The Objective
Tribunales

Alvise pide al juez Pedraz personarse en el 'caso Leire Díez' como acusación particular

El líder de SALF alega que ha sufrido «persecución» por parte de los investigados y se considera «víctima» del PSOE

Alvise pide al juez Pedraz personarse en el ‘caso Leire Díez’ como acusación particular

Luis Alvise Pérez. | A. Pérez Meca (EP)

El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz personarse en el llamado caso Leire Díez como acusación particular, al considerarse «víctima» de una «persecución» de los miembros de la presunta trama en la que están implicados el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la citada fontanera socialista.

De ser aceptado como acusación particular, Alvise tendría acceso al sumario de la trama y podría diseñar su propia estrategia judicial sin tener que compartir el trabajo con las eventuales acusaciones populares que se puedan personar en el caso. Además, no tendría que depositar una fianza económica como sí se obliga a estas últimas. Por el momento, Pedraz se ha limitado a levantar parcialmente el secreto de sumario.

El eurodiputado expone en su escrito enviado al juez Pedraz, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que los hechos vinculados a esta causa desde el pasado 10 de junio «evidencian la condición de víctima de don Luis Pérez Fernández». En su opinión, «de ellos se desprende que habría sido objeto de una persecución, semejante a la padecida por otras personas, urdida por algunos de los investigados con el propósito de atentar contra su honor y sus libertades civiles en represalia por su labor de analista de información, por su actividad política y por su denuncia de la corrupción».

Alvise se arroga «un rol significativamente activo en la lucha contra la corrupción y contra el socavamiento del Estado de derecho a través de muy distintas actuaciones» en los últimos años. Y pone de ejemplo la publicación de una noticia en sus redes sociales «con la ubicación exacta del expresidente de Cataluña, Sr. Puigdemont», para que las autoridades pudieran arrestarle el día que se presentó en Barcelona, coincidiendo con la investidura de Salvador Illa.

Inicio del escrito de Alvise remitido al juez Pedraz para personarse en el ‘caso Leire Díez’.

El líder de SALF argumenta, asimismo, que ha sufrido «seguimientos irregulares a [su] familia y círculo […] por parte de agentes supuestamente adscritos a departamentos de información/inteligencia» que no identifica. «Las labores de investigación del Sr. Pérez han podido constatar, y documentar, cómo desde el momento en que las ‘cloacas’ empezaron a trabajar en distintas campañas de difamación contra él, miembros de su familia han sufrido seguimientos/vigilancia», señala al respecto junto a varias fotografías «de alguno de esos seguimientos a familiares del Sr. Pérez con los rostros debidamente censurados de los agentes».

Unos hechos que el político antisistema ha denunciado en los últimos días en sus redes sociales y que le llevaron a registrar una pregunta escrita a la Comisión Europea para que la institución europea se posicione sobre «esta situación de persecución/vigilancia irregular […] por entender estos hechos incompatibles con un Estado de derecho».

Alvise señala a Leire Díez, así como a un periodista de Diario Red, de estar detrás de esta campaña en su contra. «La monitorización documentada en la agenda atribuida a la Sra. Díez Castro, la instrumentalización del Sr. Román Cuesta como vehículo de una campaña de difamación sistemática, coordinada con otros investigados, y los seguimientos desplegados sobre los aledaños a su domicilio y entorno familiar no son episodios inconexos, sino manifestaciones concretas de un mismo designio persecutorio cuyo afán es menoscabar las libertades civiles y políticas del Sr. Pérez», argumenta el líder de SALF.

Por ello, pide a Pedraz que le otorgue «la condición de víctima directa» por haber sufrido «un daño o perjuicio sobre su propia persona directamente causado por la comisión de un delito». En este sentido, insiste en que ha sido «objeto de seguimientos y/o investigaciones ilegales a manos de las denominadas ‘cloacas’», por lo que tiene derecho, en su opinión, «a conocer la razón y la autoría de la investigación de que ha sido objeto, así como el alcance y los límites hasta los que tales seguimientos e indagaciones ilícitas se han extendido».

Alvise ya intentó personarse en el Supremo

Alvise ya intentó sin éxito personarse en noviembre del año pasado en el Tribunal Supremo en la causa de las mascarillas que se investigó contra José Luis Ábalos y Koldo García tras el ingreso de ambos en prisión, y cuyo juicio terminó a principios de mayo. Para ello, argumentó en un escrito dirigido al juez instructor Leopoldo López, al que también tuvo acceso THE OBJECTIVE, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había confirmado una información periodística en la que se indicó que la trama utilizó 30.000 euros en mordidas en la ofensiva judicial de los últimos años contra el eurodiputado.

El líder de SALF se hizo eco entonces de una noticia de El Español del 4 de marzo del año pasado en la que se indicó que los pagos y transferencias a Ábalos de Koldo y su familia superaron los 45.000 euros y que entre los movimientos destacaban varias inyecciones directas en la cuenta del exministro por parte de quien fuera su mano derecha y de su entorno. En concreto, Koldo y su entonces mujer, Patricia Úriz, realizaron una provisión de fondos superior a 7.000 euros para los litigios que Ábalos mantenía contra tres comunicadores: Alvise, Cristina Seguí y Roberto Carbajal, así como contra El Cierre Digital, el medio de comunicación de Juan Luis Galiacho

«Precisamente, de ese sumario se informa que la presunta trama corrupta habría destinado dinero —presumiblemente de origen ilícito— a financiar litigios contra mi representado. Así las cosas, si resulta que el Sr. Ábalos percibió o utilizó fondos de procedencia ilícita para, entre otros fines, financiar e interponer demandas contra el señor Pérez, estaríamos ante un perjuicio directo causado a mi representado que lo situaría en la posición de víctima o perjudicado por la trama corrupta objeto de investigación», indicaron los abogados del líder de SALF en el escrito. Sin embargo, la solicitud fue denegada por el citado magistrado del Supremo.


Publicidad