parte del capitán del Instituto Armado, entonces adscrito al departamento de fuentes de la UCO, a quien atribuía una voluntad deliberada de utilizar una «bomba lapa» o a un «sicario venezolano» como «opción» a «los dos años de sanchismo que quedan». Unas afirmaciones sobre las que fundamentan la existencia de una llamada «UCO patriótica» que «estaría trabajando para hacer caer al Ejecutivo en consonancia con la derecha judicial y mediática».

El altavoz de Óscar López

El mismo día en que se publicó la información de El Plural, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid publicó un mensaje a través de su cuenta de X enlazando una de las noticias sobre el bulo de la bomba lapa, apelando al actual cargo de Juan Bonilla como gerente de seguridad del servicio madrileño de salud: «’Una bomba lapa en los bajos o un sicario venezolano’. Así fantaseaba el último gran fichaje del gobierno de Ayuso con atentar contra el presidente del Gobierno @sanchezcastejon. Escuchen». Al día siguiente, THE OBJECTIVE destapaba el bulo de la bomba lapa con los escritos originales de las conversaciones entre Bonilla y su confidente, demostrando la manipulación de sus wasaps, de los que se suprimieron tres frases concretas. De la supuesta lectura de los 6.318 mensajes de sus conversaciones desde 2016, los medios afines a Moncloa, entre ellos El Plural, difundieron la conversación suprimiendo tres mensajes clave que demostraban el sentido contrario de la referencia a la «bomba lapa». Tras la apelación a «aprovechar los 2 años de sanchismo que quedan», se eliminaron tres líneas de Caramés que hacen referencia implícita a su tarea investigadora en la UCO: «De esta te dan la Laureada De San Fernando [sic]. Y eso que está en desuso», dice en referencia a la prestigiosa condecoración concedida por la Benemérita por méritos en el servicio. Esta parte fue suprimida de la información de El Plural, de la que luego se hicieron eco todos los medios afines a Moncloa.

Pese a esta revelación, pocas horas después la cuenta de X del PSOE de Madrid afirmó: «Tras las pruebas reveladas, es insostenible que Juan Vicente Bonilla, ex capitán de la UCO y actual responsable de Seguridad del SERMAS, siga en su puesto. Mantenerlo es una burla a la democracia. Ayuso debe cesarle ya». Mientras el resto de medios de comunicación recogían las imágenes exclusivas aportadas por este periódico y algunos rectificaban públicamente sobre sus primeras informaciones, Óscar López participó en un acto del PSOE de Madrid en el que ignoró las evidencias e insistió en amplificar el bulo de la bomba lapa: «No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?». Apenas unas horas después, repitió el mensaje en sus redes sociales: «Le exijo a Ayuso que cese inmediatamente al cargo público que fantasea con la muerte del presidente del Gobierno. A todos los que aman la democracia: pie en pared». 

La persistencia en la propagación del bulo se mantuvo durante varios días. El 1 de junio, el líder de los socialistas madrileños fue preguntado por las informaciones que ya recogían la manipulación realizada. En lugar de rectificar, aseguró: «Lo que dicen esos mensajes es de cese inmediato y voy a seguir exigiendo el cese de esta persona por parte de la señora Ayuso. Pero lo que hacen en esos mensajes y en esos grupos es de cárcel. Insisto, lo que dicen es de cese, pero lo que están haciendo en ese infamando cloqueo es de cárcel. Ocurrió con Kitchen y volverá a ocurrir». Un mes después, el 7 de julio, entrevistado en Onda Cero, López respondió a la pregunta directa sobre si pensaba rectificar: «No, no, yo no rectifico. Yo no he dicho nada de la bomba lapa. Yo he dicho que en ese mensaje, en ese grupo de mensajes, hay expresiones intolerables. Y usted quiere que rectifique, ¿sobre qué fantaseaba con eliminar al presidente del Gobierno?». 

350.000 euros por vulneración del honor

Es precisamente la negativa reiterada a rectificar, con menoscabo grave al honor de este agente de la Benemérita, lo que motiva la presentación de esta demanda, a diferencia de otros miembros del Ejecutivo que, pese a no haber rectificado, no volvieron a insistir en las falsedades publicadas y propagadas desde el Palacio de la Moncloa y sus satélites mediáticos. La demanda hace hincapié en la importancia de que «sus palabras llegan a la ciudadanía investidas de una autoridad pública objetiva, con una capacidad reforzada de difusión y con un potencial lesivo igualmente intensificado respecto de los derechos fundamentales de terceros». El escrito recoge además el «gravísimo perjuicio personal, profesional y emocional» sobre el exagente de la UCO, acusado de «fantasear con asesinar al presidente» por varios ministros del Gobierno, entre quienes no solo se encontraba Óscar López, sino también la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Un abuso de «la posición institucional» que presentó a Bonilla como «autor de una conducta gravísima merecedora del máximo reproche social e instándolo a que fuera apartado de su trabajo». Un señalamiento agravado por ser el capitán Bonilla un «servidor público y exintegrante de la UCO» cuyo honor quedó seriamente dañado y amplificado desde el altavoz de la institución del Gobierno de España.

Uno de los datos más relevantes de la demanda presentada por el capitán de la Guardia Civil, aparte del «daño severo en su reputación, dignidad y honor», es el contexto en el que se enmarca: «una campaña de descrédito personal y profesional […] dentro de una campaña política y mediática más amplia dirigida a desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a sembrar dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones desarrolladas por dicho cuerpo en relación con el presidente del Gobierno y con personas vinculadas al Partido Socialista». El objetivo, por tanto, era «reforzar desde su posición institucional una narrativa política de sospecha y deslegitimación» y, a su vez, «proyectar una sombra de parcialidad sobre el cuerpo al que perteneció». Construir, en definitiva, el relato de una supuesta «UCO patriótica» que «cuestionaba la legitimidad de las investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno y del Partido Socialista».

Lo mismo que intentaba hacer Leire Díez en su reunión con Alejandro Hamlyn; o el propio José Luis Ábalos en su alegato ante el Tribunal Supremo, cuestionando las conversaciones del capitán Bonilla y su confidente. Tras un año y medio de falsedades, el capitán Bonilla ha decidido emprender acciones legales por el «daño reputacional directo, que ha tenido consecuencias reales, al amplificar una campaña de descrédito contra él» y solicita 350.000 euros a Óscar López por la «extraordinaria gravedad de las imputaciones realizadas al atribuirse al demandante conductas de significación criminal máxima (fantasear con asesinar al presidente), contemplar un atentado con ‘bomba lapa’ y realizar hechos ‘de cárcel’».